La Cámara Federal de Mendoza rechazó una presentación del organismo nacional, que busca que la cautelar se resuelva en Ciudad de Buenos Aires y no en esta provincia.

Foto: El Sol.

La Sala B de la Cámara Federal de Mendoza rechazó un recurso extraordinario que presentó el PAMI para que la pelea judicial por una cautelar que suspendió los medicamentos para jubilados se traslade a un tribunal porteño, e incluso en el marco de la Corte Suprema de Justicia.

El fallo tiene fecha de este martes 27 de mayo y confirma la competencia de la causa en el Juzgado Federal N°2 a cargo de Pablo Quirós, que a finales de diciembre aceptó una presentación de la Asociación de Jubilados y Pensionados para dejar sin efecto la aplicación del vademecum de medicamentos esenciales, que debe llevar adelante David Litvinchuk en la provincia.

En el dictamen, la cámara recordó que, como Quirós no aceptó la inhibición solicitada, la decisión no resulta apelable por parte del PAMI. Por ende, rechazó la inhibitoria que solicitó a su vez el juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial federal N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires. De igual manera, argumentó que su propia resolución tampoco es apelable y debe rechazarse el recurso extraordinario.

Cámara rechaza recurso extraordinario – Mayo 2025Descarga

La estrategia del PAMI: llevar la pelea a Buenos Aires

El PAMI, en tanto, quiere instalar el litigio en la Corte Suprema de Justicia con un recurso extraordinario.

Con fecha de este 26 de mayo, el apoderado del INSSJP, Guido Ignacio Carcedo, argumentó que la cautelar dictada por el Juzgado Federal N° 2 “adolece de arbitrariedad”, omite tratar agravios esenciales y vulnera garantías constitucionales como el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de legalidad.

El fallo impugnado afecta directamente recursos públicos con afectación específica”, sostuvo en sus argumentos el representante legal del Instituto, en alusión a los fondos destinados por ley a la atención de jubilados. En otras palabras, el PAMI advirtió que, si ejecuta la cautelar, verá comprometida su planificación presupuestaria y podría desfinanciar al sistema en todo el país.

Entre los cuestionamientos a la decisión del juez federal Pablo Quirós, se resalta la competencia federal.

El organismo nacional consideró que las resoluciones impugnadas fueron dictadas desde su sede en Buenos Aires y que, por ende, su revisión debería tramitarse ante tribunales de esa jurisdicción.

Por otro lado, cuestionó que la medida haya sido dictada sin los requisitos que impone la Ley 26.854 sobre cautelares contra el Estado: sin informe previo, sin plazo de vigencia y sin caución real.

Para la Cámara Federal mendocina, como el PAMI es un ente público no estatal, no está alcanzado por esa ley. Pero en el PAMI rechazaron esa interpretación, porque administra fondos públicos y cumple funciones estatales indelegables, como brindar prestaciones médicas a más de cinco millones de afiliados.

Con estos argumentos, el PAMI fue a la Corte para que revoque la sentencia del 9 de mayo, deje sin efecto la medida cautelar y permita que el proceso continúe, pero ante su juez natural.

Ahora, la Corte Suprema tendrá en sus manos la definición: si concede o no el recurso extraordinario.

Multas al titular del PAMI

En tanto, la cautelar sigue vigente en Mendoza, y el debate sobre quién debe pagar los remedios para los jubilados continúa abierto.

De hecho, el conflicto se profundizó porque el Juzgado Federal N° 2 resolvió aplicar multas diarias personales a Esteban Leguízamo, titular del Instituto, debido a los incumplimientos a la cautelar que suspendió la aplicación del nuevo programa que entrega medicamentos a los jubilados.

En este caso, Leguízamo tendrá que pagar astreintes de $100.000 si no cumple con el plazo de tres días que le otorgó por un reclamo que se hizo a su vez en Tucumán, para que el organismo cumpla con la suspensión en esa provincia.

Aquella cautelar había sido otorgada por Quirós a la Asociación de Jubilados y Pensionados a finales de diciembre. Como el PAMI apeló, la causa pasó a la instancia de la Cámara Federal, que volvió a darle la razón a la ong.

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