Se trata de un acuerdo de colaboración institucional entre las partes. Buscan fortalecer la formación de oficios a las personas privadas de su libertad.
El Ministerio de Seguridad y Justicia junto con la Municipalidad de Godoy Cruz firmaron un convenio de colaboración institucional que apunta a fortalecer la capacitación y reinserción laboral de personas privadas de la libertad. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante el decreto 192.
El acuerdo, suscrito el 12 de septiembre de 2024 por la ministra Mercedes Rus, y el intendente Diego Costarelli, establece un marco de cooperación para impulsar programas de formación en oficios dentro del sistema penitenciario.
Según el documento, la reinserción laboral “es clave para reducir los índices de reincidencia, permitiendo a los internos adquirir herramientas que faciliten su reintegración a la sociedad”. La Unidad de Producción Penitenciaria jugará un rol central en esta iniciativa.
Su función es capacitar a los internos, desarrollar productos y servicios con valor agregado y comercializarlos, promoviendo al mismo tiempo beneficios para la comunidad. El decreto menciona que la planificación de la producción y comercialización de estos bienes será coordinada en los establecimientos penitenciarios de la provincia.
El convenio también se enmarca en la Ley Provincial 8465 y su modificación de 2017 mediante la Ley 8.971, conocida como “Ley para la resocialización mediante la educación, la capacitación y el trabajo obligatorio de los presos y participación de la víctima“.
Esta normativa establece que el trabajo penitenciario debe replicar las condiciones del mercado laboral fuera del encierro, limitando el ocio y promoviendo hábitos productivos.
Desde el punto de vista jurídico, la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia revisó el convenio y determinó que su implementación no compromete fondos públicos. En consecuencia, el decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo ratificó el acuerdo, estableciendo su validez legal y administrativa.
En Casa de Gobierno aseguran que este convenio refuerza la política de seguridad pública y reinserción social de Mendoza, alineándose con los objetivos de la cartera de Seguridad en la protección de la comunidad y la reducción de la reincidencia delictiva.