El Gobierno ya cuenta con el aval legislativo para adueñarse de seis hectáreas y de 8774,21 metros cuadrados del complejo de esquí.
La Cámara de Senadores aprobó la expropiación de los terrenos del centro de esquí Penitentes. El proyecto, que ya contaba con media sanción de Diputados, permite que el Gobierno de Alfredo Cornejo pueda quedarse con la con totalidad de las 6 hectáreas y 8774,21 metros cuadrados del complejo de alta montaña.
La iniciativa presentada por la titular del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, fue aprobada con 20 votos positivos y 17 negativos. La intención de Ejecutivo es reactivar el polo de atracción turística con la implementación de actividades de montaña, el descanso y cualquier otra actividad de recreación o gastronómica.
La expropiación del complejo de Penitentes comenzó durante los primeros meses de gestión de Rodolfo Suarez. En ese entonces, el gobierno concretó la incautación de las primeras seis parcelas, con un costo de poco más de 4 millones de pesos, en carácter de indemnización a Penitentes Centro de Esquí SA.
Las propiedades que acaba de adjudicarse el Estado provincial son: el edificio del restaurante La Herradura, un sendero de circulación que hay en las inmediaciones y un terreno de 8774,21 metros cuadrados.
Ya con el respaldo legislativo y con la totalidad de los terrenos, la gestión de Cornejo podrá avanzar con su intención de abrir una licitación para concesionar el centro de esquí. En su presentación del proyecto en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Testa reveló que ya hay empresas interesadas para la explotación de Penitentes.
Actualmente, Penitentes se encuentra funcionando con un permiso precario. Durante el 2023, el Gobierno llamó a licitación para que un privado operara el centro de esquí por un plazo de entre 20 y 50 años, pero fracasó.
Por otra parte, el Ejecutivo queda facultado para conceder la opción de compra a los concesionarios, o a futuros concesionarios, sobre los espacios donde se planeen y construyan alojamientos turísticos.
El proyecto cuenta con una serie de clausulas, una de ellas es la promoción de incentivos a las inversiones a largo plazo y brindar mayor seguridad jurídica a los inversionistas que participen en el desarrollo del centro de actividades propuesto.