El Ejecutivo desactivó la idea de unificar el INTA con el INTI, pero avanzará con una reestructuración que busca modernizar su funcionamiento.
El Gobierno nacional descartó avanzar con la fusión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), una propuesta que había generado rechazo entre los referentes del sector agropecuario. En su lugar, se confirmó que el organismo técnico mantendrá su independencia, aunque se le aplicarán reformas estructurales que serán tratadas por su Consejo Directivo.
La decisión fue comunicada durante una reunión en la Secretaría de Agricultura, que reunió a funcionarios nacionales, autoridades del INTA y representantes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace. Allí, el Ejecutivo presentó su diagnóstico y anticipó que se evaluará una actualización del plan estratégico vigente, que data de 2015, además de una posible transferencia de competencias técnicas desde el INTI al INTA en áreas agropecuarias.
El anuncio llegó tras semanas de versiones cruzadas dentro del propio Gobierno. Mientras el Ministerio de Economía promovía una modernización del INTA, sectores vinculados a la Secretaría de Desregulación y Transformación del Estado, liderada por Federico Sturzenegger, defendían una unificación total de los dos organismos. Finalmente, primó el criterio técnico del equipo económico de Luis Caputo.
Para el campo, la confirmación de que el INTA no será absorbido por el INTI representa una victoria institucional. Las entidades rurales venían reclamando definiciones, preocupadas por los efectos de una posible fusión en un organismo que consideran clave para el desarrollo territorial y la asistencia técnica de los productores.
Dentro del Gobierno reconocen que los últimos años redujeron la capacidad operativa del organismo. Cosecha. En algunas zonas se detectó también la presencia de plagas como la fusariosis en las etapas reproductivas de los cultivares.
Desde CRA, se considera que el INTA sigue siendo una herramienta fundamental para el sistema agropecuario argentino. En diálogo con Ámbito, Carlos Castagnani destacó que “esa centralidad se vuelve más visible, según su visión, cuando se recorren zonas productivas donde la única fuente de conocimiento técnico proviene justamente de sus estaciones experimentales o redes de extensión. En esas regiones, donde el acceso privado a tecnología es limitado o nulo, el rol del INTA es considerado insustituible”.
Dentro del Gobierno reconocen que los últimos años redujeron la capacidad operativa del organismo. El ajuste fiscal de 2024 y 2025 implicó recortes presupuestarios, congelamiento de cargos y dificultades logísticas para mantener las actividades de campo. El nuevo plan oficial apunta a corregir estos desequilibrios, aunque sin incrementar los gastos, sino redireccionando recursos y modernizando estructuras.
En el encuentro, que reunió a Pablo Lavigne (Coordinación de Producción), Sergio Iraeta (Secretaría de Agricultura) y Martín Fernández (Gabinete), las autoridades nacionales expusieron sus planes ante Andrea Sarnari (Federación Agraria Argentina), Carlos Castagnani (CRA), Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina) y Lucas Magnano (Coninagro), además de los representantes del INTA, Nicolás Bronzovich y Beatriz Giraudo.
Desde la Federación Agraria, su presidenta Andrea Sarnari expresó que las entidades comparten una misma posición respecto del futuro del INTA y detalló que la institución debe seguir existiendo, pero requiere ajustes internos. En ese sentido, se considera que algunas áreas deben reestructurarse para mejorar su operatividad, sin alterar los ejes centrales del instituto: investigación, desarrollo y extensión.
También se destacó que el INTA no debe pensarse únicamente como una herramienta para los productores, sino como un activo estratégico del país. De allí la necesidad, según la visión del ruralismo, de que el plan de modernización preserve el espíritu técnico, científico y territorial del organismo, evitando decisiones que lo debiliten institucionalmente.
Desde la SRA se planteó que el camino más sensato es trabajar sobre el plan estratégico vigente para actualizarlo a las demandas actuales del agro. En diálogo con Ámbito, el titular de la entidad, Nicolás Pino, advirtió que “se propone revisar las metodologías, incorporar nuevas tecnologías y rediscutir las prioridades sin poner en riesgo la esencia del INTA como institución pública con llegada nacional”. Bajo esa lógica, se interpreta que muchas de las funciones que hoy lleva adelante el INTI en materia agropecuaria pasarán a depender del INTA, lo que permitiría una mejor focalización de los recursos.
El Gobierno no precisó aún cuándo se publicará el decreto con los cambios ni cómo se reestructurará el nuevo diseño operativo. Sin embargo, sí se comprometió a convocar nuevas reuniones con las entidades para seguir trabajando en conjunto sobre el diseño institucional. La expectativa del agro es que se mantenga una agenda participativa, con transparencia y participación técnica.
Con el INTA a salvo de una fusión, el foco ahora estará puesto en el contenido de las reformas. El campo acompañará el proceso, siempre que se respete la autonomía del organismo y se garantice que su estructura técnica vuelva a estar al servicio del productor y del desarrollo nacional.
Preocupación por el futuro de las retenciones
Si bien durante la reunión no se abordó el futuro de las retenciones, al finalizar el encuentro la Mesa de Enlace reiteró su preocupación por la falta de avances legislativos. Desde las entidades se destacó que el compromiso asumido (de bajar las retenciones) por el Gobierno debe sostenerse, ya que la carga tributaria actual limita las posibilidades de expansión y competitividad del campo.
Dentro del Ejecutivo se mantiene la línea expresada por el ministro Caputo, quien indicó esta misma semana que la quita progresiva de retenciones dependerá de la estabilidad macroeconómica. En el agro reconocen ese condicionamiento, pero esperan que se avance hacia una solución institucional que garantice previsibilidad y evite que las decisiones tributarias queden libradas a la discrecionalidad del Ejecutivo de turno.