Raúl Rufeil afirmó que está en contra de su uso porque “puede causar la muerte de una persona”. Cuáles son los alcances de la propuesta.
El debate sobre el uso de las pistolas Taser volvió a tomar relevancia pública en las últimas horas. En esta oportunidad, el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, afirmó que está en contra del uso de este tipo de armas, ya que “pueden generarle la muerte” a una persona.
“Como médico no estoy de acuerdo, porque puede provocar una afección cardíaca, una fibrilación y ocasionar hasta la muerte”, señaló Rufeil y explicó que “puede ser que para el Gran Mendoza tenga más utilidad, pero nosotros no estamos de acuerdo”.
El proyecto de ley de Seguridad Ciudadana establece una regulación para los cuerpos de seguridad y según el Ministerio de Seguridad, no obliga a ningún municipio a la creación de dichos cuerpos.
Si bien en la provincia son catorce las comunas que cuentan con preventores, sólo cuatro tienen cuerpos de seguridad ciudadana: Ciudad, General Alvear, Las Heras y Rivadavia.
Estos departamentos serían los únicos que estarían en condiciones, en el caso de que la ley se apruebe en la Legislatura, de avanzar en esta regulación que impulsa el Gobierno provincial.
Además de Ciudad, cuyo intendente, Ulpiano Suarez, estuvo presente en la presentación del proyecto, desde Las Heras se mostraron a favor, aunque se encuentran analizando cuestiones vinculadas al presupuesto.
“En principio, la postura es a favor, pero habría que ver la cuestión presupuestaria para el caso de Las Heras. Entendemos que Capital está encabezando el tema y eso nos parece bien porque su cuerpo de preventores tiene ya cierta madurez y una cantidad de años considerable”, afirmaron fuentes cercanas al municipio de Lo Presti.
En tanto, este diario intentó comunicarse con dirigentes de General Alvear y Rivadavia, pero no hubo respuesta alguna.
El proyecto
La iniciativa apunta a redefinir el funcionamiento de los cuerpos de seguridad ciudadana municipales. La propuesta establece que cada comuna será responsable de dotar a sus agentes de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y de garantizar su formación adecuada, aunque su adhesión será de manera optativa.
Entre los aspectos incluidos en la capacitación obligatoria figuran la resolución de conflictos, derecho administrativo sancionador y contravencional, y primeros auxilios. Esta instrucción estará a cargo del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP).
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la habilitación del uso de armas de baja letalidad por parte de los agentes municipales, bajo la autorización expresa del Ministerio de Seguridad.
El arsenal permitido incluirá bastones, aerosoles disuasivos, pistolas de aire comprimido y dispositivos electrónicos de inmovilización, como las pistolas Taser. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, enfatizó que la capacitación en el manejo de estas herramientas será responsabilidad exclusiva de la cartera, y ratificó que en ningún caso se permitirá el uso de armas de fuego.
Además, se contempla el uso de tecnologías de vigilancia como drones y la incorporación de canes adiestrados en operativos, siempre que se respeten los requisitos legales vigentes y se certifique el entrenamiento correspondiente. Esta medida busca modernizar los recursos de prevención sin invadir competencias propias de las fuerzas policiales.
El proyecto también incluye restricciones visuales estrictas para evitar confusiones con la Policía. Los uniformes, escudos e insignias de estos cuerpos no podrán asemejarse a los utilizados por fuerzas de seguridad provinciales o federales. Con esto, se pretende delimitar claramente los roles institucionales y evitar una posible superposición de funciones que derive en conflictos de jurisdicción.