La iniciativa prevé cambios en la etapa de investigación preparatoria y busca optimizar el sistema acusatorio. Ahora el Gobierno deberá promulgarla.
La Cámara de Senadores de Mendoza otorgó este martes sanción definitiva a la reforma del Código Procesal Penal, un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que busca “mejorar los tiempos y la dinámica de las causas judiciales en la provincia”.
La iniciativa, aprobada por mayoría de votos, “profundiza las modificaciones realizadas en los últimos años y apunta a dotar de mayor agilidad, transparencia y precisión a los procedimientos judiciales”, destacaron.
Durante el tratamiento del proyecto, el senador Walther Marcolini fue el miembro informante, destacando que la iniciativa busca darle mayor dinamismo a la etapa de la investigación preparatoria dentro del sistema acusatorio de Mendoza. “El expediente de referencia y su despacho, lo que hace es adherir a la media sanción que la Cámara de Diputados le dio al proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, que modifica la ley 6730 del Código Procesal Penal”, explicó.
Marcolini subrayó que esta reforma sigue la línea de otras doce leyes sancionadas desde 2016 con el objetivo de hacer el proceso penal más ágil, transparente y preciso. “Los cambios propuestos impactan principalmente en la etapa de la investigación penal preparatoria, incorporando modificaciones a varios artículos e introduciendo el artículo 362 bis, que establece cómo se resuelven las discrepancias entre el fiscal y el juez de garantías”, detalló.
Entre los aspectos clave mencionados, destacó la modificación del artículo 22 del Código para evitar dilaciones en la etapa investigativa, así como la regulación de nulidades en el artículo 201, estableciendo momentos específicos para plantearlas. También mencionó la facultad del fiscal de archivar causas según el artículo 346, con posibilidad de revisión por parte del juez de garantías, y el refuerzo del control sobre las pruebas rechazadas en el artículo 347.
Sobre las apelaciones, Marcolini precisó que se limita su alcance a casos específicos en los artículos 350, 355, 466, 481 y 482, evitando demoras innecesarias. Además, resaltó el nuevo procedimiento ante discrepancias entre el fiscal y el juez de garantías: «Si el fiscal plantea un sobreseimiento y el juez no está de acuerdo, la decisión pasa al fiscal adjunto penal. Si este último coincide con el fiscal inferior, el juez deberá resolver en la materia. En caso contrario, la causa se transfiere a un fiscal subrogante, asegurando así una doble revisión del proceso».
Finalmente, el senador destacó que la reforma busca mayor rapidez en la resolución de causas, la descongestión del sistema judicial, la reducción de audiencias innecesarias y una mayor seguridad jurídica al precisar plazos y procedimientos.
Por su parte, la senadora Adriana Cano del bloque justicialista; como los senadores Dugar Chappel, del Partido Verde; Armando Magistretti del Partido Demócrata/La Libertad Avanza; y Ariel Pringles de La Unión Mendocina, adelantaron su voto negativo, manifestando su desacuerdo con la reforma.
Desde la oposición destacaron que “faltó debate y tratamiento legislativo”.
El proyecto fue aprobado por 19 votos afirmativos y 17 negativos, por lo que fue remitido al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.
Alcances de la propuesta
El proyecto, elaborado en conjunto por el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio Público Fiscal, introduce cambios en la normativa vigente con el objetivo de evitar la dilación de los procesos. En particular, se pone el foco en la investigación penal preparatoria, que no debe convertirse en una instancia prolongada cuando la etapa central del proceso es el juicio oral.
Uno de los aspectos clave de la reforma es la diferenciación clara entre la investigación y el juicio. Mientras la primera queda bajo la responsabilidad del Ministerio Público Fiscal, encargado de reunir pruebas y preparar el caso, la segunda es el espacio en el que se debaten las posturas de la acusación y la defensa ante el tribunal.
Con este esquema, se busca evitar que la investigación se vuelva un obstáculo en la resolución de los casos. Se establecen nuevas reglas para optimizar su desarrollo, permitiendo que ciertas instancias no frenen el avance del proceso y que las decisiones sean revisadas de manera ágil cuando sea necesario.
Modificaciones clave
La reforma introduce una serie de cambios en la normativa vigente “con el fin de hacer más expeditiva la tramitación de las causas”. Se ajustan los criterios para la admisión de pruebas, se regulan los tiempos y condiciones para que las apelaciones no frenen el curso de la investigación y se refuerza el rol del Juez de Garantías en la supervisión de los procedimientos.
Además, se incorporan mecanismos que permiten resolver de manera más rápida las discrepancias entre el fiscal y el juez, estableciendo instancias de revisión cuando haya desacuerdos sobre el archivo de una causa o el sobreseimiento de un imputado. Con esto, se busca que las decisiones judiciales sean más dinámicas y que los casos avancen sin dilaciones innecesarias.
Desde el Gobierno provincial destacan que esta reforma se enmarca en un proceso de modernización del sistema judicial que viene desarrollándose en los últimos años. Con estas modificaciones, se pretende garantizar que los procesos sean más ágiles y eficaces, fortaleciendo la transparencia y la credibilidad de la justicia penal en Mendoza.
“La aprobación de esta ley representa un paso más en la consolidación de un sistema que prioriza la oralidad, la publicidad y la inmediatez en la resolución de los conflictos penales, asegurando que las garantías procesales se cumplan en cada etapa del procedimiento”, afirmaron desde el oficialismo.