La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, aseguró que no se puede realizar el llamado hasta que no se haya realizado el inventario de las dos afectadas por los aludes.
La concesión de Los Nihuiles podría demorarse producto de los daños en dos de las centrales eléctricas generados por un alud de importantes características que afectó la zona del rio Atuel el pasado 11 de enero.
Según los plazos establecidos, en junio se vencen las concesiones que actualmente son operados por la compañía Pampa Energía, pero es prácticamente imposible que se pueda realizar un nuevo llamado, al menos hasta que se pueda realizar el inventario actual y conocer el estado real de la central.
“Hubo un acontecimiento en enero que cambió los cronogramas y los plazos. Porque previo a cerrar cualquier concesión vigente y relicitar, hay que tener un inventario y un estado de situación real de las maquinarias y de las instalaciones. Para hacer eso, la empresa que tiene la concesión hoy está cumpliendo con un cronograma de remediación después del aluvión”, afirmó la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre.
De esta manera, la titular de la cartera aseguró que no se podrá avanzar hasta conocer el estado actual de las centrales.
“Una vez que podamos contar con toda esa información necesaria, como requisito indispensable para poder salir a licitar, no tan solo las reparaciones, sino sobre todo el revamping de las cuatro centrales y de las cuatro represas para los próximos 30 o 35 años, recién ahí vamos a estar en condiciones de confluir a esa licitación conjunta”, explicó Latorre.
Las concesiones
En marzo pasado, el Gobierno nacional y la provincia acordaron lanzar un proceso de licitación nacional e internacional para otorgar en concesión los complejos hidroeléctricos Diamante y Nihuiles, ubicados en el departamento de San Rafael.
La iniciativa marca un cambio de rumbo en el tratamiento de estos activos estratégicos, cuya concesión, actualmente en manos de Pampa Energía, ya se encuentra vencida.
El anuncio fue realizado tras el tradicional desayuno de la Coviar en Mendoza, y representa un entendimiento clave entre la Casa Rosada y el gobierno de Alfredo Cornejo.
A diferencia de procesos anteriores, esta vez se acordó una licitación conjunta en la que ambas jurisdicciones participarán activamente. La administración del proceso quedará en manos de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), el mismo organismo que impulsó recientemente la privatización de IMPSA.
El acuerdo establece que los complejos hidroeléctricos serán licitados como una única unidad de negocio. Al menos el 51% del paquete accionario de la futura sociedad concesionaria deberá quedar en manos del sector privado, lo que garantizará —según Cornejo— inversiones, eficiencia operativa y sustentabilidad.
El mandatario provincial subrayó que se trata de una decisión estratégica para asegurar la continuidad y modernización de la generación hidroeléctrica en el sur mendocino.
El complejo Diamante, gestionado por HIDISA, incluye tres represas y tres plantas generadoras: Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre. Por su parte, el complejo Nihuiles, compuesto por Nihuil I, II y III, presenta dificultades operativas, especialmente luego del alud que afectó sus turbinas. Esta situación apura la necesidad de una solución estructural que garantice su funcionamiento.
El incidente y la emergencia aluvional
El aluvión, ocurrido el pasado 11 de enero, provocó el desborde del río Atuel, generando importantes destrozos en infraestructura vial, hidráulica y energética.
El informe técnico elaborado indica que la tormenta desató una crecida que transitó por el Cañón del Atuel con un caudal de hasta 1.463 metros cúbicos por segundo, superando ampliamente la capacidad de diseño del sistema. El volumen fue contenido en su totalidad por el embalse de la Presa Valle Grande, evitando consecuencias aún mayores.
A pesar de esto, provocó la rotura del caño conductor del Atuel, la destrucción de un tramo de 6,6 kilómetros del camino entre El Nihuil y Valle Grande, la caída de un puente, múltiples daños en la calzada y afectaciones severas en centrales hidroeléctricas de la zona.
Por este motivo, el gobierno decidió este jueves declarar en la zona la emergencia aluvional y energética por un plazo de 14 meses, con el objetivo de poder utilizar recursos y herramientas del Estado para acelerar la reparación de las centrales.