Argentina privatiza la gestión de rutas nacionales para mejorar la eficiencia operativa y reducir el déficit, impulsando la participación del sector privado en la concesión de tramos viales claves
El Gobierno argentino ha decidido privatizar la gestión y mantenimiento de las rutas nacionales argentinas, actualmente a cargo de la empresa estatal Corredores Viales, según informaron este jueves fuentes oficiales.
“El Gobierno ha decidido poner en manos del sector privado la gestión para operar y mantener las rutas nacionales concesionadas, que se encuentran mayormente a cargo de Corredores Viales”, anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la sede del Ejecutivo.
Adorni argumentó que esta empresa estatal tiene un déficit operacional de 30 millones de dólares, que hasta diciembre de 2023 se financió con fondos del Tesoro argentino y que desde que asumió Javier Milei, el 10 de diciembre pasado, se gestionó con aumentos de tarifas.
“Sin embargo, la empresa no cumplió con los estándares mínimos de operación y mantenimiento”, explicó Adorni.
“Por este motivo, cualquier empresa nacional o internacional que presente los seguros requeridos en cada caso podrá participar de la licitación para ejecutar el servicio de manera más eficiente”, anunció, y lo calificó como “una apertura inédita hacia la transparencia”.
Además, anticipó que en los próximos días se va a publicar la información preliminar para los interesados en la licitación en los portales del Ministerio de Economía, del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y de la Secretaría de Transporte.
El portavoz indicó que las empresas que finalmente se conviertan en las concesionarias “van a cobrar la tarifa de adjudicación recién una vez que hayan puesto la totalidad de la ruta en condiciones”.
El Ejecutivo argentino estima que el Estado tendrá un ahorro de 5.600 millones de dólares.
Vialidad Nacional informó de que el proceso de licitación se hará en dos etapas.
En diciembre próximo se abrirá la convocatoria para licitar dos tramos del corredor 18, cuya concesión vence en abril de 2025. Y en febrero de 2025, se realizará la segunda convocatoria para licitar 8.648 kilómetros distribuidos en doce tramos que representan el 20 % de la red viaria argentina, pero concentran el 80 % del tráfico.
A principios de la década de 1990 se privatizaron rutas nacionales mediante un esquema de concesiones, lo que permitió que distintas empresas pudieran cobrar peajes mientras que también se hicieron responsables de su mantenimiento.
La crisis de 2001 y la posterior caída del régimen de convertibilidad y pesificación de los peajes afectó la ecuación económico financiera de las empresas, y la falla en la renegociación de los contratos derivó en que varias de ellas iniciaran reclamos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Los contratos suscriptos en la década de 1990 vencieron en 2003. Desde entonces, los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015) aplicaron un sistema mixto de cobro privado de peajes y obra pública que ha sido sospechado de corrupción.
El Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) intentó -sin éxito- implementar proyectos de participación público privada y en 2019 comenzó a operar la estatal Corredores Viales, como concesionaria de rutas, autopistas y autovías nacionales argentinas. EFECOM