La Justicia federal ordenó prisión preventiva para una banda que traficaba drogas y armas desde el Complejo Penitenciario Federal VI. La investigación incluyó 21 allanamientos y decomisos millonarios.
Diez imputados fueron procesados con prisión preventiva por integrar una red criminal que operaba desde el interior del Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo, en Mendoza. Este caso representa la primera aplicación en la provincia de la figura de asociación ilícita contemplada en el artículo 210 ter del Código Penal, conocida como “Ley Antimafia”, incorporada en 2024.
El Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza, a cargo del juez subrogante Marcelo Garnica, dictó la medida contra diez personas, entre ellas dos reclusas que lideraban desde la cárcel una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, armas de fuego y municiones.
La resolución se fundamenta en la complejidad y la estructura de la organización criminal, lo que permite aplicar sanciones más severas contra quienes integran redes dedicadas a delitos especialmente graves.
La investigación comenzó el 5 de junio de 2024 tras una denuncia anónima presentada en el Área de Transición de la Unidad Fiscal de Mendoza, conducida por el fiscal federal Fernando Alcaraz. Los primeros indicios revelaron una organización que comercializaba drogas dentro y fuera del penal, además de vender armas y utilizar vehículos clonados, bajo la dirección de dos presos del complejo.
Para desarticular la banda, el Ministerio Público Fiscal coordinó acciones con la Unidad de Inteligencia Criminal Mendoza de la Gendarmería Nacional. Se realizaron intervenciones telefónicas, análisis de dispositivos móviles y tareas de vigilancia, que permitieron identificar a los miembros de la organización, sus vehículos y un domicilio utilizado como depósito y punto de distribución de drogas y armas.
Una segunda denuncia aportó detalles sobre el ingreso de sustancias ilícitas al penal a través de mujeres embarazadas y niños, quienes no eran sometidos a escáner de seguridad, y mencionó la presunta participación de agentes penitenciarios en facilitar el ingreso de cocaína y teléfonos celulares, aunque esas sospechas aún no están comprobadas.
Entre el 14 y el 22 de marzo de 2025 se realizaron 21 allanamientos en distintos puntos de la provincia, con participación de fuerzas federales y provinciales. Como resultado, fueron detenidas las diez personas imputadas y se secuestraron seis armas de fuego, réplicas de escopeta y subfusil, más de 500 municiones, balanzas de precisión, casi medio kilo de cocaína y más de 600 gramos de marihuana en diversas presentaciones, además de 14 plantas en crecimiento y troqueles de LSD.
También se incautaron tres vehículos, dos motocicletas, más de 90 teléfonos celulares y documentación clave para la causa.
El análisis de la información indica que la organización utilizaba sistemáticamente maniobras para ocultar y aprovechar bienes de dudoso origen, incluyendo vehículos con irregularidades legales o técnicas.
Con base en estos elementos, el juez Garnica procesó a los imputados por asociación ilícita, tráfico de estupefacientes agravado por intervención de menores y concurrencia de múltiples personas, tráfico de armas y encubrimiento agravado.
Además de las prisiones preventivas, se dispuso un embargo sobre los bienes de cada acusado hasta cubrir un monto de 4.680.000 pesos, con la posibilidad de inhibición general en caso de no presentar bienes para el embargo.