La norma recibió apoyo unánime en el Senado.
El Senado de Mendoza convirtió en ley en su sesión de este martes la norma que penalizar a los funcionarios públicos que no responden a los reclamos administrativos de los ciudadanos. La iniciativa fue sancionada por unanimidad.
El proyecto había sido presentado por Armando Magistretti -Partido Demócrata- y volvió a la Cámara Alta por revisiones de Diputados. En concreto, quiere terminar con la llamada “denegación tácita”, una práctica reiterada en el funcionamiento de la administración pública.
Esta conducta complica el silencio del Estado ante un reclamo administrativo elevado por un ciudadano. Puntualmente, es una modificación del artículo 38 de la ley 3918, con un agregado: el nuevo artículo 38 bis establece las consecuencias concretas cuando hay silencio administrativo.
Según la norma aprobada, si la Suprema Corte admite una acción por denegación tácita –contemplada en el artículo 6° de la ley–, deberá identificar al agente o funcionario responsable de la mora administrativa.
Acto seguido, tiene que requerir al organismo demandado que aplique lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 9003, que prevé sanciones disciplinarias para casos de negligencia.
Para Magistretti, la denegación tácita vulnera el derecho de defensa de los ciudadanos y puede evitarse si los funcionarios actúan con la debida diligencia. Por eso, la ley busca evitar “chicanas burocráticas” y avanzar hacia una administración pública más transparente, eficiente y responsable.