La norma apunta a dinamizar proyectos agropecuarios, industriales, turísticos, sociales y comerciales mediante distintas modalidades de adjudicación.
El Gobierno promulgó este miércoles la Ley 9631, una norma que redefine el marco legal para la adjudicación y aprovechamiento de tierras fiscales en Mendoza.
Con foco en el desarrollo productivo y el arraigo rural, la iniciativa deroga la antigua Ley 4711 de Planes de Colonización, vigente desde hace décadas, y crea un nuevo sistema y orientado al uso del suelo estatal en desuso.
La norma apunta a dinamizar proyectos agropecuarios, industriales, turísticos, sociales y comerciales mediante distintas modalidades de adjudicación, que incluyen desde licitaciones públicas hasta adjudicaciones directas, según el perfil del emprendimiento y sus objetivos.
Las tierras involucradas serán aquellas de dominio privado del Estado provincial no afectadas a otros fines, así como las adquiridas o incorporadas al patrimonio público por otras vías.
Uno de los ejes de la ley es la posibilidad de extender la frontera productiva mendocina, especialmente en zonas hoy subutilizadas. También busca fortalecer núcleos de población rural, atraer inversiones privadas en infraestructura y mejorar las condiciones de vida en el interior provincial. En ese sentido, se contemplan incentivos específicos para explotaciones familiares y proyectos profesionales, con facilidades de pago y requisitos adaptados.
Los adjudicatarios deberán cumplir con condiciones como la residencia en el predio y la ejecución de un plan de trabajo productivo. Además, la normativa impone restricciones a la venta y subdivisión de los lotes adjudicados durante los primeros años, a fin de garantizar el desarrollo de unidades económicas sostenibles.
El Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial será la autoridad de aplicación a través de la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado. Este organismo tendrá a su cargo la elaboración y evaluación de los proyectos, el control del cumplimiento de las obligaciones y la administración de un registro público y digital de tierras fiscales y beneficiarios.
La ley también contempla lineamientos especiales para zonas de frontera y asegura la validez de los trámites iniciados bajo el régimen anterior. Con esta reforma, el Ejecutivo provincial apunta a recuperar un instrumento clave para el ordenamiento territorial, el fomento del trabajo rural y la generación de nuevas oportunidades productivas en Mendoza.