Cytric Solutions, que competía con otras tres empresas, quedó preseleccionada. Ofreció un contrato por más de $2.500 millones. Fiscalía de Estado avaló el proceso, pero pidió explicaciones técnicas adicionales.
La millonaria licitación para instalar un sistema de bloqueo de celulares en las cárceles mendocinas ya tiene una empresa preseleccionada. Se trata de Cytric Solutions SRL, que obtuvo el puntaje más alto en la evaluación técnico-económica y quedó a un paso de adjudicarse el contrato por más de $2.500 millones. Su propuesta fue la más cara, pero también la mejor valorada.
La decisión fue oficializada por la Comisión de Preadjudicación del Ministerio de Seguridad, que resolvió descartar las propuestas de otras tres empresas que se presentaron en la compulsa pública. El dictamen fue remitido a Fiscalía de Estado, que validó el proceso, aunque pidió algunas precisiones técnicas y formales antes de cerrar el expediente.
La decisión no pasó desapercibida ya que Cytric presentó la oferta más costosa de las cuatro firmas que compitieron. Radicada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dirigida por Alejandro y Guido Guelman, entró al juego con tres propuestas, entre ellas una de 2.215.000 dólares, la más alta de la licitación.
Esa fue justamente la oferta ganadora. La cifra equivale a $2.569 millones al tipo de cambio oficial del 16 de abril ($1.160), superior al presupuesto oficial del proceso, que alcanzaba los $2.315 millones. Sin embargo, Seguridad calificó como “superadora” a esa propuesta, tanto en la tecnología ofrecida como en la experiencia acreditada.
Las propuestas que quedaron afuera
La licitación pública fue autorizada el 19 de marzo mediante el Decreto 552/25 y publicada oficialmente el 26 de ese mes. La apertura de sobres tuvo lugar el 22 de abril, cuando se confirmó que eran cuatro las empresas interesadas. Además de Cytric, se presentaron:
- Broda, la empresa mendocina representada por Santiago y Joaquín Barbera que se unió a Issatec, presentó cuatro alternativas, incluida la oferta más baja de todo el proceso (1.099.675 dólares).
- Exanet SA, con base en la provincia de Buenos Aires y encabezada por Hugo y Darío Menegozzi, presentó una oferta por 1.594.500 dólares.
- Business Integrated Systems, que también opera desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene como cara visible a Lucila Fernández de Loof, y elevó una única propuesta, por 2.062.824,96 dólares.
Aunque los montos eran sensiblemente menores que los de Cytric, todas fueron descalificadas por incumplimientos. La Comisión de Preadjudicación consideró que ninguna de estas firmas alcanzaba el nivel mínimo requerido y descartó sus propuestas por “inadmisibles” o “no competitivas”.
Exanet no logró acreditar experiencia previa en el tipo de servicio requerido y no presentó la garantía de oferta, lo que fue considerado un incumplimiento no subsanable.
En el caso de Broda e Issatec, las falencias estuvieron en aspectos técnicos: no entregaron el certificado del fabricante de los equipos, no ofrecieron la garantía de funcionamiento por 24 meses ni incluyeron el sistema de bloqueo selectivo exigido para unidades tácticas. También omitieron un compromiso de confidencialidad, clave para este tipo de tecnologías sensibles.
Finalmente, Business Integrated Systems ni siquiera cumplió con requisitos básicos: no estaba inscripta en el Registro Único de Proveedores, no acompañó antecedentes técnicos y también omitió la garantía de oferta.
Qué observó Fiscalía de Estado
El expediente fue luego remitido a la Fiscalía de Estado, que analizó la legalidad del procedimiento. En el Dictamen Nº 511/25, el organismo avaló el proceso, pero introdujo dos observaciones que deberán corregirse antes de avanzar con la adjudicación definitiva.
Por un lado, pidió que en el decreto de adjudicación se amplíen “los fundamentos que motivaron la no asignación de puntaje en el aspecto de ‘oferta de carácter superador’ a los oferentes Broda S.A., Exanet S.A. y Business Integrated Systems”.
Además, aunque no cambió su decisión, la Fiscalía de Estado reiteró su postura crítica sobre el rechazo automático de garantías de caución sin firma societaria, como ocurrió con Exanet y Business Integrated Systems.
Con la preadjudicación definida y el dictamen de Fiscalía ya en el expediente, solo resta que el Ministerio de Seguridad subsane las observaciones pendientes y emita el decreto de adjudicación. De acuerdo con los plazos habituales para este tipo de contrataciones, ese paso demandaría al menos un mes.
Una vez firmado el acuerdo, Cytric tendrá medio año para implementar el sistema que permitirá identificar información técnica clave de los dispositivos móviles en el sistema penitenciario, en zonas estratégicas o investigaciones criminales complejas. La contratación incluye:
- Una licencia por dos años con 2.000 créditos de consulta.
- Un módulo táctico vehicular y un módulo portátil tipo mochila.
- Soporte técnico 24/7 durante dos años.
- Capacitación para al menos 10 operadores del Ministerio de Seguridad.
- Documentación, puesta en marcha y pruebas de aceptación.
El pliego bajo la lupa
Aunque el proceso de licitación avanzó con la preselección de Cytric y el dictamen favorable de Fiscalía de Estado, en las últimas semanas surgieron cuestionamientos técnicos sobre el contenido del pliego y la coherencia entre la convocatoria inicial y las especificaciones solicitadas.
Por ejemplo, el nombre descriptivo y el objeto original de la licitación pública (“Implementación de sistemas de control e inhibición de señales en Penitenciarías”) es diferente al establecido en las clausulas particulares del pliego técnico (“Plataforma integral de georreferenciación para investigación criminal, incluyendo módulos tácticos de localización y bloqueo selectivo de señales con destino al Ministerio de Seguridad y Justicia”).
En tal sentido, especialistas sostienen que los tres ítems destacados del proceso no se relacionaron estrictamente con un sistema de inhibición de señales de celulares en las cárceles.
Por un lado, destacan que que el pliego apuntó básicamente a plataformas orientadas a la localización táctica, con módulos portátiles y vehículos que se utilizan habitualmente en la calle.
También plantearon dudas sobre el precio y calidad de los equipos requeridos y los valores por el uso del software (medidos en consultas o créditos), presuntamente superiores en comparación con los estándares que se manejan a nivel mundial.
Sin embargo, hasta ahora no se presentaron impugnaciones administrativas formales al proceso, que tiene como objetivo reducir las comunicaciones ilegales desde las unidades carcelarias y mejorar las capacidades de inteligencia operativa.
La solución tecnológica debe incluir módulos tácticos para detección, localización, bloqueo selectivo y análisis de movimientos – en tiempo real o histórico- de dispositivos celulares.
La instalación de estos sistemas busca frenar delitos como estafas virtuales, amenazas o extorsiones orquestadas desde el interior de establecimientos penitenciarios, donde muchas veces los reclusos operan con líneas prepagas o teléfonos que ingresan de forma clandestina.