Las empresas Friolatina y GLEM Cuyo se suman a la capacitación de internos en habilidades que facilitarán su reinserción laboral y social.
En el marco de las modificaciones que se vienen llevando adelante en el Servicio Penitenciario, dos nuevas empresas se sumaron a las capacitaciones de quienes se encuentran alojados en contextos de encierro. Se trata de Friolatina y GLEM Cuyo, que, a partir de la firma de un convenio, desarrollarán la formación para brindar habilidades y herramientas que faciliten la reinserción social y laboral.
La firma de convenios reunió a la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana; el gerente general de Friolatina SA (Grupo LTN), Gustavo Díaz, y a los representantes de GLEM Cuyo SAS, Emiliano Tofi y Graciela Rufino.
Las firmas representan un cambio cualitativo que permite ampliar a escala los proyectos de trabajo para personas privadas de libertad. Gracias a la colaboración con grandes empresas como Friolatina y GLEM Cuyo, se abre la posibilidad de capacitar a los internos en nuevos oficios que les facilitarán la incorporación al mercado laboral actual.
Mauricio Poroyán, jefe de la Unidad de Producción Penitenciaria, presente en el acto, destacó la importancia de los acuerdos al referirse que se busca mostrar y acompañar a las personas privadas de libertad a través de empresas privadas. “Las instalaciones y maquinarias que nos brindan permitirán capacitar a los internos en el desarrollo de productos específicos de estas empresas”, afirmó.
Uno de los convenios fue con Friolatina SA (Grupo LTN), que se especializa en materiales de construcción en seco. “Iniciaremos con la capacitación en herrajes y partes de cierre, en colaboración con los centros de capacitación del Servicio Penitenciario y la Dirección General de Escuelas, para certificar estas capacitaciones”, agregó Poroyán. La empresa se instalará en los nuevos talleres de Almafuerte 2, complejo recién inaugurado, lo que representa un paso importante en la misión de reinserción social.
En tanto, el gerente general, Gustavo Díaz, expresó que “es muy importante para la empresa, ya que es una oportunidad para extender nuestras actividades de capacitación a lo largo del año, con el objetivo de brindar hábitos laborales a la población penal y ampliar sus posibilidades de inserción”.
Díaz también explicó que el proyecto se implementará en varias etapas. En la primera, se transferirán conocimientos sobre sistemas constructivos y se instalarán maquinarias específicas para capacitar en plegado, punzonado y otras tareas metalúrgicas. “Podemos enseñar a montar techos y estructuras, coordinando la provisión del material para que los participantes aprendan a llevarlo al cliente”, sumó.
El segundo convenio involucra a GLEM Cuyo SAS, productora de artículos de limpieza. “Comenzaremos con la fabricación de cloro en distintas graduaciones, que será comercializado por la Unidad de Producción Penitenciaria. La empresa también proporcionará capacitaciones y ha instalado mobiliario en Almafuerte 1”, explicó Poroyán.
Por su parte, Emiliano Tofi aseguró que esta propuesta es muy buena, tanto para el sistema penitenciario como para la empresa. “Es fundamental para ofrecer una reinserción en la sociedad a las personas privadas de libertad, brindándoles la capacitación y los elementos que necesitan para poder ayudarlos en su proceso de reintegración”, expresó.
El objetivo es ampliar las capacitaciones y desarrollar un proyecto ambicioso para el futuro, apoyando el nuevo proceso de la Ley del Servicio Penitenciario y la Ley de Promoción del Liberado. “Brindamos un acompañamiento del Estado provincial a las personas privadas de libertad, incluso en su contexto de libertad”, indicó Poroyán.
Estas capacitaciones no solo buscan preparar a los internos para el futuro sino también ofrecerles oportunidades reales de empleo tras su reinserción.
Las empresas obtendrán beneficios significativos al contar con seguridad y un entorno controlado dentro del complejo penitenciario. “Buscamos trabajar con empresas que generen un triple impacto: económico, ecológico y social”, concluyó el jefe de la Unidad de Producción Penitenciaria.