A la espera de la confirmación de la fecha de la marcha federal (17 o 24 de septiembre), gremios docentes llamaron a paro sin asistencia a los lugares de trabajo para este viernes.
El Gobierno publicó este miércoles el veto a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso a fines de agosto. Establecimientos educativos habían anticipado que, de confirmarse la noticia, convocarían a paro y movilización a lo largo y ancho del país. En el caso de Mendoza, desde la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) confirmaron su adhesión a la protesta -con fecha a confirmarse aún- y los gremios llamaron a un paro este viernes.
“Las Universidades Públicas rechazamos el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. La educación está en crisis y necesitamos soluciones urgentes. Desde la #UNCUYO convocamos a la defensa de la Universidad Pública, orgullo de los argentinos #UniversidadPública“, indicó la institución a través de sus redes sociales, ratificando lo que se había establecido previamente en una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
En diálogo con El Sol, el vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel, amplió al respecto: “Desde la UNCuyo estamos convocando a toda la sociedad a defender nuestra universidad y las universidades públicas. Todos sabemos la permanente búsqueda de calidad educativa y la enorme contribución que se ha hace y se ha hecho desde la Universidad Nacional de Cuyo desde su nacimiento en materia de formación, investigación y extensión y vinculación. Por eso, vamos a marchar en defensa de la universidad pública argentina, en reclamo de lo que consideramos justo. Pedimos a los mendocinos que nos acompañen como lo hicieron en las marchas anteriores, para que siga siendo un orgullo de todos los argentinos”.
Para Fidel, “estamos frente a un nuevo veto presidencial a la ley de financiamiento, y sin presupuesto nacional por segundo año consecutivo” y, por ello, “se torna cada vez más crítica la situación”. Además, esto “se agrava aun más con el atraso salarial de nuestros docentes, personal auxiliar e investigadores que llega hasta un 50%”.
“Con estas decisiones erróneas, están poniendo en riesgo a nuestro sistema de educación superior, que es un ejemplo en el mundo. Lo que pedimos a todos nuestros legisladores nacionales es que voten rechazando el veto“, sumó.
Convocatorias de los gremios
Más allá de si la marcha federal será el 17 o 24 de septiembre -los días en los cuales podría sesionar la Cámara de Diputado para tratar el veto– la Federación de Asociaciones de Docentes e Investigadores de la UNCuyo (Fadiunc) anticipó un paro sin asistencia a los lugares de trabajo para este viernes 12 de septiembre. También habrá, junto a estudiantes, otra movilización (no es la oficial y federal) el próximo martes. El paro fue avalado por la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun).
Desde la UNCuyo no cuentan con la certeza sobre el nivel de adhesión que tendrá el paro. “No sabemos, pero sí podemos decir que hay un gran malestar de los docentes y no docentes con la situación salarial. Quien hoy vive de la docencia la está pasando muy mal”, deslizaron desde el Campus Universitario.
La Ley y el veto de Javier Milei
La Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso eleva el presupuesto del sistema al 1% del PBI y establece una serie de medidas para reforzar su sostenimiento. Entre ellas, prevé una partida especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias de docentes y no docentes.
Contempla una recomposición presupuestaria desde mayo hasta diciembre de 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo con la inflación. Los fondos estarán destinados al funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios, proyectos de Ciencia y Técnica y actividades de Extensión Universitaria.
En materia salarial, la norma dispone que el Gobierno compense las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley y, en adelante, garantice una actualización bimestral no inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor. Además, establece que en 2025 debe completarse la incorporación al salario básico de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas hasta ahora.
Por último, la ley ordena que la Auditoría General de la Nación (AGN) realice el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y envíe al Congreso tanto los informes como el plan de seguimiento y control de su ejecución.
En lo que respecta al veto del presidente Javier Milei, el Poder Ejecutivo argumentó en el escrito -firmado por todos los ministros, incluyendo al mendocino Luis Petri– que “del análisis del proyecto sancionado por el Poder Legislativo se observa que no cumple con los recaudos legales antes mencionados” y que “la fuente de financiamiento prevista a través del artículo 9° del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.795 es manifiestamente insuficiente y, además, no configura una fuente real de financiamiento”.
También señaló que “el proyecto de ley, al abordar los recursos destinados a financiar el incremento presupuestario propuesto, lo hace de manera genérica, sin precisar las sumas de crédito necesarias, limitándose a disponer una readecuación de partidas presupuestarias para actualizar, al 1° de enero de 2025, el presupuesto de las universidades públicas”.