En la sesión de este martes se debatirá el proyecto de regulación de seguridad ciudadana que impulsó el Poder Ejecutivo. Tiene media sanción de Diputados.

El Gobierno compró un centenar de pistolas Taser.

El Gobierno compró un centenar de pistolas Taser.

El oficialismo buscará darle sanción definitiva a la ley de regulación de cuerpos de seguridad ciudadana, uno de los proyectos que levantó mayor resistencia en la oposición y por el cual hubo cruces, incluso entre intendentes y el Gobierno provincial.

El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados hace tres semanas con los votos de Cambia Mendoza y legisladores aliados. El PJ, La Unión Mendocina y el Partido Verde rechazaron el proyecto son severas críticas, pero no llegaron a incomodar al oficialismo.

La ley es muy esperada por el intendente Ulpiano Suárez, ya que permitiría a la Municipalidad de Ciudad poder equipar a su cuerpo de preventores con las primeras 30 pistolas Taser.

Los cuestionamientos de la oposición han pasado por dos ejes: aseguran que el Gobierno busca “delegar” la competencia que tiene sobre la seguridad, sin destinar recursos correspondientes a las comunas, y además critican el uso de las armas no letales en agentes municipales que no están preparados para esa función (a pesar de que deben ser capacitados, según la ley).

A diferencia de la Cámara Baja, Cambia Mendoza tiene la mitad de las bancas (19) en el Senado, por lo que requiere del apoyo de algún senador opositor para aprobar las iniciativas por mayoría simple.

En este caso de posturas tan enfrentadas, dos opositores se inclinarían a favor para que convertir la iniciativa efectivamente en ley, según pudo saber Los AndesDuilio Pezzutti (exintegrante del bloque PJ) y Armando Magistretti (Partido Demócrata).

Mientras que el resto de los interbloques respondería igual que en Diputados: el PJ, LUM y Partido Verde, votarían en contra nuevamente. Entre ellos reúnen 17 votos en conjunto.

Guardia alta en el oficialismo

La jefa del Interbloque de Cambia Mendoza, Natacha Eisenchlas, explicó a este diario que el proyecto presentado por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el intendente Ulpiano Suárez, a principios de febrero, “pone de manifiesto la decisión política del gobierno provincial de gestionar concretamente el área de seguridad a través de todas las variables que intervienen”.

La legisladora hizo un repaso, teniendo en cuenta cada una de las críticas que se esgrimieron desde la oposición, sobre la normativa. De hecho, indicó que “ya la ley orgánica de municipalidades, sancionada hace 91 años, otorga a los municipios la competencia de intervenir en la seguridad publica“.

“Desde allí hasta hoy la esfera de acción de los municipios se ha ido ampliando sostenidamente, superando amplísimimamente el tradicional `alumbrado, barrido y limpieza`. Hoy en Mendoza 16 de los 18 municipios se involucran, de distinta manera, en temas relativos a la seguridad: centros de monitoreo, alarmas comunitarias, videovigilancia, etc, hasta que se ha planteado la conveniencia de que los cuerpos de preventores que así lo deseen puedan ser autorizados a uitlizar armas de baja letalidad“, sostuvo Eisenchlas.

La senadora Natacha Eisenchlas, jefa del Interbloque de Cambia Mendoza. 

La senadora Natacha Eisenchlas, jefa del Interbloque de Cambia Mendoza.

Archivo

“Esto pone de relieve la necesidad de implementar un régimen legal que ordene, en un tema tan importante como éste no puede ocurrir que haya descordinación o carencia de un criterio general. Ese es el por qué de este proyecto”, le comentó a este diario.

Y aclaró que “en ningún momento se viola la autonomía municipal, porque el texto es taxativamente claro cuando dice que regirá para aquellos municipios que `..se involucren en estas políticas y/o decidan formar sus cuerpos de seguridad ciudadana…`”.

Sobre las armas de baja letalidad, manifestó que “son utilizadas en más de 110 países con el objetivo de disminuir una escalada de agresividad en un hecho delictivo y para disminuir los índices de letalidad producidos por el uso de las armas de fuego. La ONU y otros organismos internacionales las recomiendan, con estos objetivos pero no es obligatorio y cada municipio tendría que solicitar la autorización al Ministerio de Seguridad”.

El mapa de la oposición

El peronismo fue el principal opositor a la iniciativa, desde abril pasado cuando el intendente de San Rafael, Omar Félix, mantuvo intensos cruces públicos con el propio gobernador Alfredo Cornejo, quien insistió en “un mayor compromiso” de los municipios con la seguridad.

Los alfiles del jefe comunal y del presidente del PJ Mendoza, Emir Félix, en la Legislatura fueron taxativos en la misma línea. Criticaron que el Gobierno estaba “municipalizando” la seguridad y afirmaron que, en el caso del departamento del Sur, por su extensión territorial, abrir un cuerpo de preventores le demandaría incorporar 500 nuevos empleados más.

Con respecto a la seguridad, las dos alas del peronismo han sido muy críticas con el Ejecutivo: tanto los legisladores afínes a los intendentes, como los dos que aporta el kirchnerismo, Félix González y Helio Perviú. Por lo cual no se esperan diferencias en la votación.

Sesión de la Cámara de Senadores

Sesión de la Cámara de Senadores

Prensa Legislatura

Por el lado de La Unión Mendocina ratifican un rechazo en conjunto. En el caso del bloque PRO, el senador Gabriel Pradines aseguró que este proyecto “demuestra que el Gobierno fracasó con la seguridad y ahora busca cambiar la narrativa para responsabilizar a los intendentes”.

Más allá de que el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, se haya sumado al programa Espacios Seguros del Ministerio de Seguridad, se diferenciaron de la norma. “No hace falta una ley para capacitar a los agentes, queda demostrado con ese convenio”, responden al respecto.

Por último, el senador Dugar Chappel votará negativamente, en sintonía con lo que demostró Emmanuel Fugazzotto en la Cámara de Diputados, pudo saber este diario.

Los votos que se diferencian

El senador Duilio Pezzutti recibió una sanción partidaria por enfrentarse reiteradamente al intendente de Maipú, Matías Stevanato, y pegó oficialmente el portazo del PJ dejando al peronismo sin una banca necesaria.

La ruptura volverá a tener peso en este contexto. El maipucino le confirmó a Los Andes su respaldo al oficialismo: “Estoy de acuerdo con el proyecto, creo que la postura de Ulpiano Suárez debería ser imitada por el resto de los intendentes, fundamentalmente en comprometerse en la disponibilidad de recursos en materia de seguridad”, sostuvo.

Mientras que el senador Armando Magistretti (PD) está presto a aprobar la iniciativa, con algunas observaciones en artículos particulares, trascendió desde su entorno.

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