La iniciativa impulsada por el Gobierno de Mendoza de Alfredo Cornejo impone diversos cambios en las condiciones laborales de los estatales.
El proyecto del Gobierno de Mendoza que busca modificar el Estatuto del Empleado Público.Foto: Yemel Fil
El Gobierno de Mendoza busca modificar el Estatuto del Empleado Público a través de un proyecto de ley presentado por el gobernador Alfredo Cornejo en la Legislatura. Qué dice la reforma vinculada a las condiciones laborales de los estatales y por qué genera críticas.
La iniciativa propone la modificación parcial del Estatuto General del Empleado Público (DL 560/73) y del Escalafón Ley 5126 para “actualizar la normativa vigente, adaptándola a las exigencias de responsabilidad fiscal, a los estatutos sectoriales posteriores y a los criterios fijados por la Suprema Corte frente a interpretaciones divergentes”.
Dicho estatuto establece los derechos y deberes de los trabajadores de la administración pública, regulando diversos aspectos como licencias, justificación de inasistencias, compensaciones, asignaciones familiares y derechos a indemnizaciones, entre otros, además de fijar las distintas categorías del personal.
El proyecto de Alfredo Cornejo
Uno de los argumentos del oficialismo para impulsar este proyecto es que “las restricciones presupuestarias y exigencias de responsabilidad fiscal, así como la sanción de posteriores estatutos o escalafones sectoriales” hicieron “necesario aclarar o reformar algunas de las previsiones legales de aquellas leyes”.
En ese sentido, la fundamentación apunta a que esas normas “han provocado soluciones discordantes en los fallos de la Suprema Corte de Mendoza” y que “han dado lugar a interpretaciones que se apartan de los principios generales del empleo público en el derecho público local y federal”.
Uno de los puntos destacados del proyecto es la creación de la figura del “personal interino”, sin goce de “estabilidad propia”. Otro apunta a las indemnizaciones: se modifica el régimen vigente para pasar a ser calculado sobre la totalidad de las remuneraciones regulares del último sueldo, del 100% por cada año de antigüedad o fracción mayor a tres meses.
El proyecto es debatido en la Legislatura de Mendoza
El Poder Ejecutivo envió la iniciativa a la Legislatura a mediados de agosto y esta semana comenzó a tratarse en el plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, precedidas por los radicales Franco Ambrosini y Jorge López, respectivamente.
Allí asistieron los asesores de Gobierno Ricardo Canet y Javier Urrutigoity, quienes justificaron el proyecto al señalar que es necesario “dilucidar entre lo que llaman comúnmente interino, temporario, y distinguir entre quiénes tienen, o no, estabilidad”, además de “modificar los artículos 50, 51, 52, 53”, del actual decreto.
El gobernador Alfredo Cornejo dispuso un mayor control a los egresos del personal del Estado en la provincia de Mendoza.
Foto: Yemel Fil
Cante explicó que el objetivo es “uniformar y ponerlo en línea (al estatuto) con los fallos de la Corte de la Nación y de nuestra Corte, al menos en los votos mayoritarios”, debido a que “alguna corriente jurisprudencial declaraba inconstitucional la facultad del Estado de no reincorporar a la gente y pagarle indemnización“. “Este proyecto propone una indemnización, pero es una propuesta que tienen que analizar los legisladores”, señaló.
Urrutigoity, por su parte, aseguró: “Hay una categoría, de hecho, que no estaba prevista en la ley, que era el de ‘planta interina’ y esta ley la pasa a reconocer, pero con una estabilidad distinta a la de planta efectiva”.
Si la norma es aprobada, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Ejes del proyecto del Gobierno de Mendoza
- Simplificación y actualización de los artículos 1 y 2 del decreto 560/73. Allí se aclara que el estatuto podrá aplicarse de manera supletoria a personal excluido de la carrera administrativa, ampliando su alcance normativo.
- Incorporación de manera expresa la figura del “personal de planta interino”, recogiendo la jurisprudencia que reconoce a este sector una estabilidad impropia, similar a la que otorga la Ley de Contrato de Trabajo, aunque sin equipararse plenamente a la de los agentes de planta permanente.
- Derogación de normas recursivas en desuso y establece que será de aplicación el procedimiento administrativo común previsto en la Ley 9003.
- Definición de los efectos de la extinción de suspensiones o separaciones, diferenciando entre quienes gozan de estabilidad propia, los agentes permanentes efectivos, y aquellos con estabilidad impropia, como interinos y contratados, que no cuentan con derecho automático a la reincorporación.
- Eliminación de disposiciones que otorgaban derechos de acceso cuasi hereditarios a cargos públicos.
- Modificación de las reglas de indemnización, fijando un plazo máximo de 30 días para su pago.
- El estatuto será aplicable de manera directa, residual o supletoria a todas las personas que presten servicios remunerados en relación de dependencia dentro del sector público. En cuanto al cómputo de antigüedad, se establece que solo se reconocerán los servicios prestados bajo relación de dependencia con aportes previsionales, excluyendo las contrataciones bajo locación de servicios u otras figuras autónomas.
- Los agentes públicos tendrán a su disposición los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo y, una vez agotada esa vía, podrán recurrir a la acción procesal administrativa establecida por la Ley 3918 y sus modificatorias.
Críticas al proyecto del Gobierno de Mendoza
Desde el peronismo mostraron algunos reparos para con el proyecto de Cornejo. Consideran que una reforma de tal impacto para tantos miles de empleados públicos debe salir de la Legislatura con consenso, y que todas las voces de los sectores tienen que ser escuchadas.
Uno de los que salió a criticar las reformas del Gobierno fue Mario Vadillo, candidato a diputado nacional (Frente Verde). Opinó que no se trata de una “modernización” sino que es un “método” para “estigmatizar al trabajador del Estado para justificar la precarización y tercerizaciones amigas”. Criticó la figura de “personal interino sin concurso” que incorpora el proyecto oficialista y aseguró que éste “recorta instancias de revisión de sanciones y mantiene la discrecionalidad en nombramientos políticos”.
Micaela Blanco Minoli, candidata a diputada nacional (Frente de Izquierda Unidad), también salió al cruce de Cornejo al afirmar: “Es para darle un marco legal a la informalidad que ya existe en el sector público y peor. Con vía libre para despedir trabajadores sin derechos a defensa ni indemnización. Reforma regresiva. Totalmente inconstitucional”.
En cuanto a los gremios, también se expresaron en contra. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), conducida por Roberto Macho, afirmó: “Rechazamos esta reforma laboral que impulsa el gobernador Alfredo Cornejo porque recorta derechos y conquistas históricas de los trabajadores de todos los sectores. Es algo ilegal e inconstitucional”. “La vamos a recurrir con acciones legales y gremiales, y la vamos a pelear en las calles”, agregó el sindicalista.