El proyecto busca eliminar los aportes obligatorios de las bodegas. En Mendoza cuenta con el respaldo de la vicegobernadora.
Este lunes, diputados del PRO que responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron un proyecto de ley que busca disolver la Ley de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). En Mendoza, la propuesta fue respaldada, ni más ni menos, que por la vicegobernadora Hebe Casado.
Lo que establece la ley de creación de la Coviar, entre otros puntos, es un aporte obligatorio para las bodegas de acuerdo con la cantidad de litros producidos. Este es uno de los principales puntos cuestionados por quienes pretenden disolver dicha normativa.
El proyecto de derogación fue redactado por el diputado Damián Arabia, mano derecha de Bullrich en el Congreso, con el respaldo de Gerardo Millman y Bertie Benegas Lynch, este último de La Libertad Avanza.
“Tenemos que terminar con los aportes compulsivos a cámaras, gremios o asociaciones. La asociación es un derecho, no una obligación. Tenemos que trabajar por una agenda de modernización, simplificación y desregulación. La Argentina necesita ganar competitividad bajando costos y permitiendo la libre asociación entre privados”, argumentaron.
Consultada por el Post, la vicegobernadora Hebe Casado, quien pertenece al mismo sector del PRO que Arabia, se mostró a favor de la iniciativa y remarcó que “cualquier cobro compulsivo no está bueno, si el servicio o los resultados son buenos, la gente paga sin problema”.
Entre los principales puntos de los fundamentos del proyecto de ley que propone la derogación de la Ley 25.849, figura la restitución del carácter privado de Coviar. Al respecto, plantea que debe funcionar como una entidad del sector privado, sin el respaldo jurídico ni financiamiento del Estado, y sin aportes obligatorios de las bodegas.
Por otro lado, Arabia pide que se respete la libertad de asociación. Es decir que defiende la idea de que las organizaciones empresariales deben surgir del acuerdo voluntario entre privados, sin intervención estatal, en línea con el principio de subsidiariedad de las economías abiertas.
Entre otro de los puntos, se criticó el uso de recursos públicos. Los legisladores objetaron que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) asuma funciones de asistencia o financiamiento hacia Coviar, porque implica una carga indebida para el Estado y distorsiona la finalidad técnica del INV.
Según señalan los legisladores, el régimen actual, que obliga a los actores del sector a integrarse en una única corporación, se ve como contrario a la libre competencia institucional y a la diversidad de representaciones.
Consultados sobre el tema, el presidente de Coviar, el riojano Mario González, respondió al Post que “es algo muy reciente” y que se encuentran estudiando los detalles del proyecto.