Los especialistas aseguraron que la nueva normativa nacional responde a las exigencias del comercio internacional y que ayudará a “adelantar procesos”. Qué costo tiene la desalcoholización de los vinos.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) presentó el martes una modificación en la normativa sobre el uso de tecnologías para la desalcoholización de vinos y que tendrá impacto en Mendoza. Los referentes de la industria local aseguraron que se alcanzará otro “tipo de público” y que es una forma de desburocratizar un proceso que “no termina de despegar”.
De acuerdo con el organismo, la anterior iniciativa permitía únicamente el uso de equipos específicamente autorizados por el INV. Ahora, se habilitó el uso de tecnologías certificadas internacionalmente para reducir el contenido alcohólico de los vinos, con el objetivo de “mejorar la competitividad del sector en los mercados globales”. Esto significa una desregulación para el sector.
El nuevo texto, por su parte, exige a los productores presentar una declaración jurada ante el INV, en la que se acredite que los equipos utilizados cuentan con certificaciones válidas y que el procedimiento asegura la preservación de las características organolépticas y físico-químicas del vino.
Mario González, titular de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) aseguró que existe un “nicho de mercado” donde se exigen productos sin alcohol y que, a diferencia de lo que pasa en Argentina, Europa viene trabajando fuerte hace mucho tiempo y ha desarrollado estrategias.
“Argentina y sobre todo Mendoza, se están adaptando a estos cambios que se van produciendo en el mundo con el objetivo de ofrecerle a los clientes una posibilidad más dentro de la industria del vino”, explicó.
Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi) compartió la idea de González y dejó en claro que, al margen de ser un “público reducido”, es importante poder abarcar cada vez más partes del mercado.
El ingeniero detalló que este avance tendrá un impacto positivo en Mendoza y que permitirá ingresar a lugares donde antes “no se podía”. Sin embargo, Ruggeri también advirtió sobre la utilización de estas tecnologías, ya que algunas son de mala calidad y que “afectan al producto”.
A raíz de esto último, el Instituto Nacional de Vitivinicultura conservará la potestad de auditar, inspeccionar y verificar la información declarada por las bodegas, así como los procesos productivos involucrados. Todo con la meta de poder adaptarse a la normativa nacional y, a su vez, a las exigencias del comercio internacional.
El cambio
Lejos de lo que podría ser en parámetros de competitividad, el principal cambio, según el titular de COVIAR, es que se desburocratiza un trámite, lo que permite que todo el proceso sea más rápido.
“Lo único que hace es simplificar un proceso, para nada esa normativa permite mejorar competitividad o algo por el estilo, simplemente es que antes, para poder introducir y poder operar con la tecnología de desalcoholización, primero tenía que estar aprobado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, para luego poder ser utilizado”, ejemplificó González en diálogo con El Sol.
En cuanto al cambio cultural del “vino sin alcohol”, Mauro Sosa del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este indicó que, además del trámite, también se mejora la facilidad de obtener productos desalcoholizados: “Todavía hay resistencia, prejuicios y gustos que hacen que el tema no avance y no se haya masificado”.
Fabián Ruggeri también reconoció que se facilita el acceso a los mercados que no estaban reconocidos por tecnología del INV en un primer momento. Esto hace que al utilizar avances de ese país en particular, se pueda ingresar a la venta en dicho territorio “sin tener tantos problemas”.
Los costos
“Un desalcoholizador es una inversión enorme, es un equipo que se trae específicamente para eso y no es un trámite diario”, generalizó.
Con respecto a la maquinaria que podría llegar de Europa, el titular del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este no ve “ningún inconveniente” de que así sea y que cada empresario tenga la “libertad de abaratar costos” buscando alternativas en otros países.
El propio decreto publicado en el Boletín Oficial sostuvo que las restricciones previas constituían una barrera para el desarrollo del sector vitivinícola, al impedir el acceso a herramientas ampliamente utilizadas en los principales mercados del mundo.