Con el peligro latente de estar en la zona de mayor intensidad sísmica del país, en Mendoza hace años crecen las obras sin permisos ni controles. Apuntan a los municipios como responsables.
La construcción clandestina en Mendoza ha experimentado un notable incremento en los últimos años, alcanzando su punto más alto desde 2019. Según datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones (DEIE), en 2024, más del 30% del total de metros cuadrados construidos carecía de permisos previos. Además, denunciaron que muchos inmuebles están siendo sistemáticamente aprobados sin cumplir las exigencias requeridas.
El Centro de Ingenieros de Mendoza alertó sobre los graves peligros que esta tendencia conlleva, especialmente la amenaza de derrumbes debido a la actividad sísmica de la región. En este contexto, se señaló a las autoridades gubernamentales como las principales responsables, y se denunció la entrega de permisos sin las revisiones correspondientes solo para cobrar los cánones municipales.
Los datos de la construcción clandestina
El informe de la DEIE revela un significativo aumento en las obras construidas sin los permisos correspondientes. Los metros cuadrados edificados de manera clandestina en la provincia pasaron de “195.471 (20,85% del total) en 2021, a 355.665 metros cuadrados (31,48% del total) en 2024”.
Al ampliar la medición desde el año 2000, el total de metros cuadrados construidos en Mendoza sin los permisos necesarios asciende a 5.180.877, lo que representa el 23,88% del total edificado en la provincia.
La preocupación por la seguridad pública
Más allá de la falta de validación burocrática, el Centro de Ingenieros local advirtió que, “debido a que vivimos en la zona de mayor actividad y peligrosidad sísmica del país”, la ejecución de las obras en Mendoza debería “ser estrictamente acorde a las reglamentaciones y normas vigentes con el asesoramiento de un profesional habilitado”.
Daniel Di María, presidente del Centro de Ingenieros, explicó a El Sol que para realizar “cualquier construcción” es necesario “presentar una serie de documentación”, como planos detallados del proyecto. Estos deben ser aprobados por el municipio, que a su vez debe controlar el cumplimiento de las etapas de ejecución, siempre considerando la resistencia sísmica, un factor clave para las construcciones en Mendoza.
Aunque las municipalidades realizan campañas para la regularización de construcciones clandestinas, estas suelen llevarse a cabo una vez que el inmueble ya está terminado y, en muchos casos, en funcionamiento.
Di María alertó que “cuando se presenta con posterioridad, hay veces que se hace un control, pero hay veces que el único control es el de medidas, o ni siquiera eso“. Continuó explicando que “es una cosa muy superficial y en muchos casos ni siquiera el plano se presenta”.
El documento presentado por el Centro de Ingenieros enfatizó que “el hecho de que el municipio otorgue un permiso o devuelva un plano con un sello municipal no transforma a esas construcciones clandestinas en edificios sismorresistentes. Muy por el contrario, esconde su principal defecto que es que no fueron construidas según la norma vigente y, por lo tanto, su peligrosidad es altísima”.
La responsabilidad estatal
Di María atribuyó el aumento de las construcciones clandestinas a dos motivos principales. En primer lugar, la “burocratización” de los trámites, que dificulta el proceso para legalizar una construcción. Sin embargo, el factor más relevante, según él, es que “se ha dejado de controlar lo suficiente”.
Relató que “antes los inspectores municipales recorrían la ciudad y registraban cualquier movimiento que no tuviera cartel de obra o que no tuviera el permiso correspondiente. Entonces, paralizaba la obra y era fácilmente detectados antes de que ocurrieran. En cambio, ahora la vigilancia por parte de los municipios es más laxa”.
La implicación de los municipios en esta problemática fue un punto central del documento del Centro de Ingenieros, dedicando “un párrafo especial para los dirigentes políticos y /o funcionarios municipales o provinciales que alientan las construcciones sin permiso previo y la eliminación de los controles de ejecución”.
El presidente del ente comentó que es “muy común que los intendentes una vez cada dos o tres años hagan una moratoria de construcciones clandestinas”, pero, a su entender, esto se hace con el único fin de “incorporar esas propiedades al régimen de cobro de la municipalidad“, en lugar de aplicar controles más estrictos.
De hecho, en 2024, el 43% de los permisos se otorgaron a construcciones clandestinas. Según el Centro de Ingenieros, 2.394 inmuebles fueron habilitados sin cumplir con los controles exigidos.
Di María concluyó con una interrogante: “Yo pregunto: una casa que no fue construida sísmicamente, después se rompe durante un terremoto y mata a alguien, ¿quién es el responsable? Debería considerarse responsable aquellos que autorizan ese tipo de cosas”.