La Justicia allanó cooperativas acusadas de cobrar más de $ 5.000 millones por guardapolvos que no entregaron

La causa está siendo investigada por la Justicia Federal, tras una denuncia de la ministra Pettovello. 33 cooperativas fueron contratadas en la gestión de la ex ministra Tolosa Paz confeccionar un millón y medio de prendas. Investigan si entregaron menos de la mitad de lo previsto y cobraron el 80% del dinero

La ex ministra Tolosa Paz firmó los acuerdos con las cooperativas para fabricar guardapolvos

La Justicia ordenó una serie de allanamientos a cooperativas y domicilios involucrados en la denominada “Causa Guardapolvos”, que investiga maniobras con la fabricación de esas prendas para ser entregados a más de un millón y medio de chicos sin recursos económicos. La denuncia que hizo el gobierno actual acusa a la gestión de la ex ministra Victoria Tolosa Paz de haber pagado por piezas que no se hicieron.

Los operativos se realizaron por orden del juez Julián Ercolini, a solicitud del fiscal Carlos Rívolo, según pudo confirmar Infobae. Fuentes oficiales admitieron que la investigación avanzó en las últimas semanas a toda marcha y que hubo “mucha prueba recolectada”, principalmente sobre la incapacidad que tenían las entidades contratadas para realizar el trabajo por el que recibieron dinero público.

La investigación apunta a una serie de convenios que firmaron Tolosa Paz y al secretario de Articulación de Política Social, Leonardo Moyano, con una treintena de cooperativas por un monto superior a los 5.000 millones de pesos, para la confección de los guardapolvos que iban a ser destinados a estudiantes de bajos recursos económicos. Según la auditoría del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, y que presentaron ante la Justicia, del total comprometido se entregaron menos de la mitad de las prendas, pero se cobró casi el 80% del total de fondos comprometidos.

El Gobierno acusó a la ex funcionaria y actual diputada de Unión por la Patria de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, debido a las “irregularidades manifiestan” en los convenios que ambos “no podían desconocer y/o ser ajenos”. También se investigan delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

En la presentación, a la que tuvo acceso Infobae, el Gobierno presentó un detalle pormenorizado de cada convenio y los incumplimientos registrados. Del total de cooperativas sobresalen cinco que recibieron entre 600 y 700 millones de pesos cada una, que cobraron por anticipado el dinero, pero no entregaron todas las prendas que debían. Entre ellas están Los Pitufos y 15 de Julio, que son de Quilmes, el partido de la intendenta camporista Mayra Mendoza; Mariscal Francisco Solano López y Kbrones, de La Matanza, el municipio del peronista Fernando Espinoza; y Manos, de Berisso, otra intendencia del PJ, entre otras.

Además, de las mencionadas cooperativas, también firmaron acuerdos Resurgir, Nueva Generación, Nuestra Señora de Fátima, Dos Soles, Textil 13 Rosas, Manos Obreras, Cosiendo Esperanza, Pupore, Blanco País, RBD Textil, Pura Pampa, RelmuanTV, Branca, Texarg, CM, Darío Santillán, Oscar Barrios, Futuro, Del Camino, Martín Fierro, Hilando Pueblos, 25 de Mayo, Confecciones Eigenfeld, Tejiendo Compromiso y Estrella Azul. En total, las 30 firmaron convenios para confeccionar 1.595.000 guardapolvos, con un presupuesto previsto (a razón de $ 4.305,25 por cada uno) de 7.000 millones de pesos (6.866.693.750 pesos, para ser precisos). Según la cuenta elaborada por este medio en base a la presentación judicial, del global exigible se entregaron sólo 760.249 guardapolvos, mientras que 834.751 quedaron pendientes. Pese a que hicieron menos de la mitad de lo acordado, las cooperativas igual cobraron $ 5.307.242.200, es decir, el 78% de lo presupuestado.

De acuerdo con la denuncia, que surgió de una de las tantas auditorías que viene realizando un equipo que está órdenes directas de Pettovello, los datos surgieron de los expedientes que obran en el disuelto Ministerio de Desarrollo Social. En esos trámites oficiales, quedó expuesto que las cooperativas recibían pagos fraccionados por el total del contrato a contra entrega, pero que el incumplimiento de lo firmado no era obstáculo para que los funcionarios hicieran los desembolsos. En un relevamiento realizado por Infobae se detectó en el listado que al menos cuatro cooperativas cobraron más de 350 millones sin haber hecho, siquiera, un solo guardapolvo.

Entre las innumerables irregularidades, se destacó un tramo de la denuncia: “Casualmente, antes de finalizar la gestión, en fecha 7 de diciembre de 2023, el entonces secretario de Articulación de Política Social del ex Ministerio de Desarrollo Social firmó una resolución en donde aprobaba las adendas con prórrogra del plazo de ejecución de los convenios. Una misma resolución para 29 cooperativas (…) Resulta al menos polémico y extraño que en un solo acto administrativo se hayan nucleado autorizaciones de diversas adendas pertenecientes a numerosas cooperativas”.