Desde este jueves comienza a debatirse por segunda vez la DIA de San Jorge. Breve historia de un proyecto que la UCR boicoteó en 2011, cuando gobernaba el PJ.
San Jorge es un proyecto caro a los intereses de Alfredo Cornejo, quien leyó en el espaldarazo en las urnas como un aval para avanzar.
Por segunda vez en poco más de 14 años, la Legislatura mendocina será escenario de un debate que marcará el rumbo productivo y ambiental de la provincia. El envío de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge, oficializado por la Resolución Nº 405/2025, abre otra vez el capítulo de una discusión legislativa que ya recibió un contundente rechazo en 2011 por 44 votos en contra, incluidos los peronistas del oficialismo, y 4 ausentes. La resistencia social hacia el proyecto es persistente pero la lectura oficialista tradujo respaldo en las urnas como “licencia social” para avanzar con la extracción de oro y cobre a gran escala, o megaminería, aún en el valle de Uspallata.Lee además
Las Asambleas por el Agua y otros movimientos sociales se manifestarán afuera en la Legislatura en el arranque del debate, que transitará cuatro comisiones. Alfredo Cornejo -que en 2010 fue uno de los que boicoteó el proyecto cuando gobernaba Francisco Pérez- espera tenerlo aprobado antes de diciembre.
El debate se abrirá en cuatro comisiones clave: Legislación y Asuntos Constitucionales; Economía, Energía, Minería e Industrias; Ambiente y Recursos Hídricos; y Derechos y Garantías Constitucionales.
El envío tras el espaldarazo electoral
El gobernador esperó el triunfo del 26 de octubre —53,63% de los votos para la alianza LLA-UCR — para remitir la DIA a la Legislatura. “Tengo fe en que Mendoza puede hacer minería de la mejor, con estándares ambientales altos y con capacidad de competir en el mundo”, aseguró, flanqueado por el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, en la feria Argentina Mining Cuyo 2025.
El director de Minería, Jerónimo Shantal, reforzó la interpretación oficial: “Más del 80% de los votantes apoyó partidos que están a favor de la actividad minera, lo que marca un cambio de clima político y social en la provincia”. Para el Gobierno, el caudal de votos es equivalente a licencia social. En la misma línea razonó Rodolfo Suarez en diciembre de 2019 cuando avanzó contra la Ley 7722 henchido por el triunfo electoral. Una pueblada en las calles lo frenó.
El paquete legislativo para destrabar San Jorge
La DIA de San Jorge llega acompañada de un paquete de leyes que buscan multiplicar el debate y abrirle paso al proyecto: la Ley de Regalías Mineras y la creación del Fondo de Compensación Ambiental son dos de las iniciativas. Este último proyecto propone un fondo administrado por el Ministerio de Energía y Ambiente para intervenir en casos de daño ambiental colectivo.
- Art. 4º: “El Fondo estará destinado a obras y acciones de cese, restauración y/o mitigación de perjuicios generados por un daño de incidencia colectiva, en los casos en que los responsables no puedan solventar la totalidad de las acciones necesarias”.
- Art. 10º: “Declárase que el Fondo de Compensación Ambiental no constituye una garantía supletoria a favor de los damnificados directos de daños ambientales”.
Las exigencias de la DIA no quitan rentabilidad a los empresarios
Mientras el expediente avanza hacia la Legislatura, en Uspallata crece la inquietud por las consecuencias que tendría el proyecto para la villa cordillerana. La DIA impone en los papeles una batería de exigencias técnicas, ambientales y sociales que, aunque ambiciosas, no logran disipar las dudas sobre los impactos reales en una región de alto valor ecológico, cultural y turístico.
El propio CEO de San Jorge, Fabián Gregorio, celebró la aprobación y el envío de la Declaración de Impacto Ambiental a la Legislatura y dijo que las exigencias del Gobierno “no afectan” a la empresa “negativamente”.
De la UNCuyo al Conicet, lapidarios dictámenes en contra
En la previa de las dos audiencias –una organizada por San Jorge y el Ejecutivo y otra en la parroquia del pueblo– se conocieron una serie de dictámenes técnicos que alertaban por los químicos que usará San Jorge y desaconsejaban el avance sin correcciones clave, a las cuales la empresa contestó que las haría una vez que el proyecto se apruebe.
Estos son algunos de los estudios:
- UNCuyo: advirtió que la empresa no presentó propuestas de impermeabilización para los depósitos de colas. El drenaje ácido de roca (DAR), uno de los mayores riesgos, podría afectar suelos y aguas sin garantías de mitigación.
- Facultad de Ciencias Médicas: evaluó los cuatro productos químicos que San Jorge usará para la extracción (MIBC, SIBX, APAM, CaO). Recomendó no usar SIBX ni APAM por sus efectos nocivos sobre la salud y el ambiente, e instó a realizar evaluaciones de riesgo previas y transparentes.
- Dirección de Hidráulica: cuestionó el sistema tipo “tirolesa” propuesto para captar agua del arroyo El Tigre. Señaló la falta de un estudio hidrológico robusto y advirtió sobre afectaciones al caudal ecológico en un contexto de sequías crecientes.
- OIKOS Ambiental: destacó que el balance hídrico del proyecto ignora fenómenos como El Niño y La Niña, anticipa una reducción del 45% del caudal del arroyo El Tigre y no evalúa impactos acumulativos aguas abajo.
- IADIZA (CONICET): denunció graves deficiencias metodológicas y falta de rigor en el Estudio de Impacto Ambiental. Plantea que podrían ponerse en riesgo ecosistemas frágiles de alta montaña si no se corrigen las omisiones.
- José María Cortés (CONICET): en su informe geológico desmonta el marco del estudio ambiental: delimitaciones arbitrarias, uso de métodos electromagnéticos poco fiables y supuestos invisibles que encubren afectaciones reales a los cursos de agua que alimentan a Uspallata y, potencialmente, a Mendoza ciudad.
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El agua, recurso escaso y en riesgo
El componente hídrico es el más controvertido. La empresa deberá implementar redes de monitoreo superficial y subterráneo, registrar caudales diarios (Art. 129, 137), impermeabilizar los depósitos de colas (Art. 72) y presentar balances hídricos ajustados a escenarios de sequía. Se exige además la clausura técnica de pasivos como escombreras y tajos, y la recuperación de cauces intervenidos.
La DIA establece planes de monitoreo hidroquímico y físico (Art. 149) y un plan de acción ante contingencias hídricas (Art. 120). Sin embargo, especialistas advierten que el monitoreo no reemplaza la prevención.
También se exige la clausura técnica de pasivos vinculados al agua (Art. 147, 151, 156). Las medidas parecen exhaustivas, pero vecinos y asambleístas alertan sobre la imposibilidad de controlar efectivamente estos puntos en un territorio de difícil acceso y alta fragilidad ambiental.
El polvo en suspensión
La DIA obliga a implementar un plan de control de polvo (Art. 69), calcular emisiones de gases de efecto invernadero (Art. 70) y mantener el monitoreo de aire durante toda la operación (Art. 150). Además, se prevé una red de estaciones meteorológicas conectadas por telemetría (Art. 116).
Aunque técnicamente sólidas, estas medidas generan dudas en Uspallata, donde los vientos de altura y las tormentas de polvo podrían superar la capacidad de respuesta. María Esther Barbeito, licenciada en Química por la UNCuyo, advirtió en audiencia pública sobre la liberación de arsénico en aire, agua y suelo.
Dique de colas y escombreras con tóxicos sobrantes
Los diques de colas son estructuras críticas: enormes presas que almacenan lodos residuales con químicos. La DIA exige impermeabilización (Art. 72), monitoreo geotécnico en tiempo real (Art. 98), informes semestrales de estabilidad (Art. 128) y evaluación de drenajes ante lluvias intensas (Art. 143). También se exige caracterizar el drenaje ácido de roca (Art. 138).
Un punto crítico es la discrepancia en la altura del dique: mientras la memoria técnica afirma que será de 80 metros, los planos adjuntos muestran cotas de hasta 170 metros, una diferencia del 112%.
Antecedente: el rechazo de 2010
El 24 de agosto de 2010, la Legislatura rechazó por 44 votos la DIA de San Jorge. El entonces candidato Francisco “Paco” Pérez pidió explícitamente el rechazo: “Les he solicitado el rechazo del proyecto San Jorge, atentos a partir del trabajo de escuchar y de caminar todos los departamentos donde hemos encontrado que toda la comunidad no está preparada para afrontar un proyecto de esta envergadura”.
Ese día, unas 200 personas rodeaban el recinto y miles esperaban afuera. El canto se repitió como consigna histórica: “El agua de Mendoza no se negocia”.
La resistencia social y la persecución a vecinos
Hoy, como entonces, Uspallata -donde el oficialismo sacó 10 puntos menos que en el resto de la Provincia en los comicios- es epicentro de resistencia vecinal. Las asambleas denuncian riesgos hídricos, sísmicos y paisajísticos, y cuestionan la lectura oficial de respaldo electoral.
Desde que el Gobierno reflotó el proyecto, además, en paralelo se activó un mecanismo de persecución en las protestas, con encarcelamiento y apertura de causas de referentes de la asambleas y manifestantes, que no cesó desde enero, con una de las protestas más contundentes en la villa cordillerana.
Este jueves, desde las 9.30, vecinos y asambleístas se concentrarán afuera de la Legislatura mientras las comisiones discuten la DIA de San Jorge, la de 27 proyectos de exploración en Malargüe Distrito Minero Occidental II y el Fondo de Compensación Ambiental.
A las 11, la Comisión de Derechos y Garantías recibirá denuncias por las detenciones y atropellos sufridos por manifestantes en la marcha del 23 de octubre, en medio de la cual fueron detenidos Liza Rule y Martín Iglesia.