Salarios pulverizados, la motosierra de Nación y el desgaste de un oficialismo longevo desataron un duro conflicto en la provincia. Estatales, docentes y policías continúan con los acampes y reclamos.
El conflicto que policías y trabajadores de la administración pública protagonizan en Misiones desde hace 10 días en reclamo de mejoras salariales se convirtió en la primera gran revuelta de la era Javier Milei. Los sucesos son, además, una luz de alarma tanto en el tablero de la Casa Rosada como en el de las administraciones provinciales, que temen que el efecto contagio termine por exportar la protesta.
Este jueves, los uniformados proseguían con su acampe en la Avenida Uruguay, de Posadas, e intercambiaban acusaciones con la administración del gobernador Hugo Passalacqua, que si bien logró constituir mesas de diálogo con algunos sectores, todavía no pudo desactivar el grueso de las protestas. En concreto, los agentes reclaman una recomposición salarial del 100% y que no se sancione a quienes participan de las medidas de fuerza.
En diálogo con Ámbito, Ramón Amarilla, vocero de los manifestantes, reivindicó el espíritu de sus acciones. “Todavía no tuvimos respuesta del Gobierno. Nos tiraron una 20%, una suma muy baja, que no es nada. Son $86.000: nada. Estamos tratando de mejorar esa situación. Es complicado, porque nos presionan de todos lados, con sanciones, traslados, de todo”, comentó desde el acampe en la capital provincial.
Al respecto, explicó que los salarios policiales rondan los $400 mil y que su intención es llevarlos a $800 mil. Consultado respecto a la naturaleza del estallido, recordó que en septiembre del 2020 ya habían protagonizado un levantamiento “con mucha gente”. “Desde ahí, seguimos en la lucha. Cada vez que queríamos un incremento, agotábamos todas las instancias administrativas. A veces no nos daban bolilla, así que ahí activábamos la movilización, como ahora”, amplió.
Misiones: la tormenta perfecta que derivó en la revuelta
La crisis misionera, en concreto, puso de relieve las carencias tanto económicas como políticas y de representatividad de la coyuntura. Primero, el atraso en los sueldos de sectores sensibles empujó a las bases a desconocer incluso los acuerdos paritarios alcanzados por las conducciones de los gremios oficiales. La pérdida de poder adquisitivo en general -que es del 15% desde la asunción de Javier Milei- tiene como mascarón de proa al sector público, donde la merma fue del 23,1%, de acuerdo a un informe de CIFRA.
Golpeados por demás tanto a nivel nacional como local, docentes, estatales y guardaparques, entre otros actores de la función pública, se plegaron a los reclamos apenas los primeros efectivos policiales hicieron públicas sus demandas. Ni siquiera el acuerdo alcanzado entre la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Gobierno provincial, que contempla un aumento para el mínimo salarial que alcanzará los $450.000, compuesto por una suma fija remunerativa más un adicional de porcentaje remunerativo calculado sobre los haberes del mes de abril/24, sirvió para atenuar el clima de hastío.
@juaniprovendola
A ese caldo de cultivo se le suma la arista política. Con 21 años en el poder, el oficialismo misionero carga con el desgaste natural de una administración tan longeva. El Frente Renovador de la Concordia (FRC) fue fundado en el 2003 por el dos veces gobernador Carlos Rovira, el hombre todopoderoso de la provincia.
Desde 2007 -cuando terminó su segundo mandato- hasta hoy, solo tres personas manejaron los destinos de Misiones: Maurice Closs (2007 – 2015); Hugo Passalacqua (2015 – 2019); y Oscar Herrera Ahuad (2019 – 2023), todos bajo la tutela de Rovira. El año pasado, Passalacqua volvió al Gobierno tras obtener casi el 65% de los votos. En el plano nacional, el espacio apostó por la victoria de Sergio Massa en las elecciones presidenciales. Fulminada esa posibilidad, se replegó en sus raíces provincialistas para negociar con la administración libertaria.
La forma transversal de construir poder del rovirismo hace que el frente no tenga una identidad definida. En él conviven desde peronistas hasta radicales, pasando por dirigentes de expresiones locales y libertarios, flamantes incorporaciones en el esquema oficialista.
Para sellar el combo, la retirada del Estado nacional en muchas de sus responsabilidades con las provincias le dio otro golpe de gracia a las arcas distritales. Disolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del Fondo Compensador del Interior (subsidios al transporte), parálisis de la obra pública, merma en la Coparticipación Federal y reducción al mínimo de los transferencias discrecionales son algunas las políticas en esa línea.
Cónclave entre Carlos Rovira y Guillermo Francos.
Ya sea por la necesidad de subsistencia o por coincidencias ideológicas, como todo provincialismo, el Frente Renovador de la Concordia procura mantener una buena relación con la Casa Rosada, independientemente de quien gobierne. En abril pasado, el ministro del Interior, Guillermo Francos, viajó a Misiones con el objetivo de reclutar votos para la ley Bases en el Congreso. En esa visita, Francos se entrevistó con Passalacqua y selló un acuerdo con Rovira con miras a las elecciones legislativas del 2025.
Ahora, al misionerismo le es difícil exculparse de responsabilidades en la crisis, porque eso implicaría cargar las tintas sobre Nación, un atentado contra el espíritu del pacto. Lo inédito del caso -y lo que inquieta a La Libertad Avanza en particular- es que la rebelión llegó desde un sector sensible como el policial y no desde los gremios clásicos, enfrentados abiertamente con Milei.
El temor al efecto contagio
En el resto del ecosistema político local, no cargan con esa mochila. “No somos una isla. El desorden creado por el libertinaje, tolerado e impulsado desde el Gobierno nacional en los precios de alimentos, medicamentos, tarifas eléctricas, combustibles y transporte, todos con tendencia a la dolarización y manteniendo los salarios planchados en pesos, supera cualquier posibilidad de gestión provincial”, evaluó un dirigente con pasado en el justicialismo misionero.
A la vez, la fuente evaluó que, como en el resto de la Argentina profunda, “sectores de asalariados que manifiestan con toda razón que el dinero no alcanza (como alcanzaba el año pasado) y le piden y exigen al gobierno provincial que resuelva en Misiones un problema creciente cuya raíz es marcada y mayoritariamente nacional”.
Lejos de desescalar, los reclamos continuaban a la orden del día esta semana. El martes, trabajadores estatales tomaron el Ministerio de Salud provincial, mientras que nuevos manifestantes se sumaban al acampe de la avenida Uruguay. En respuesta, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, catálogo de “inadmisible” la “sublevación de policías”, y reveló que hay una denuncia penal en curso.
Toma del Ministerio de Salud de Misiones por parte de trabajadores estatales.
“No pueden utilizar bienes del Estado para protestar, está fuera de la ley. No toda la policía, no toda la educación y no toda la salud está plegada al paro”, dijo Pérez a radio La Red. Denunció, además, que “28 móviles policiales que fueron robados que están siendo utilizados para cualquier cosa menos para cumplir funciones de seguridad”. También anticipó que “echarán a los agentes que participen de la sublevación”.
Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró que “la policía no puede ser piquetera” y dijo que el Gobierno de Misiones “tiene que decidir qué conducta va a tomar con los policías sublevados”. Apenas comenzada la crisis, Bullrich puso en funcionamiento un comité de crisis, donde dispuso el despliegue de fuerzas federales en territorio misionero. Cabe destacar que, por ser una provincia de frontera, el distrito cuenta con numerosos agentes de Gendarmería y Prefectura.