El Ministerio de Seguridad y Justicia lanzó una licitación pública para adquirir módulos tácticos de localización y bloqueo selectivo de señales.
El Gobierno provincial invertirá más de $2 mil millones en una plataforma de inhibición de señal de celulares para las cárceles de Mendoza. La licitación pública fue lanzada este miércoles y apuntan a que antes de junio, el sistema ya esté en ejecución.
A través del Decreto Nº 552, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y la ministra Mercedes Rus, se autorizó el llamado a licitación pública para la adquisición de una “plataforma integral de georeferenciación para investigación criminal, incluyendo módulos tácticos de localización y bloqueo selectivo de señales“. El importe total de dicha inversión es de $ 2.334.900.000.
Según explicó la ministra Rus a la prensa esta mañana, con este sistema se van a poder hacer auditorías en los 22 establecimientos penitenciarios de Mendoza. “Por supuesto que pondremos foco en aquellas cárceles más importantes, como Almafuerte 1 y 2, Bolougne Sur Mer y San Felipe”, explicó.
A diferencia del plan original, no se instalarán torres de inhibición en los complejos penitenciarios, porque representaba una dificultad severa de aplicación. Por ejemplo, impedía su utilización en los penales que contienen a la mitad de los presos de la provincia, Boulogne Sur y San Felipe, debido a que no iba ser posible que se inhibiera también los teléfonos del Polo Judicial y buena parte de la zona residencial.
En consecuencia, el sistema buscado se trata de un software que (según el Gobierno) permitirá una mejor adaptabilidad en los distintos establecimientos y evitará el bloqueo de señal del personal penitenciario.
Celulares “auditados” desde mitad de este año
“La puesta en marcha de esto, abarca también hardware y recurso material. Tenemos que poner a disposición un móvil para todo lo que es auditoría móvil, va a llevar su tiempo pero pretendemos que esto llegue a ejecución antes de mitad de año“, precisó Rus.
Y agregó: “Lo cierto es que (la inhición de celulares) “nos va a permitir hacer un mejor control, pero también a su vez, esto provee un software que es muy importante para la investigación penal“.
En este sentido, la funcionaria explicó que estas herramientas “son importantes para la investigación de cualquier delito clásico que está atravesado por las nuevas tecnologías, así también como las nuevas modalidades delictivas, son fundamentales estas herramientas”.
“Estamos con la licitación abierta, ahora hay que esperar a los distintos oferentes y hacer las evaluaciones. La puesta en marcha de esto abarca también hardware y recurso material”, completó la ministra de Seguridad.
“Ningún celular más” en las cárceles
Rus también se refirió al retiro de teléfonos celulares en las cárceles. “Nosotros veníamos con un plan, fuimos contundentes en diciembre de 2024 respecto de que no íbamos a dejar entrar ningún celular más a la cárcel”, aseguró.
La funcionaria precisó que “por la cárcel han pasado más de 26 mil celulares desde que se habilitaron en la pandemia, la verdad que eso ha hecho proliferar el delito, pero además genera corrupción y desorden intramuros, y eso no es bueno”.
Seis meses después de que la Suprema Corte de Justicia resolviera habilitar la quita de los teléfonos celulares de las cárceles de Mendoza, aún quedan 2.800 dispositivos en manos de los internos y el Servicio Penitenciario procederá a su secuestro, a través de requisas.
En este sentido, la ministra de Seguridad dijo: “Una vez que obtuvimos la sentencia de la Corte por este tema y además el último recurso que tenía que ver con sostener esa posición que había tenido la Corte de que no se iban a autorizar y se iba a avanzar en la quita de celulares, era necesario avanzar en un sistema que nos permita un mejor control de esa política pública. A eso apunta parte de esta licitación, que tiene que ver con inhibidores de señal”.