La Cámara alta de la Legislatura provincial transformó en ley el proyecto que permite que estos agentes equipen y utilicen armas de baja letalidad. La norma se aprobó con 20 votos a favor y 17 en contra. Críticas desde la oposición.
En medio de fuertes cruces políticos y acusaciones de improvisación, el Senado de Mendoza aprobó por 20 votos a favor y 17 en contra un proyecto de ley que permite a los municipios conformar cuerpos de seguridad ciudadana con funciones preventivas, disuasivas y auxiliares, y habilita a estos agentes —conocidos como preventores— a utilizar armas de baja letalidad, incluyendo pistolas Taser, bastones PR-24 y spray de gas pimienta.
Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 8, que habilita el uso de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea (pistolas Taser), además de otros elementos de coerción como esposas, grilletes, perros adiestrados y drones. No obstante, se prohíbe de forma tajante el uso de armas de fuego por parte de estos cuerpos departamentales.
La iniciativa, que llegó al recinto con media sanción de Diputados, establece que los cuerpos municipales podrán incluso detener a personas en flagrante delito, tomar denuncias, requerir documentación, realizar pesquisas y actuar como primeros intervinientes en situaciones de riesgo, siempre y cuando estén debidamente capacitados y autorizados por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, a cargo de Mercedes Rus.
La nueva ley también impide que estos grupos se identifiquen con símbolos, nombres o uniformes similares a los de la Policía de Mendoza o las Fuerzas Armadas, buscando evitar confusión en la ciudadanía sobre el carácter y alcance de sus funciones.
La capacitación de estos agentes será coordinada entre los municipios y el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), e incluirá un módulo específico en derechos humanos y no discriminación.
Durante el debate en el recinto, el bloque Justicialista votó en contra y denunció que la medida es “improvisada, inconsulta y sin respaldo operativo ni legal”. El senador Mauricio Sat aseguró que “es un mamarracho jurídico” y acusó al Ejecutivo de transferir responsabilidades sin fondos ni planificación. “San Rafael necesitaría más de 800 agentes para cumplir la normativa. ¿De dónde saldría ese presupuesto?”, cuestionó.
También el senador Félix González cargó contra el oficialismo al considerar que “no hay estrategia, no hay sistema, no hay coordinación”, y que la ley no da respuestas a problemáticas centrales como el narcotráfico o el deterioro de la infraestructura policial.
Desde el PRO, Gabriel Pradines también rechazó la norma y señaló que el proyecto es “la prueba del fracaso del Gobierno de Mendoza en materia de seguridad”. El legislador apuntó directamente contra la ministra Rus y el gobernador Alfredo Cornejo, y afirmó que la iniciativa busca cambiar la narrativa para responsabilizar a los intendentes. “Es un Gobierno decadente y en retirada que no tiene respuestas en ninguna de sus áreas”, sentenció.
Para Pradines, una solución real implicaría “invertir en espacios públicos bien mantenidos”, haciendo referencia a un estudio realizado en Los Ángeles donde se indica que dicha mejora puede reducir los delitos hasta en un 52%.
A pesar de las críticas, desde el oficialismo defendieron la ley como un instrumento para descentralizar funciones, optimizar recursos y dar una respuesta más inmediata a la demanda ciudadana. Aseguraron que la medida no busca reemplazar a la Policía sino complementarla con presencia territorial más eficiente.
Si bien la nueva normativa abre una nueva etapa en el esquema de seguridad provincial, también deja al descubierto las profundas diferencias políticas en torno a cómo enfrentar la creciente ola delictiva y quién debe asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad pública.
Con la norma avalada por ambas cámaras legislativas, ahora la implementación dependerá de cada municipio, que deberá gestionar las autorizaciones correspondientes, capacitar al personal e invertir en equipamiento, lo cual plantea nuevos interrogantes sobre los recursos disponibles, la coordinación con las fuerzas provinciales y los alcances reales de esta reforma.