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El futuro de las reformas está en manos de los gobernadores: cuántos votos suman en el Congreso
A cambio de aportar los votos de sus diputados y senadores, los mandatarios provinciales piden que Casa Rosada les conceda fondos y obras en el Presupuesto 2026. Las negociaciones siguen abiertas y la estrategia del gobierno de Javier Milei es clara: negociar mano a mano con cada jefe provincial.
El futuro de las reformas laboral, impositiva y del Código Penal que impulsa presidente Javier Milei está en manos de los gobernadores. De ellos depende que La Libertad Avanza reúna las mayorías necesarias para su sanción en el Congreso. Los mandatarios provinciales están al tanto de su poder de fuego y ya avisaron que no acompañarán esas leyes a libro cerrado. A cambio de prestar los votos de sus diputados y senadores, piden que el Ejecutivo les conceda fondos y obras en la letra chica del Presupuesto 2026. Las negociaciones siguen abiertas y la estrategia del Gobierno es clara: negociar mano a mano con cada jefe provincial. Ahora bien, no todos los gobernadores cuestan lo mismo; algunos tienen más manos para levantar en el recinto que otros.
El Gobierno de La Libertad Avanza sigue en modo triunfalista. Tras los resultados del 26 de octubre, con las urnas a su favor, Milei impulsó su agenda reformista y pateó para después del recambio parlamentario el debate por el Presupuesto 2026. La performance que LLA tuvo en los comicios le dio robustez en ambas Cámaras. En el Senado, el oficialismo pasó a tener 18 bancas propias, mientras que en Diputados (post fugas amarillas), el bloque que preside Gabriel Bornoroni reúne 88 bancas. Es decir, más de un tercio de la Cámara.
En ambos casos, los libertarios pelean palmo a palmo la primera minoría con Unión por la Patria. Ahora bien, en ambas Cámaras, el gobierno de Javier Milei requiere de consensos para, primero, reunir el quorum y poner en marcha cualquier sesión. Y, segundo, lograr la aprobación de los proyectos que le interesan. Con los propios, o incluso sumando los aliados incondicionales, no le alcanza.
Eso explica los motivos por los que, pese al triunfo inesperado, Milei recibió con los brazos abiertos a una veintena de gobernadores en la Casa Rosada y nombró como interlocutor a Diego Santilli, hombre de diálogo y buen trato. El asunto es que los pedidos de fondos y obras aún no se plasmaron en la letra chica del Presupuesto 2026. El caso más emblemático es, si se quiere, el de la coparticipación de la CABA. Pese al fallo de la Corte Suprema a favor del distrito que gobierna Jorge Macri en torno a los fondos por el traspaso de la policía, el proyecto no los incluye en su totalidad.
Votos a cambio de fondos y obras
¿Y por qué es tan importante contentar a al menos un sector los gobernadores? Porque son los que podrían inclinar la balanza a favor de la reforma laboral e impositiva, junto con el Código Penal que impulsa la senadora electa Patricia Bullrich. La moneda de cambio para sumar los votos de los legisladores que les responden serían los fondos y obras que Milei puede incluir en el Presupuesto 2026.
Ahora bien, ¿adónde puede salir a pescar votos Milei para cumplir con su promesa de campaña a partir del 10 de diciembre? A los gobernadores que tienen diputados o senadores que les respondan. En total, de acuerdo a un relevamiento hecho por el politólogo Pablo Salinas, en total, son 92 los diputados y 28 senadores los que les responderán a gobernadores con la nueva conformación del Congreso.
Donde definitivamente Milei no buscará los votos es entre los gobernadores que responden a Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) ni Ricardo Quintela (La Rioja). Ninguno de ellos fue invitado a la Casa Rosada ni tampoco tendrá la posibilidad de reunirse con Santilli. Al menos no en esta instancia.
De acuerdo a un relevamiento hecho por Salinas, en total, esos gobernadores tienen 41 diputados y 7 senadores que les responden (o que, al menos, no tienen intenciones de acompañar al gobierno de Milei). En otras palabras, comienza a achicarse la pecera de jefes provinciales a los que seducir a cambio de votos.
Esa pecera pasa a tener 51 diputados y 21 senadores a los que Milei o Santilli pueden acudir. Estas bancas, como se observa en el cuadro elaborado por Salinas, se reparten entre gobernadores de todos los colores políticos. Algunos de ellos son aliados o más cercanos a la Casa Rosada. Como por caso, Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Jorge Macri (CABA) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), además de Claudio Poggi (San Luis). Los cuatro primeros llegaron a un acuerdo electoral con Karina Milei. Mientras que el puntano optó por no jugar en las elecciones del 26 de octubre. En total, esos 5 gobernadores reúnen 11 diputados y 3 senadores.
Los árbitros del Congreso
También están los gobernadores que en la Consultora La Sastrería denominan “los árbitros”. Es decir, aquellos mandatarios que se muestran (ya lo han hecho en el pasado) dispuestos a entablar negociaciones con la Rosada, pese a los enfrentamientos electorales del 26 de octubre.
Allí se ubican los diputados y senadores que integran Provincias Unidas. Ellos son: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). En total, suman 14 diputados y 9 senadores.
Entre los gobernadores “árbitros”, La Sastrería ubica, además, a Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Este último, a partir del 10 de diciembre, no contará con legisladores propios. En tanto, el resto reúne, en total, 10 diputados y 4 senadores.
Los matices del peronismo
Más allá de los aliados y los árbitros, hay que tener en cuenta que dentro del peronismo hay matices. Por un lado, se encuentra el caso de Osvaldo Jaldo (Tucumán), que en el marco de la Ley bases armó rancho aparte y en Diputados seguirá teniendo un bloque de 3 legisladores a partir del 10 de diciembre. Su comportamiento en la Cámara baja fue ambivalente. En algunos temas, se mostraron dispuestos a acompañar (o al menos no complicar) al gobierno libertario.
Dentro de Fuerza Patria no todos son férreos opositores. Es por eso que la Casa Rosada tiene, incluso allí, margen para negociar y sumar votos. Por caso, con Raúl Jalil (Catamarca), que tiene 4 diputados propios, 1 un senador que le responde. El catamarqueño se muestra cada vez más cercano a la Rosada y hasta hay rumores de que podrían armar bloque aparte en los próximos días.
Gerardo Zamora, mandamás de Santiago del Estero, tampoco puede considerarse un férreo opositor. Y, en su caso, maneja a todos los legisladores de su provincia. Es decir, a los 3 senadores y los 7 diputados.
Con esta radiografía sobre la mesa, tal cual sintetizó un peronista que peina canas en el Congreso, las negociaciones por el Presupuesto (de lo que depende el futuro de las otras leyes) se harán gobernador por gobernador, y no con cada fuerza política.
De allí que se espera que, el día de la votación de la “ley de leyes” primero y de las leyes reformistas después, el tablero de votación de ambos recintos se pintará por provincia y no por bloque partidario.
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Minería: Jimena Latorre sostuvo que la ley de Glaciares necesita “mayor claridad y definición”
La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza negó que exista un pedido formal del gobernador para modificar la norma, aunque admitió que varias provincias mineras reclaman mayor claridad normativa para avanzar con proyectos estratégicos.
Tras el plenario de comisiones en Diputados que evaluó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental II, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, se refirió a las versiones que señalaban que el gobernador Alfredo Cornejo había solicitado al presidente Javier Milei una modificación de la Ley Nacional de Glaciares, norma que continúa sin reglamentarse a más de una década de su sanción.
Consultada por El Sol, Latorre subrayó que no existe un pedido formal de reforma impulsado desde Mendoza, aunque reconoció que varias provincias mineras plantean la necesidad de “mayor claridad y definición” en torno a las competencias dentro del régimen de presupuestos mínimos.
Latorre explicó que la Ley de Glaciares lleva más de 10 años vigente sin reglamentación y que el IANIGLA, organismo técnico del CONICET, tiene un rol clave en la elaboración de los inventarios de glaciares y ambiente periglacial.
Sin embargo, destacó que la norma establece competencias concurrentes entre Nación y provincias, lo que genera superposiciones y vacíos operativos.
“Quizá lo que necesite esta ley es mayor definición y aclaración sobre los roles y tareas de las autoridades con facultades concurrentes. Eso no implica alterar los presupuestos mínimos de protección”, señaló la ministra.
Para Latorre, la Ley Nacional del Ambiente —también de presupuestos mínimos— cuenta con múltiples normas complementarias, por lo que consideró razonable que la Ley de Glaciares pueda requerir ajustes aclaratorios, pero no una alteración de sus principios.
Descartó un pedido formal de reforma impulsado por Mendoza
Por otro lado, la titular de la cartera ambiental mendocina echó por tierra las versiones que indican un pedido directo del gobernador Cornejo al presidente Milei para actualizar la norma, Latorre fue categórica: “No ha habido ninguna propuesta. No hay un proyecto oficial y, menos aún, uno surgido desde Mendoza”.
La ministra atribuyó la confusión al trabajo conjunto que se está realizando con la Secretaría de Ambiente de la Nación en torno a guías de relevamiento, pero insistió en que no existe un documento provincial que impulse cambios concretos.
Latorre remarcó que San Juan, Catamarca y Salta, al igual que Mendoza, plantean que la falta de definiciones frena proyectos estratégicos, particularmente en el sector del cobre y minerales críticos.
Señaló que Cornejo tiene un liderazgo reconocido en la Mesa del Cobre, y que estos temas forman parte de las discusiones más amplias sobre reformas estructurales planteadas en el marco del Consejo de Mayo, donde el mandatario mendocino representa a los gobernadores.
La ministra recordó además que desde diferentes sectores se impulsan ideas como una Ley Nacional de Cierre de Minas o actualizaciones al Código Minero, iniciativas que buscan modernizar el marco legal, reducir la especulación y contribuir al cuidado ambiental.
Por otro lado, sobre el capítulo de metales críticos en el principio de acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, Latorre señaló que aún no existen detalles públicos: “No tenemos información. Gran parte del Gabinete Nacional tampoco la tiene. Está bajo confidencialidad en esta etapa inicial”.
No obstante, consideró razonable que los minerales estratégicos formen parte de una agenda internacional más amplia vinculada a la transición energética, dado que Mendoza ya participa en mesas de trabajo con países como Canadá y en foros globales como los desarrollados recientemente en Abu Dhabi.
Distrito Minero Malargüe II
El plenario de las comisiones recibió a los funcionarios del Ministerio de Energía y Ambiente para avanzar en los detalles de las Declaraciones de Impacto Ambiental de Malargüe Distrito Minero Occidental II.
Los proyectos de exploración mineras en cuestión, obtuvieron las 27 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) correspondientes a los proyectos individualizados como: Cuprum, EI Destino, Mercedes (Huanquimeleo), Mercedes (Mariano), Mercedes (14 de febrero), Mercedes (Mercedes North), Pampa, Tango, Chamamé, “Alicia (A° de la Piedra), Clotilde, Elisa, Excalibur, La Victoria, Sofi, Titán, Tordillo, Lucero, Malargüito, PAS, Qatar, Villagra, Belluno, Roma y Veneto, Angélica, Malargüe West y Sierra Azul.
Con estas DIAs, Malargüe alcanzaría un total de 65 proyectos de exploración minera.
