Concesionarias de la provincia reconocieron que la decisión del Gobierno nacional modificará el “mapa automotor argentino”, pero que llevará a los usuarios a tener que adoptar un “cambio cultural”.
El Gobierno nacional publicó este miércoles el nuevo régimen que permitirá a los particulares importar autos 0km y usados, sin depender de concesionarias o intermediarios. Desde el sector automotriz de Mendoza aseguraron que la resolución modificará a la industria, pero que también invitará a los usuarios a tener que “abrir su cabeza” y adoptar un “cambio cultural” al que no estaban acostumbrados.
De acuerdo con lo dispuesto en la norma de la Secretaría de Comercio, la nueva modalidad de importación incluirá a todos los vehículos nuevos, acoplados y semirremolques. Para ello, se simplificarán las Licencias de Configuración de Modelo (LCM). Dicho documento acredita que los automóviles que transitan el espacio público cumplan con las normativas de seguridad vial.
Si bien las concesionarias locales se mostraron “tranquilas” con los permisos, indicaron que aún existe una “gran burocracia” cuando se trata de usuarios particulares. Esto sumado a que, a partir de ahora, se “abrirá el mercado y todos tendrán que salir a competir”.
Gustavo Javier López, gerente comercial de Goldstein Automotores, aclaró que el país se encaminó hacia un proceso de apertura de mercado. A pesar de que se trata de un “cambio cultural”, el especialista reconoció que es probable que, poco a poco, las personas se animen a importar rodados de países cercanos como Chile o Brasil.
“Hay personas que se animan a comprar en otro lado y muchos otros que prefieren la comodidad de adquirir una unidad en la provincia. Nadie puede garantizar si la reglamentación tendrá o no un impacto en Mendoza”, sentenció.
Una de las claves de la disposición presentada por el Ejecutivo nacional, es que particulares que importen autos podrán patentarlos utilizando la LCM existente del fabricante o del importador.
Además, se permitirá la inscripción directa con certificación de organismos avalados por las Naciones Unidas, Unión Europea, Estados Unidos y Brasil, evitando reportes de ensayos locales cuando ya exista una homologación reconocida.
Sin embargo, en el caso de que el vehículo importado no cuente con una LCM, el particular podrá patentarlo por sí mismo, mediante un certificado de seguridad vial ante la Secretaría de Transporte. Este último habilita al patentamiento del vehículo en un esquema similar al de una RTO (también conocida como VTV).
Por el momento, los empresarios explicaron que primero deberán empezar a analizar los costos y ver la situación que recaerá en los precios. Según López, todo el sector se tendrá que “adaptar” a las nuevas reglas de juego, para de esa forma poder competir, pero que en principio no afectará al sector.
“El mendocino es muy cerrado, comprar algo en otro país sigue siendo muy burocrático. No es tan fácil para el cliente comprar afuera, por eso pensamos que no va a afectar mucho”, expuso en diálogo con El Sol.
Lo que se debe tener en cuenta es que los ciudadanos podrán traer, desde el exterior, un auto por año. Una vez en el país, la unidad no podrá ser transferida de titular por los dos años siguientes a su importación. Esto con el objetivo de evitar que se establezca un negocio paralelo con la importación de particulares.
Los costos
Un importador posee un margen que varía entre el 15% y el 30%, porque de ahí se pagan todos sus costos, que van desde impuestos salariales, consumos, logística, publicidad, entre otros. Cada automotriz tiene su forma de acceder por la envergadura como compañía, diferente de un pequeño importador que suele tener una estructura más reducida.
Con la resolución publicada este miércoles, los costos de los trámites fueron definidos en Unidades Retributivas (UR, que tienen un costo de $836,89 por unidad), con tarifas diferenciadas según el tipo de vehículo y el procedimiento a realizar. Según lo establecido, se fijaron 6.000 UR para obtener una Licencia de Configuración de Modelo en vehículos livianos, y 12.000 UR, en lo referido a camiones o colectivos.
En cuanto a las actualizaciones técnicas, los aranceles van desde 400 a 800 UR por cada punto modificado. Incluso, los pagos se efectuarán mediante la plataforma estatal e-recauda y los comprobantes deberán presentarse al iniciar cada gestión.
Para el control técnico, por parte, se autorizó a la Subsecretaría de Gestión Productiva a realizar auditorías, firmar convenios internacionales y aceptar reportes de ensayo de laboratorios acreditados por organismos como el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el OAA (Organismo Argentino de Acreditación), o incluso laboratorios de Estados Unidos avalados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés).
Por último, se contempló la posibilidad de cesión de licencias y constancias técnicas, aunque se prohíbe hacerlo como garantía. Las cesiones deberán cumplir con los requisitos del Código Civil y Comercial.
Las contras
Uno de los problemas que nacen o se desprenden de este nuevo sistema, en palabras de Leandro Lipari, gerente comercial de Lorenzo Automotores, es la necesidad de repuestos que no se vendan en el país y que tendría dos impactos. Uno de ellos es que habrá que importar dicho repuesto ante una rotura o accidente y el costo del seguro.
Para una compañía que no tendrá repuestos para reponer ante un siniestro, es posible que se encarezca la póliza o, en su defecto, que no se asegure el vehículo contra todo riesgo sino solo contra terceros.