Desde el organismo admitieron que se enteraron este jueves luego de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial.
Este jueves el Gobierno nacional confirmó que intervino a Corredores Viales S.A., en el marco del proceso de privatización dispuesto por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
En Mendoza, hay un tramo que se encuentra bajo el control de esta empresa estatal que es el de la ruta 7 que va desde el límite con San Luis hasta Palmira, recorriendo poco más de 132 kilómetros.
En el Decreto 244/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, por el que se estableció la intervención, instruye a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad a colaborar en el proceso, que contempla una auditoría de inicio y de cierre y la eventual liquidación de la sociedad.
Esta noticia tomó por sorpresa a las oficinas de Vialidad Nacional en la provincia, desde donde señalaron que no estaban al tanto de la decisión y que están pidiendo directivas a Nación para definir cómo será el esquema de trabajo, aunque señalaron que en el corto plazo no habrá grandes cambios.
“Nos estamos enterando de esta noticia con lo publicado en el Boletín Oficial sobre el tema. Estamos pidiendo información a Buenos Aires, pero no esperamos grandes cambios“, se limitaron a responder desde la oficina que conduce Emilce Lozano.
Por su parte, desde el Gobierno provincial aseguraron que el tramo que estaba bajo contrato de Corredores Viales es mínimo.
“En la Provincia tenemos solo un tramo menor de las rutas nacionales que pasan por acá bajo la jurisdicción de Corredores Viales, que es la Ruta 7 entre Desaguadero y San Martín. No habrá un gran impacto”, explicaron desde Casa de Gobierno.
Estudios en la ruta
Esta decisión se da apenas una semana después de que en la provincia comenzaran un estudio técnico para conocer el estado del pavimento. Se trata de un trabajo privado, en el marco de un proceso oficial que finalizará con la privatización.
El relevamiento incluyeron estudios de deflectometría, una técnica que mide la deformación del pavimento ante el peso de los vehículos pesados. Estos análisis son clave en el marco del programa “Red Federal de Concesiones”, impulsado por el Gobierno nacional, que busca privatizar rutas bajo la modalidad de obra pública por peaje.
Ceosa, liderada por el empresario Fernando Porreta, aspira a gestionar y operar el tramo mendocino de la RN 7, a cambio del mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial.
Desde el 4° Distrito de Vialidad Nacional en Mendoza señalaron que la constructora presentó una solicitud para realizar los estudios, la cual fue aprobada por las autoridades nacionales del organismo. Además, confirmaron que los costos de los trabajos correrán por cuenta de la constructora, sin financiamiento estatal.
El estudio técnico tiene como objetivo evaluar el estado del pavimento, la señalización y las colectoras, para estimar los costos de las futuras obras de mantenimiento. Según especialistas, estos análisis serán determinantes en la licitación de la concesión, ya que la normativa establece que las empresas adjudicatarias deberán solventar los gastos operativos únicamente con el cobro de peajes, sin recibir subsidios del Estado.