El Consejo Provincial del Ambiente consideró viable el proyecto, aunque emitió un conjunto de observaciones técnicas, sociales y ambientales que deberán cumplirse para avanzar hacia una minería responsable y sostenible.
El Consejo Provincial del Ambiente (CPA) dio luz verde al proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, aunque advirtió sobre una serie de observaciones clave que deberán atenderse para garantizar un desarrollo bajo estándares de sostenibilidad, protección ambiental y participación ciudadana. El informe final fue elevado a la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM) y representa una etapa crucial en la evaluación del proyecto.
El documento, resultado de un análisis multisectorial, sostiene que el emprendimiento sería viable si se compatibilizan las recomendaciones emitidas con los requerimientos al proponente. El CPA destaca el potencial socioeconómico del proyecto —especialmente en términos de generación de empleo—, pero subraya la necesidad de monitoreo continuo, participación local y un enfoque preventivo ante posibles impactos.
Entre los puntos más sensibles del informe figuran aspectos ambientales, hídricos y sociales que requieren mayor profundización.
Principales observaciones señaladas
- Monitoreo del Arroyo El Tigre: se solicita profundizar los estudios sobre esta fuente hídrica vital, mediante balances validados, monitoreo en tiempo real y análisis de variabilidad climática.
- Refuerzo de la línea de base ambiental: el informe exige realizar análisis estacionales sobre la calidad del agua, aire, biodiversidad y suelos, con metodología precisa y datos representativos del ambiente andino.
- Estudios geomorfológicos e hidrogeoquímicos: se reclama ampliar el conocimiento sobre el territorio y desarrollar modelos predictivos capaces de anticipar escenarios de contaminación.
- Protección de vegas y humedales de Yalguaráz: el proyecto deberá incorporar medidas específicas de conservación, especialmente en áreas sensibles como el Qhapaq Ñan, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.
- Gestión de residuos sólidos y peligrosos: el informe exige planes con trazabilidad, enfoque de economía circular y participación de empresas locales en la gestión de residuos.
- Evaluación de impactos acumulativos: se recomienda tener en cuenta el tránsito, la transformación del paisaje y los pasivos ambientales, particularmente en la etapa de cierre y post cierre.
La evaluación del CPA se basó en el Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por la empresa proponente, así como en dictámenes de más de 15 organismos sectoriales, documentación técnica, estudios hídricos y aportes de capacitaciones previas. Participaron representantes del sector público, productivo, académico, organizaciones sociales y ambientalistas, incluyendo a instituciones como IADIZA, Fundación Villavicencio, CAMZA, FEM, ADERPE, OIKOS, y Reciclarg.
Aunque se habilita el avance hacia la etapa constructiva del proyecto, el CPA insistió en la necesidad de garantizar el cumplimiento estricto de la normativa ambiental vigente, implementar instrumentos de evaluación económica y financiera para todas las etapas, incluyendo el post cierre; y fijar una metodología de transparencia y participación pública efectiva, como ejes de la gobernanza ambiental.
El informe concluye que la viabilidad del proyecto dependerá del compromiso de la empresa proponente para implementar los ajustes requeridos y alinearse con los principios de la minería responsable, bajo estándares internacionales.