La Caja de Seguro Mutual ofrece la cobertura por siniestros a los empleados del Estado. Se financia con recursos propios y hasta realiza inversiones. El proyecto del Ministerio de Hacienda para suprimirla.
Una de las reformas financieras que el Gobierno de Mendoza quiere realizar apunta sobre un organismo autárquico del Estado que sólo en 2023 generó una bolsa de $1.500 millones y cuya eliminación ha generado no sólo malestar sino también más de una pregunta. Se trata de la Caja de Seguro Mutual, una entidad que pese a contar con años de historia, suele ser desconocida para los empleados estatales de la provincia aunque, religiosamente, todos los meses figure el descuento en sus bonos.
La dependencia tiene amplias oficinas en el cuarto piso de un edificio ubicado sobre 9 de Julio, casi Gutiérrez, en pleno microcentro. En concreto, su misión principal es ofrecer seguros de vida a los agentes estatales a través de un mecanismo solidario que resulta del descuento mensual por bono.
En el proyecto presentado por el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, el artículo 11 establece la disolución, liquidación y supresión del organismo, que ya tiene plazo de expiración: funcionará hasta el 31 de diciembre de este año.
La liquidación de la Caja se encuentra en el capítulo de Manejo Eficiente de Activos, junto a la privatización de la cartera de créditos del Instituto Provincial de la Vivienda. En los argumentos de la norma, se hace referencia al IPV pero no a la Caja.
La finalidad del Gobierno sería otorgar esta prestación a un privado. El intento no es nuevo, pero ahora está formalizado y contenido en una reforma general. Ya en 2018, se barajó la posibilidad que otra entidad mutual se hiciera cargo de la entidad que hoy dirige el ex legislador radical Roberto Infante. No sucedió.
El principal potencial está en la cartera de clientes. Actualmente, aportan más de 150 mil afiliados, aunque no todos están en dependencia directa de la Provincia y no todos se encuentran en actividad. Hay un detalle importante en materia financiera: los códigos de descuento que otorga la Provincia para que, ante un seguro, un préstamo u otra prestación, se descuente automáticamente por bono.
Los defensores de la Caja -ahí se anotan los gremios estatales- sostienen que la entidad no tiene pérdidas. Es pura y total recaudación de los empleados. Por ende, se preguntan por qué se quiere avanzar sobre una dependencia que, en teoría, funciona correctamente y que es totalmente solventada por el débito mensual de los haberes estatales, por lo que mantiene individualidad financiera de la Provincia.
Cómo funciona el fondo solidario
“La Caja de Seguro Mutual, vinculada al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Mendoza, administra un seguro por fallecimiento de empleados públicos provinciales (activos y pasivos); cónyuge e hijos menores de 18 años de edad, o hijos incapacitados. El fin es inminentemente social dando soluciones a los inconvenientes que un hecho luctuoso acarrea a la familia como consecuencia del fallecimiento de un familiar”. Así se presenta el organismo en su sitio web oficial.
Sin embargo, hay una cuestión llamativa: muchos empleados públicos ignoran que existe la Caja de Seguro Mutual y que las áreas de liquidaciones les retienen el 2% como aporte mensual obligatorio.
El principal concepto de la Caja, que se rige por la ley provincial 9121, es la solidaridad. Toda la masa de empleados de la Provincia paga lo mismo, independientemente de la función, la antigüedad, la edad o lo que perciba.
Esa recaudación constituye un fondo solidario que se distribuye cada vez que un agente fallece. Cuando se produce un siniestro, el organismo paga un anticipo en un plazo de 25 días para gastos de sepelio, por debajo incluso de lo que sucede en el sector privado, donde sucede después de los 30 días. Luego, se procede a la liquidación total con los familiares que se presentaron.
Esa distribución dependerá, a su vez, de la cantidad de siniestros. Hay un promedio general. En un año ese fondo solidario se distribuye por el deceso de unas 1.100 personas, aproximadamente.
Para tener una dimensión de lo que mueve financieramente, hay que considerar los datos de 2023.
En el primer semestre, se distribuyeron los recursos por el deceso de 418 empleados titulares, por 110 cónyuges y 6 hijos (534 siniestros). En el segundo semestre, por 445 titulares, 97 cónyuges y 9 hijos (545 siniestros). En total, 1.079 casos en los que se liquidó el seguro de vida.
La Caja, por ley, también cubre el fallecimiento de personas con discapacidad: en el primer semestre fueron 37 siniestros y, en la segunda mitad, 48.
En total, la erogación por los siniestros durante 2023 alcanzó los $1.475 millones.
Sin embargo, hubo un momento donde esa cifra se disparó a un 40%. Ocurrió en la pandemia de coronavirus, pero más que nada en 2021, cuando se registraron 1.454 siniestros.
Para más datos: hubo 739 fallecidos en el primer semestre (570 titulares, 161 cónyuges y 8 hijos) y 715 en el segundo (563, 142 y 10, respectivamente).
En este enlace, se encuentran las liquidaciones de los últimos tres años de la Caja de Seguro Mutual.
El otro componente importante es el Fondo de Reserva, que actualmente cuenta con $1.100 millones. En 2021, debido al incremento en los siniestros por la emergencia sanitaria, se tuvo que acudir por primera vez a ese Fondo de Reserva de la Caja.
En datos
La Caja tiene tiene dos tipos de afiliados, directo e indirecto, que pagan diferentes valores. El directo es el empleado titular del seguro y el indirecto, su pareja e hijos. Todo se descuenta por bono del titular.
En abril, se retuvo $1.854 al afiliado directo; por el o la cónyuge se abonó $1.066; y por hijos, $185 (en este caso, por la totalidad, no importa si es uno o más).
Estos montos se actualizan por paritarias, pero el coeficiente es fijo. Los que conocen el funcionamiento del ente aseguran que se pagan los valores más bajos en el mercado de seguros de vida.
En líneas generales, los aportantes son empleados de la administración central, municipios, jardines maternales, personal de Irrigación (tomeros) y jubilados, incluso, que decidieron continuar pagando el servicio.
En 2015, el anticipo para el sepelio era del 25%. Al 2023, se llegó al 75% de esa cobertura, pero el promedio baja al 70% entre las tres categorías de afiliados.
El presupuesto 2023 que votó la Legislatura fue de $1.140 millones, pero el ejecutado ascendió a $1.690 millones. La diferencia está en aproximadamente unos $500 millones de intereses.
Ese margen de ganancia es el que configura el llamado Fondo de Reserva, que se forma por inversiones que realiza el organismo con, por ejemplo, plazos fijos. La última licitación que se hizo fue ganada por el banco Supervielle.
La Caja tiene autorización para realizar inversiones a través de diferentes mecanismos. Hoy cuenta con inversiones en dólares, letras y bonos. En 2021, por ejemplo, se licitaron y se realizaron operaciones a través de la Bolsa de Comercio.
También tiene ingresos por comisiones, a partir de acuerdos con empresas del sector turístico que ofrecen beneficios a los afilados. Esto también se licitó y una de las ganadoras en Mendoza fue Andesmar. Por este concepto, ingresaron $3,5 millones.
Cuando asumió Alfredo Cornejo al frente de la gobernación, en 2015 la Caja de Seguro Mutual tenía 30 empleados. En la actualidad, trabajan 19, entre ellos, el gerente. La reducción de la planta de personal se hizo por jubilaciones, renuncias y un despido.
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