El productor yerbatero de Oberá, Ygor Sobol, expone la grave situación que enfrentan los pequeños productores en Argentina. Denuncia la falta de apoyo gubernamental y acusa a las industrias de manipular los precios, dejando a los trabajadores sin una remuneración justa.
La yerba mate, símbolo indiscutible de la cultura argentina, enfrenta una crisis sin precedentes. Ygor Sobol, productor yerbatero de Oberá, revela una realidad alarmante para los pequeños productores, que lidian con una economía desregulada y la falta de apoyo gubernamental. Sobol, en conversación con Ramiro Gondar en el programa “Buenos Días Splendid” de Radio Splendid 990, conduciodo por Adrián Salonia, denuncia lo que considera una forma moderna de esclavitud, donde los productores son atrapados en un ciclo de bajos precios y explotación.
El detonante de esta crisis fue la desregulación del sector yerbatero, que permitió un aumento del 35% en los precios al consumidor. Sin embargo, Sobol aclara que este incremento no beneficia a los productores. “No sabemos a qué se debe ese aumento por parte de las industrias, porque no llega al productor. Estamos recibiendo apenas un pago para levantar la cosecha, que son 100 pesos, mientras que el precio de la yerba en góndola ha subido significativamente”, explica Sobol. Esta desconexión entre el precio de venta y la remuneración al productor revela una estructura económica que favorece a las grandes empresas, dejando a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad extrema.
El problema se agrava con la falta de una autoridad reguladora efectiva. El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), encargado de velar por los intereses de los productores, se encuentra acéfalo. Sobol destaca la importancia de esta institución para garantizar un precio justo para la hoja verde, que es la materia prima esencial para la producción de yerba mate. Sin embargo, la inactividad del INYM y la falta de un presidente en funciones han dejado a los productores sin protección. “Necesitamos un mínimo de regulación para el precio de la hoja verde. Si después el gobierno quiere manejarlo con libre mercado, que lo haga, pero primero asegurémonos de que los productores reciban un pago justo”, insiste Sobol.
La situación de los productores yerbateros es especialmente crítica en un contexto donde las condiciones climáticas y sanitarias ya han afectado severamente las cosechas. Sobol menciona problemas como la plaga del rulo y la sequía, que han reducido la producción. Aunque las recientes lluvias han mejorado temporalmente la situación, los problemas estructurales persisten. “Estamos en una situación donde, a pesar de tener una buena cosecha, no podemos cubrir nuestros costos debido a los precios bajos que nos pagan”, señala Sobol.
La desprotección de los productores no solo tiene consecuencias económicas, sino también sociales. Sobol describe un panorama en el que los productores luchan para enviar a sus hijos a la escuela y cubrir necesidades básicas. “Estamos en un punto donde ya no tenemos alternativas. Si dependemos únicamente de la venta de la hoja verde y no recibimos un pago justo, estamos condenados a la pobreza”, lamenta. La comparación con la esclavitud no es exagerada; los productores están atrapados en una situación de explotación donde las grandes industrias y el gobierno parecen indiferentes a sus necesidades.
La importación de yerba mate de otros países como Brasil y Paraguay ha exacerbado el problema. Según Sobol, estas importaciones, permitidas por la desregulación, han creado una competencia desleal para los productores locales. “Las hierbas importadas están a precios más elevados que las nacionales, pero eso no significa que los productores recibamos un mejor pago. Es una trampa que solo beneficia a las grandes empresas”, explica. Esta dinámica no solo afecta a los productores, sino también a los consumidores, que se ven obligados a pagar precios más altos sin que esto se traduzca en una mejora para los trabajadores del sector.
En este escenario desolador, el único apoyo que los productores han recibido ha venido de algunos diputados provinciales, pero no del gobierno nacional. Sobol hace un llamado urgente al presidente Javier Milei para que intervenga en la situación. “El gobierno debe entender que nuestra producción no es una economía común; necesitamos una regulación mínima para asegurar que los productores reciban un pago justo”, afirma. Sin embargo, las esperanzas de que el gobierno actúe de manera decisiva son bajas, dados los antecedentes de desregulación y laissez-faire que han caracterizado su política económica.
El futuro del sector yerbatero argentino está en juego. Sin una intervención gubernamental efectiva y una regulación justa, los productores yerbateros se enfrentan a un futuro incierto. La explotación y la falta de protección no solo amenazan la supervivencia de estos trabajadores, sino también la continuidad de una tradición cultural esencial para el país. La situación es un claro ejemplo de cómo las políticas de desregulación y laissez-faire pueden tener consecuencias devastadoras para los sectores más vulnerables de la sociedad.
La pregunta que queda es si el gobierno de Javier Milei está dispuesto a escuchar y actuar en favor de los productores yerbateros. Si no se toman medidas, la crisis en el sector podría llevar a una situación aún más grave, con miles de productores enfrentando la ruina económica y social. La lucha por un precio justo y una regulación adecuada es, en última instancia, una lucha por la dignidad y los derechos humanos de aquellos que sostienen una de las industrias más emblemáticas de Argentina.