Mendoza formará parte de la comitiva del Estado argentino en una reunión clave con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una denuncia realizada 10 años atrás.
La ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, Mercedes Rus, viaja este lunes a Washington D.C., Estados Unidos, para participar de una reunión clave en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según pudo corroborar MDZ, el Gobierno de Mendoza forma parte de la comitiva encabezada por Cancillería Argentina. El motivo de la visita al país norteamericano remonta a una medida cautelar de hace 10 años por una denuncia realizada por “situaciones de riesgo” y “hechos de violencia” -como torturas- en los complejos penitenciarios de Almafuerte, San Felipe y Boulogne Sur Mer (este último establecimiento se retiró).
Rus estará acompañada del subsecretario de Justicia de la provincia, Marcelo D’Agostino, secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños y el titular de la Dirección de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos, Alberto Javier Salgado. La reunión se desarrollará el miércoles 13 de noviembre, pero los funcionarios viajarán días antes.
Allí, intercambiarán posturas todas las partes. El Estado argentino, en pos de buscar levantar la cautelar y evitar complicaciones, presentará un informe -redactado por Mendoza-, el cual será analizado por la CIDH, que dará una devolución extraoficial al día siguiente. La situación no se resolverá en el acto, por lo que es indefinido el tiempo para que se sepan novedades al respecto.
La medida cautelar “MC-35-14” fue presentada por el abogado Carlos Varela Álvarez, que también estará presente en el cónclave del miércoles. Para recapitular, en el documento que data del año 2015 se indica que “el 1 de enero de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió un solicitud de medidas cautelares presentada por Carlos Varela Alvarez solicitando que la Comisión requiera a la República de Argentina que proteja la vida e integridad de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios de la Provincia de Mendoza, en especial, los complejos Almafuerte, San Felipe y Boulogne Sur Mer. De acuerdo a la solicitud, los propuestos beneficiarios se encontrarían en una situación de riesgo, en vista de los alegados hechos de violencia recurrentes dentro de dichos complejos, la falta de atención médica adecuada, presunto hacinamiento y la falta de condiciones de salubridad adecuada, entre otras alegaciones”.
La Comisión Interamericana consideró en aquel entonces que “la información presentada demuestra prima facie que las personas privadas de libertad en los complejos penitenciarios Almafuerte y San Felipe, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo”.
Por ello, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Argentina que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de todas las personas presentes en los complejos penitenciarios Almafuerte y San Felipe; fortalecer el equipo de guardias y ofrecer capacitaciones constantes a las personas que trabajen en los complejos penitenciarios de Almafuerte y San Felipe; provea condiciones de higiene en los centros penitenciarios y proporcione los tratamientos médicos adecuados para las personas privadas de libertad, de acuerdo a las patologías que éstos presenten; implemente un plan de emergencia y hacer disponibles extinguidores de incendio y otras herramientas necesarias; tome acciones para reducir el hacinamiento al interior de los complejos penitenciarios Almafuerte y San Felipe; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.
El abogado Varela Álvarez explicó a MDZ que “es una especie de amparo excepcional. La inicié yo en 2014 por las cárceles en Mendoza”.
Y sumó: “Después de haber llegado al acuerdo, volvieron a aparecer sucesos de gravedad que hicieron que yo realizara la presentación solo. He estado trabajando y participando de audiencias. Ahora la Comisión Interamericana pidió una reunión de trabajo entre las partes y eso tiene fecha el 13 de noviembre. Viajo con Juan Pablo Miranda (abogado de su equipo)”.
