Con un presupuesto de más de $2.300 millones, avanza el proceso para implementar un sistema de inhibición selectiva de señales en los complejos penitenciarios provinciales.
Luego de las críticas y la polémica por la compra directa de raciones alimentarias para presos, el Ministerio de Seguridad volvió al centro de la escena con una licitación millonaria para instalar un sistema de última generación que permita rastrear y realizar un bloqueo selectivo de señales de telefonía celular dentro de las cárceles provinciales.
La apertura de sobres, que se realizó el pasado 21 de abril, reveló que fueron cuatro las empresas interesadas que presentaron sus propuestas técnicas y económicas para competir por un contrato que tiene un presupuesto oficial de $2.315 millones. Las firmas en carrera son Broda (con soporte de Issatec), Cytric Solutions SRL, Exanet S.A. y Business Integrated Systems SRL.
Todas las ofertas se formularon en dólares. Actualmente las autoridades de la cartera que comanda Mercedes Rus se encuentran evaluando esas propuestas, mientras la Fiscalía de Estado ya tomó intervención en el expediente.
Quiénes compiten y cuánto ofrecen
Broda. La empresa mendocina, representada por Santiago y Joaquín Barbera, presentó cuatro alternativas, incluida la oferta más baja de todo el proceso. Su propuesta cuenta con el respaldo técnico de Issatec, una compañía argentina especializada en inhibidores de señales y soluciones de inteligencia electrónica, presidida por Eitamar Barr.
- Ofertas presentadas: 4
- Montos: entre 1.099.675 (oferta más baja del proceso) y 1.805.880 dólares
Cytric Solutions SRL. Radicada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dirigida por Alejandro y Guido Guelman, es otra de las competidoras. Desarrolla plataformas tecnológicas para fuerzas de seguridad y organismos públicos.
- Ofertas presentadas: 3
- Montos: entre 1.420.000 y 2.215.000 dólares (oferta más alta del proceso)
Exanet SA. Con base en la provincia de Buenos Aires, la empresa cuenta con experiencia en redes, vigilancia, ciberseguridad e integración tecnológica. Su directorio está encabezado por Hugo y Darío Menegozzi. Tiene presencia en varios países de la región y dispone de certificaciones internacionales.
- Ofertas presentadas: 1
- Monto: 1.594.500 dólares
Business Integrated Systems SRL. Constituida en mayo de 2018, también opera desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su cara visible es Lucila Fernández de Loof y presentó una única oferta, la segunda más elevada del proceso. En Mendoza figura inscripta como proveedora de soluciones informáticas y tecnológicas.
- Ofertas presentadas: 1
- Monto: 2.062.824,96 dólares
Cómo se definirá la empresa ganadora
El Ministerio de Seguridad diseñó una matriz de evaluación de 100 puntos para ponderar las propuestas. El precio representa poco menos de la mitad del total (45 puntos), mientras que el resto se distribuye entre calidad técnica (20), antecedentes (15), certificaciones ambientales y políticas sustentables (10), y completitud documental (10).
La aplicación de esta grilla de puntajes busca dotar de mayor transparencia y objetividad a todo el proceso. Sin embargo, fuentes oficiales aclararon que el adjudicatario no será necesariamente quien presente el monto más bajo, sino quien logre el mejor equilibrio entre costo, robustez técnica y cumplimiento de requisitos.
Cómo funcionará el sistema
El proceso, denominado “Implementación de sistemas de control e inhibición de señales en penitenciarías”, tiene como objetivo reducir las comunicaciones ilegales desde las unidades carcelarias y mejorar las capacidades de inteligencia operativa. La solución tecnológica incluirá módulos tácticos para detección, localización, bloqueo selectivo y análisis de movimientos – en tiempo real o histórico- de dispositivos celulares.
La instalación de estos sistemas busca frenar delitos como estafas virtuales, amenazas o extorsiones orquestadas desde el interior de establecimientos penitenciarios, donde muchas veces los reclusos operan con líneas prepagas o teléfonos que ingresan de forma clandestina.
Estos equipos se instalarán en los 22 establecimientos penitenciarios de la provincia, aunque se priorizarán Almafuerte I y II, Boulogne Sur Mer y San Felipe.
La contratación incluye:
- Una licencia por dos años con 2.000 créditos de consulta.
- Un módulo táctico vehicular y un módulo portátil tipo mochila.
- Soporte técnico 24/7 durante dos años.
- Capacitación para al menos 10 operadores del Ministerio de Seguridad.
- Documentación, puesta en marcha y pruebas de aceptación.
El módulo táctico vehicular se instala en un auto y puede operar estacionado o en movimiento. También está habilitado para rastrear dispositivos cercanos y extraer datos técnicos. Debe contar con al menos seis estaciones base (BTS) integradas y ser capaz de degradar conexiones (de 5G a 4G, por ejemplo) para interceptar o controlar un dispositivo. Además puede bloquear selectivamente llamadas, emitir “llamadas silenciosas” y liberar dispositivos no buscados a la red.
El módulo táctico portátil es similar al vehicular, pero con menor potencia. Diseñado para ser transportado por un agente en una mochila, está pensado para operativos discretos, seguimientos o despliegues rápidos en entornos urbano o rural. Cuenta con al menos 4 BTS, alimentación autónoma continua y posibilidad de conexión a red eléctrica o vehicular.
Ambos equipos deberán poder comparar los celulares detectados con bases de datos (listas negras) y generar alertas automáticas ante coincidencias.
Qué tecnología se implementará
El sistema permitirá identificar información técnica clave de los dispositivos móviles:
- IMSI: Número asociado al chip SIM (identifica al abonado).
- IMEI: Número de serie único del aparato (identifica el equipo).
- MSISDN: Número telefónico del usuario.
- TMSI: Código temporal asignado por la red para proteger la privacidad del usuario.
Estos datos permitirán a las autoridades cruzar información entre dispositivos, chips, movimientos y ubicaciones para detectar patrones sospechosos o vínculos entre internos y redes externas.
Si bien el foco está puesto en las penitenciarías, el pliego técnico prevé el uso del sistema en zonas estratégicas o investigaciones criminales complejas.
Cómo sigue el proceso
A casi dos meses de la apertura de sobres, el proceso continúa en etapa de evaluación técnica y legal. “Seguimos con el proceso de preadjudicación, en línea con los plazos formales de la contratación”, explicaron desde Seguridad.
El expediente ya fue remitido a la Fiscalía de Estado de Mendoza, que tiene la responsabilidad de emitir un dictamen técnico-jurídico antes de avanzar con la adjudicación formal. Se trata de una instancia clave para verificar la legalidad del proceso.