Desde el organismo se refirieron a los 18,5 millones de metros cuadrados de mejoras en propiedades que no habían sido registradas y por los que el Gobierno busca generar más ingresos tributarios.
Como contó MDZ, el Gobierno de Mendoza identificó construcciones no declaradas en zonas urbanas de toda la provincia que equivalen al 35% de la superficie del territorio de la Ciudad de Mendoza. En total, se detectaron 18,5 millones de metros cuadrados de mejoras en propiedades particulares que no habían sido registradas por los propietarios ni incluidas en el cálculo del Impuesto Inmobiliario. El relevamiento fue realizado por la Dirección de Catastro de ATM mediante vuelos especializados durante 2023 y 2024 y desde el Ejecutivo provincial estiman que la regularización de estas construcciones generará un incremento del 10% en la recaudación de dicho tributo.
Esto fue incluido en el proyecto de Avalúo e Impositiva 2025, que este último miércoles obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados provincial. En el Gobierno aseguraron que no serán rigurosos con el castigo y no se cobrará retroactivamente. Relataron que ATM empezará a notificar de oficio en los próximos boletos del Impuesto Inmobiliario a los contribuyentes que se han detectado en su parcela metros sin declarar.
Con el correr de los días, no hubo sobresaltos en lo que refiere a materia impositiva, pero sí se dieron a conocer planteos en materia de infraestructura. Precisamente, desde el Centro de Ingenieros de Mendoza advirtieron los riesgos latentes que implica que haya edificaciones “flojas de papeles” ante un eventual sismo o un derrumbe parecido al ocurrido recientemente en Villa Gesell. El planteo fue dirigido específicamente al ministro de Territorio, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.
A través de un escrito, señalaron: “El Centro de Ingenieros de Mendoza se dirige el Sr. Ministro en relación al anuncio de las autoridades provinciales, referido a la incorporación en los valores del Impuesto Inmobiliario 2025 de 18.5 millones de m2 construidos clandestinamente en Mendoza”.
“Se ha anunciado que en el avalúo fiscal de las propiedades sobre el cual se calcula el impuesto inmobiliario, se agregarán 18.5 millones de m2 que se han construido clandestinamente, independientemente de lo justo que resulta que cada contribuyente pague sus impuestos sobre el valor de las propiedades que realmente tiene, este dato nos sorprende enormemente y consideramos que implica riesgo en nuestra zona sísmica”, detallaron.
En esos términos, agregaron: “¿Por qué nos sorprende? Porque de acuerdo a los registros de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de la Provincia de Mendoza, entre 2003 y 2023 se construyeron 18.729.775 m2, incluidos en este valor 4.434.177 m2 de construcciones clandestinas que se declararon después de construidas. Es decir que, de acuerdo al relevamiento realizado por el Gobierno, se han detectado la misma cantidad de m2 clandestinos que los m2 registrados durante 20 años.
“¿Por qué consideramos que es riesgoso? Porque entre los 18,5 millones de m2 no declarados y los 4,4 millones declarados con posterioridad a su construcción, se han construido por lo menos 23 millones de m2 (equivalente a 377.000 viviendas de 61m2) clandestinamente, es decir sin la supervisión profesional y el control municipal durante su ejecución. Esto claramente puede resultar absolutamente catastrófico durante la ocurrencia de un sismo severo”, esgrimieron desde el organismo presidido por Daniel Di Maria.
Integrantes del Centro de Ingenieros resaltó que “cabe recordar que en el año 2023 en Turquía, ocurrió un terremoto de gran magnitud que dejó como saldo 50.000 personas fallecidas, como consecuencia de la destrucción de gran cantidad de edificios que habían sido construidos clandestinamente, sin la participación de profesionales ni la supervisión de las autoridades correspondientes y hace muy pocos días vimos caer un edificio en la Ciudad de Villa Gesell en el que se realizaban tareas de remodelación sin la autorización municipal y en el que fallecieron siete personas”.
“Por lo expuesto solicitamos al Sr. Ministro que además de aumentar el avalúo fiscal de las propiedades sobre las que se ha construido superficie cubierta sin declarar, se implementen a través de los organismos correspondientes, las medidas necesarias para determinar la capacidad de dichas construcciones clandestinas al momento de enfrentar un sismo severo, que seguramente ocurrirá más temprano que tarde en la Provincia y de esta manera evitar responsabilidades futuras sobre las consecuencias de la catástrofe, como seguramente deberán afrontar las autoridades de Turquía y Villa Gesell, sólo por dar ejemplos cercanos en el tiempo”, concluyeron.
Desde el Gobierno provincial le aseguraron a MDZ que, en realidad, se trata de un tema municipal. Por ello, este diario le consultó a una fuente de un departamento del Gran Mendoza, que deslizó que “la gente no sabe lo que contrata en cuanto a servicios profesionales de la construcción. En muchos casos son los mismo profesionales los que evitan realizar el trámite municipal y prefieren ir por la clandestidad y posterior declaración como relevamiento en moratoria. Son cómplices de lo que ahora se asustan… porque son consientes de los planos de relevamiento porrque venden los certificados profesionales para ese rubro. Han querido arbitrar el mercado, fijando precios y honorarios, y por eso les ha ido mal. Si fueran tan conscientes, promoverían en sus Colegios que no sucediera esa evasión. Pero en el fondo no les interesa, solo les interesa la caja que cobran y que no aporta nada al ciudadano promedio…”.