La iniciativa anunciada por el Estado nacional ya se aplica en la Provincia desde 2018. Empresarios y asociaciones del sector explicaron por qué están en contra.
El martes comenzó con el anuncio del Gobierno de Javier Milei sobre la desregulación del sistema de transporte en todo el país. La medida permite que cualquier interesado pueda prestar el servicio. En Mendoza, ya rige esta contraprestación desde el 2018, pero empresarios y asociaciones locales manifestaron su preocupación por la decisión tomada por el Ejecutivo nacional, asegurando que perjudicará al usuario.
El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorrial, Natalio Mema detalló a El Sol que el anuncio realizado por el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, no tiene injerencia en Mendoza debido a que el servicio se viene aplicando desde el 2018 en la Provincia.
“En la Provincia el servicio contratado de pasajeros ya es así desde el 2022. Las plataformas de transportes tienen su ley 9086 que fue sancionada en 2018. En Mendoza el que cumple con los requisitos se puede inscribir y puede prestar el servicio“, aseguró Mema.
A su vez, añadió que la diferencia es que el Estado no cuenta con un servicio regular del Transporte a nivel interjurisdiccional entre provincias o en el AMBA. El anuncio de Sturzenegger remarca que, a partir de este miércoles, se regula la prestación de oferta libre contemplada en los decretos 883/2024 y 830/2024 y unifica los trámites bajo el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros (RNTAP).
Este esquema permitirá a las empresas registrarse de forma online, gratuita y digital, mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Entre los documentos requeridos se incluyen la declaración jurada del parque móvil y la nómina de conductores, pólizas de seguro y títulos de propiedad o contratos de arrendamiento de los vehículos.
Taxistas aseguran que bajará la calidad
En la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (APROTAM) se mostraron “sorprendidos” por la Resolución 57 emitida por la Secretaría de Transporte de la Nación, ya que aseguran que la desregulación del sector va a “destruir” el servicio que prestan las empresas.
“Estamos sorprendidos por lo destructivo que resulta para el sistema de transporte de pasajeros. No se menciona quiénes serán los responsables en caso de accidentes o si ocurre algo debido a la falta de control. Con esta desregulación que promueve el Gobierno nacional, no queremos ser cómplices de futuras catástrofes”, afirmó Cristián Martínez, presidente de APROTAM.
Martínez comentó que, debido a las “flexibilidades” otorgadas por el Gobierno, el servicio de transporte bajará su calidad y los únicos perjudicados serán los usuarios. Además, analizó que el sector privado es el que debe ofrecer una mejor contraprestación, siempre y cuando el Estado sea el encargado del control.
“Cuando decimos que el Estado debe estar presente, nos referimos tanto a la seguridad de los pasajeros como a la del conductor. Por eso insistimos en la necesidad de un control, porque en otros mercados tal vez no sea necesario, pero en este sector sí lo es. Es sorprendente cómo se está desprotegiendo al usuario”, expuso el titular de APROTAM.
Entre las exigencias que impone el Gobierno provincial a las empresas de transporte de pasajeros se encuentran controles técnicos trimestrales de los vehículos, presentación de documentos para poder circular, entre ellos, desinfecciones mensuales, tener la ART al día para los choferes y contar con un seguro que cubra un monto superior a la responsabilidad civil.
Para Martínez, estas exigencias impuestas por el Estado provincial buscan brindar una mayor seguridad al pasajero. Sin embargo, remarcó que si esto se desregula y se deja de tener en cuenta como el “vencimiento de las unidades o la antigüedad de los vehículos“, limitándose sólo a tener la RTO vigente, el principal perjudicado será el usuario, que viajará en vehículos viejos, inseguros y sin saber quién los maneja.
Las dudas de una medida “arriesgada”
En la Unión Industrial de Mendoza (UIM) no ocultaron su descontento y advirtieron que casi el 70% de los empleados que forman parte del sistema de transporte de pasajeros se encuentran en un estado “cuasi informal” y que esa falencia no se soluciona desregulando el sistema, sino con la baja de impuestos al sector.
El titular de la UIM, Mauricio Badaloni, consideró la medida como “arriesgada” porque no contempla las sanciones que deben recibir los prestadores del servicio en caso de incumplimiento. También remarcó la desigualdad existente en el rubro y destacó que el Estado debe ser el órgano controlador.
“Surgen muchas dudas sobre si esta desregulación garantiza la cobertura en casos de accidentes o de cancelaciones de pasajes. También sobre si habrá control del pago del 931, las capacitaciones o en casos de estafas. Las empresas no siempre tienen todo en regla o no cumplen con lo que dice la ley. El control del Estado tiene que estar porque eso nos garantiza la igualdad ante la norma”, precisó Badaloni.
El reconocido empresario reveló que en esta categoría existen “muchos” intermediarios que ofrecen paquetes turísticos o tours de viajes, y que terminan aprovechándose de las desigualdades en el sector. A pesar de este flagelo, consideró que la desregulación “no viene a terminar con ese problema”.
“Alguien tiene que controlar las bases de la estructura del sistema de transporte. Si no lo hace la Nación, lo deberán hacer las Provincias. La gente cree que si se desregula, los precios van a bajar, pero no es así. En este caso, lo que se termina perjudicando es el propio servicio. Hay una diferencia importante en la forma de competir”, cerró Badaloni.