Con la firma de los 7 ministros del máximo tribunal de justicia de Mendoza se presentó en la Legislatura una propuesta para modificar el artículo N° 96 de la Ley N° 9.001 lo que permitiría a personas con bajos recursos llevar adelante un proceso judicial sin tener que pagar los costos de justicia o los honorarios de los abogados.

La Suprema Corte presentó un proyecto de ley para simplificar el trámite de litigar sin gastos

El proyecto de ley presentado en la legislatura lleva la firma de los 7 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza: Norma Llatser, Omar Palermo, Mario Adaro, Dalmiro Garay Cueli, María Teresa Day, Julio Gómez y José Virgilio Valerio.

“Se solicitará la reforma al Código Procesal Civil, a fin de la implementación del nuevo sistema de Litigar sin gastos. El mismo permite el chequeo de bases de datos y que el otorgamiento del beneficio se haga on- line. Vale decir, que de los dos a seis meses que hoy demora -y la cantidad de empleados, funcionarios y jueces que debían intervenir en su trámite- se va a reducir a una sola consulta, que en un minuto lo reemplazará, logrando así mantener la exigencia de la normativa fiscal, pero con un uso racional del recurso humano y presupuestario del Poder Judicial”.

Con estas palabras el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay Cueli, adelantaba en la apertura del año judicial lo que se terminó concretando: El máximo tribunal de justicia, por unanimidad de sus integrantes, presentaron en la legislatura un proyecto de ley que tiene por objetivo modificar el artículo N° 96 de la Ley N° 9.001 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la provincia de Mendoza.

En lo concreto lo que se busca es que la ciudadanía pueda acceder al “beneficio de litigar sin gastos” de manera más ágil y sencilla lo que a su vez permitirá una optimización del recurso humano. Esto debido a que en la actualidad este tipo de causas son casi el 24% de las causas que ingresan y demandan mucho tiempo y personal.

Para tener un parámetro, esta gestión que hace el ciudadano implica un trámite complementario al proceso principal (incidente) para lo cual el litigante debe adjuntar un formulario e informes de los registros de propiedad del automotor e inmobiliario, como así también la acreditación de la situación fiscal y de empleo. Una vez acreditado -y previo dictamen del Fiscal- el Juez puede otorgar este beneficio. Parece sencillo, pero tramitar este incidente demora meses. Por intermedio del Laboratorio de Innovación de la Suprema Corte de Justicia, en coordinación con personal de fueros e informática, diagnosticaron que solo en el año 2024 esta tramitación demandó 9.900 horas de trabajo del personal judicial, con un costo salarial de $ 155 millones.

Este beneficio de litigar sin gastos permite a personas con bajos recursos llevar adelante un proceso judicial sin tener que pagar los costos de justicia o los honorarios de los abogados, siempre y cuando demuestren su imposibilidad de afrontarlos.

Gracias a un convenio firmado con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinetes de Ministros de la Nación se avanzó con el desarrollo de servicios innovadores para mejorar la eficiencia del sistema judicial provincial y garantizar un mejor acceso a la justicia para la ciudadanía. Este acceso sobre el cual se trabajó refiere el sistema a las bases de datos oficiales del Sistema de Identificación Tributario y Social (SiNTYS) que nuclea los registros de ARCA, ANSES, Registro Nacional del Automotor, Registros de Bienes Suntuosos y Registro de la Propiedad raíz.

Ahora, mediante un sistema trabajado en conjunto entre el Laboratorio y el equipo de informática del Poder Judicial, mediante el acceso autorizado, se podrá realizar la consulta -en un minuto- solo introduciendo el número de DNI o de CUIL de los litigantes. En caso que el sistema arroje que el ciudadano no puede contar con el beneficio, el litigante podrá solicitar al Tribunal que evalúe el otorgamiento mediante el mecanismo procesal vigente en la actualidad.

El proyecto cuenta con la firma de la totalidad de ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia: Dalmiro Garay Cueli, Norma Llatser, María Teresa Day, Mario Adaro, José Valerio, Julio Gómez y Omar Palermo.

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