La responsabilidad de otorgar estas licencias se transferirá a las provincias, lo que permitirá adaptar los procesos a cada realidad local y potenciar su eficiencia
El Gobierno apunta a que la eliminación de la LINTI represente un alivio para los conductores y empresas del sector del transporte de cargas (Foto: Shutterstock)
El Gobierno Nacional anunció la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI). La noticia fue confirmada por el vocero presidencial durante una conferencia de prensa. Según explicó, a partir de ahora las jurisdicciones serán las responsables de otorgar las licencias profesionales de las categorías C, D y E. Esta decisión implica una descentralización del trámite y la reducción significativa de costos asociados, lo que genera un impacto directo en el sector del transporte de cargas.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló en conferencia de prensa que, hasta el momento, obtener la LINTI para conductores que trasladan pasajeros costaba alrededor de $500.000, mientras que su renovación alcanzaba los $250.000. “Esto se termina”, afirmó al respecto.
Además, en adelante, los cursos teórico-prácticos y los exámenes de aptitud psicofísica que se deben realizar para obtener la licencia podrán ser brindados por prestadores públicos y privados, registrados ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Además, se estableció que ante un cambio de domicilio en el DNI, los conductores no perderán su licencia profesional.
El Gobierno apunta a que la eliminación de la LINTI represente un alivio para los conductores y empresas del sector del transporte de cargas. El costo elevado de este trámite representaba una barrera para quienes buscaban acceder o renovar su licencia profesional. Con el traspaso de esta responsabilidad a las jurisdicciones provinciales, el Gobierno busca simplificar el proceso, reducir tiempos y eliminar costos adicionales.
Cambios en el proceso de certificación
El nuevo esquema que surgirá a partir de la eliminación de la LINTI implica que deja de estar vigente la obligatoriedad de realizar los cursos y exámenes únicamente en centros habilitados por el Estado nacional. De este modo, se amplía la oferta de prestadores, generando un entorno más competitivo que podría contribuir a una disminución de los costos para los transportistas. “Los cursos teórico-prácticos y los exámenes de aptitud psicofísica los van a poder brindar prestadores tanto públicos como privados, registrados ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, reiteró el vocero.
En ese punto, la medida también promueve una mayor competencia entre los prestadores de cursos y exámenes, ya que tanto entidades públicas como privadas podrán ofrecer estos servicios siempre que estén registradas ante la ANSV.
Otro aspecto destacado es la permanencia de la licencia en caso de cambio de domicilio. Antes, los conductores se veían obligados a realizar nuevamente el trámite si modificaban su residencia, lo que generaba costos y demoras adicionales. Con la nueva normativa, esta situación quedará resuelta, contribuyendo a una mayor estabilidad y previsibilidad en el ejercicio de la actividad.
Al transferir a las provincias la responsabilidad de otorgar las licencias profesionales, se abre la puerta a que cada jurisdicción adapte los procesos a su realidad local (Foto: Shutterstock)
Contexto y proyección del sector
La eliminación de la LINTI se enmarca en un plan más amplio del Gobierno para desburocratizar procesos y reducir costos en sectores estratégicos de la economía. Esta medida responde a reclamos históricos de las empresas de transporte y de los propios conductores, quienes consideraban que el trámite representaba un gasto excesivo y una traba innecesaria.
Al transferir a las provincias la responsabilidad de otorgar las licencias profesionales, se abre la puerta a que cada jurisdicción adapte los procesos a su realidad local, lo que podría derivar en una mayor eficiencia operativa. Las modificaciones también generan expectativas positivas en torno al crecimiento del sector del transporte de cargas, clave para la logística y el comercio exterior en Argentina.
La medida se presenta como un paso hacia un marco regulatorio más flexible y competitivo, donde los costos asociados al transporte interjurisdiccional se reducen significativamente. La descentralización y la apertura a prestadores privados podrían marcar un antes y un después en la dinámica del sector, generando un entorno más favorable para el desarrollo de actividades logísticas a nivel nacional.