Le impusieron la mayor sanción por las omisiones en sus declaraciones juradas. Además, quieren que el Ministerio Público evalúe las actuaciones de la Auditoría de Ética Pública.
El titular de Aysam, Humberto Mingorance, deberá pagar casi un millón de pesos por las omisiones detectadas en su declaración jurada (DDJJ), correspondiente al ejercicio 2024. La sanción fue impuesta por la Auditoría de Ética Pública (AEP), que además envió las actuaciones a la Justicia ordinaria para que se determine si es necesaria una investigación para comprobar si el funcionario cornejista cometió un delito al no incluir en su informe patrimonial varias propiedades que están a su nombre.
En la DDJJ que presentó el 13 de febrero pasado, Mingorance sólo admitía poseer un lote de 730 metros cuadrados en un barrio privado de Gutiérrez, en Maipú, valuado en $2,3 millones. Pero una investigación de El Sol reveló, con base en registros oficiales, que en realidad es titular de una decena de inmuebles, con distintos porcentajes de participación en cada uno (del 4,69% al 100%).
Tras la difusión de la información, el funcionario modificó en tiempo récord su presentación ante la AET. Así las cosas, el 5 de marzo aclaró que en realidad tiene participación en ocho inmuebles (al terreno en Maipú sumó porcentajes de titularidad en dos cocheras y cinco departamentos).
Más allá de esa corrección y del apoyo del gobernador Alfredo Cornejo, quien anticipó que no pediría la renuncia al titular de Aysam, la AET comenzó una investigación de oficio, que se extendió por tres semanas. El funcionario encargado de llevar adelante el expediente -que se mantuvo bajo secreto de sumario- fue Sebastián Giordano, director de Investigaciones Administrativas y Asuntos Judiciales de la dependencia que encabeza Gabriel Balsells Miró.
Giordano emitió el 26 de marzo un dictamen de nueve puntos, donde sobresalen dos sugerencias: aplicar una multa equivalente al 25% del sueldo del gobernador (la máxima que prevé la ley) y enviar el expediente al Ministerio Público Fiscal (MPF) y al Ministerio de Gobierno, para que las autoridades judiciales y del Ejecutivo analicen si corresponde investigar el incumplimiento de Mingorance.
Tomando como base ese dictamen, el 1 de abril Balsells Miró emitió el acta resolutiva N° 005/2025, que en su primer punto determinó “imponer la sanción de multa del 25 % de la remuneración bruta mensual del Gobernador de la Provincia de Mendoza al funcionario público Humberto Daniel Mingorance, …, equivalente a la fecha a la suma de $981.751,89”. Tras la notificación, comenzó a correr el plazo de cinco días para que el presidente de Aysam presente su descargo.
Por otra parte, en su resolución, Balsells Miró omitió incluir la sugerencia Giordano respecto al traslado del expediente a la Justicia y al Gobierno. Desde la AET explicaron que sólo tienen la potestad para aplicar una multa económica, aunque aclararon que de todas maneras también enviaron al MPF y al Ejecutivo sendos oficios “por cuerda separada”, para ponerlos en conocimiento del resultado de la investigación.
La defensa de Mingorance
Cuando el escándalo escaló en la opinión pública, Mingorance salió a dar explicaciones con entrevistas a diferentes medios y un posteo en las redes sociales.
Uno de los puntos que tuvo que aclarar estuvo relacionado con un informe de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) con respecto al lote en Maipú. Para el organismo recaudador, Mingorance había realizado mejoras que no declaró.
El funcionario lo negó rotundamente y, con una velocidad inusitada, la ATM avaló su reclamo y publicó una resolución admitiendo su error de cálculo.
“El terreno ubicado en Maipú, que lo declaré como baldío, no sufrió rectificación alguna, ya que ATM constató que tiene esa característica. Además, se constató mediante Acta Extraprotocolar que el mismo se encuentra totalmente baldío y no existe construcción clandestina alguna”, dijo Mingorance en su cuenta de la red social X.
“Todos los departamentos y cocheras no incorporadas en mi DDJJ, son donaciones de mis padres con reserva de usufructo a favor de ellos, de inmuebles adquiridos a lo largo de su vida. Con estas propiedades son las que en el año 2022 mis padres deciden realizar un anticipo de herencia reservándose para ellos el usufructo gratuito y vitalicio. No entendí que se hubiera incrementado mi patrimonio y mucho menos ir en contra del espíritu de la ley de Ética Pública”, agregó el 13 de marzo.
Ese mismo día, Cornejo salió en defensa de uno de sus funcionarios de mayor confianza. “Yo creo que él lo ha explicado correctamente. Omitió porque no tiene el usufructo de esas propiedades, interpretó que no tenía que incluirlas”, sostuvo el mandatario.
“Está abierto a que lo investigue la Justicia, va a responder el pedido de informe en el Senado, en Diputados y la notificación de la Oficina de Ética Pública. Si alguien inicia una causa, podrá presentar todas las pruebas“, destacó Cornejo.
Qué dice la ley de Ética Pública
La ley 8993 de Ética Pública obliga a los funcionarios a presentar anualmente sus DDJJ antes del 1 de marzo, teniendo como fecha de corte el 31 de diciembre del año anterior. Pero la normativa no permite conocer con certeza cuál es el patrimonio real de las autoridades provinciales ya que sólo habilita el acceso a información básica, referida fundamentalmente a los bienes (viviendas y automóviles) propios y de sus cónyuges.
“La información brindada se limitará a la enunciación y enumeración de los bienes que componen el patrimonio declarado”, sostiene la norma.
La AET debe controlar cada presentación, aunque en la práctica ese monitoreo es superficial por la gran cantidad de información recibida y la escasez de personal para realizar esa tarea. En tal sentido, el organismo parte de la presunción de honestidad de los funcionarios que informan su patrimonio aunque también puede actuar de oficio ante eventuales irregularidades, como ocurrió en el caso Mingorance.
La ley 8993 de responsabilidad en el ejercicio de la función pública sólo está habilitada para aplicar sanciones económicas cuando se detecta que las autoridades provinciales esconden u omiten información, o no presentan la documentación en los plazos exigidos. Las multas van del 10% al 25% de la remuneración bruta del gobernador.
Cronología del caso Mingorance
- 13/02/2025. Mingorance presentó su declaración jurada del ejercicio anterior, donde sólo figuraba un terreno en Maipú, adquirido el 15 de diciembre de 2023 y valuado en casi $2,4 millones.
- 05/03/2025. Tras una publicación de El Sol, el titular de Aysam corrigió su documentación y reconoció que tiene participación en ocho inmuebles. Según datos de Catastro y la ATM, son diez. La AET comenzó una investigación de oficio.
- 11/03/2025. El Senado aprobó por unanimidad un proyecto para solicitar a la AET que investigue el caso.
- 12/03/2025. La Cámara de Diputados aprobó una iniciativa similar.
- 13/03/2025. El gobernador Alfredo Cornejo confirmó que no le pedirá la renuncia a Mingorance, a pesar de las irregularidades detectadas en su declaración jurada.
- 26/03/2025. Sebastián Giordano, director de Investigaciones Administrativas y Asuntos Judiciales de la AET, emitió un dictamen sugiriendo aplicar una sanción económica y enviar las actuaciones a la Justicia y al Ejecutivo.
- 01/04/2025. Gabriel Balsells Miró, titular de la AET, resolvió multar a Mingorance por casi un millón de pesos. Si bien no se incluyó en la resolución, desde el organismo manifestaron que también se enviaron oficios al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio de Gobierno para que analicen si el funcionario es pasible de una investigación.