La presidenta peruana Dina Boluarte promulgó esta semana la ley APCI, conocida por los críticos como “la ley anti ONG”. La disposición, aprobada con alto apoyo parlamentario, obliga a las ONG a rendir cuentas ante un tribunal de la cancillería sobre si su misión se ajusta o no a los intereses del Estado peruano. Organizaciones como Amnistía Internacional califican la ley como una mordaza que afectará a la aplicación de justicia en casos como la contaminación ambiental o las violaciones de derechos humanos. Boluarte asegura que la administracion de justicia y fiscalización está a cargo del poder judicial peruano y que algunas ONGs tienen una agenda política propia con la que buscan “desestabilizar y promover la división” en el Perú.
La presidenta peruana Dina Boluarte promulgó esta semana la ley APCI, conocida por los críticos como “la ley anti ONG”. La disposición, aprobada con alto apoyo parlamentario, obliga a las ONG a rendir cuentas ante un tribunal de la cancillería sobre si su misión se ajusta o no a los intereses del Estado peruano. Organizaciones como Amnistía Internacional califican la ley como una mordaza que afectará a la aplicación de justicia en casos como la contaminación ambiental o las violaciones de derechos humanos. Boluarte asegura que la administracion de justicia y fiscalización está a cargo del poder judicial peruano y que algunas ONGs tienen una agenda política propia con la que buscan “desestabilizar y promover la división” en el Perú.