A través de dos decretos, la Provincia autorizó el pago de más de 2.870 millones de pesos a Clisa, la empresa que se adjudicó la reciente y polémica licitación de las raciones para presos y penitenciarios.
El Gobierno de Mendoza autorizó el pago de más de 2.870 millones de pesos a la empresa Clisa Interior S.A. por la provisión de raciones alimentarias destinadas a personas privadas de libertad y personal penitenciario con turnos de 24 horas, correspondientes al mes de abril de 2025.
La medida se oficializó a través de dos decretos, 1506 y 1511, del gobernador Alfredo Cornejo que fueron publicados este jueves en el Boletín Oficial. En ambos casos, se utilizó la figura del reconocimiento de legítimo abono, una herramienta administrativa que permite regularizar pagos por servicios efectivamente prestados, aunque sin contrato vigente al momento de la prestación. Corresponden a los servicios prestados en las dos quincenas del mes.
El proceso se inició tras la solicitud de reconocimiento de las facturas por parte de la empresa, luego de que una licitación pública para el servicio fuera declarada fracasada en febrero de este año. Finalmente, tras un proceso que generó controversia, la Provincia volvió a adjudicar a Clisa el servicio de las viandas en las cárceles provinciales.
Un proceso excepcional, pero avalado
Según consta en los expedientes, en diciembre de 2024 el Ministerio de Seguridad y Justicia había iniciado un proceso licitatorio para contratar el servicio de raciones alimentarias para el Servicio Penitenciario Provincial. Sin embargo, la licitación fracasó en febrero y recién en mayo se adjudicó una nueva contratación directa.
Como ese nuevo contrato no abarcaba abril, se optó por reconocer el gasto ya realizado, en base a las facturas presentadas por Clisa Interior S.A.
La operatoria recibió el visto bueno de la Contaduría General, la Asesoría Legal del ministerio y la Fiscalía de Estado, que no formularon objeciones. Aun así, el dictamen fiscal aclara que el uso de este mecanismo “es excepcionalísimo y de interpretación restrictiva”, ya que no reemplaza la obligación constitucional de contratar mediante licitación pública.
Los montos
En total, el Gobierno reconoció pagos por $2.871.023.037,64, discriminados de la siguiente manera:
- $1.437.503.105,78 por el período del 1 al 15 de abril (Decreto 1511)
- $1.433.519.931,86 por el período del 16 al 30 de abril (Decreto 1506)
Cada decreto incluye el detalle de las facturas emitidas por la empresa, que abarcan raciones diarias para las unidades penales.