Organizaciones sindicales de Ecuador denunciaron que, en plena crisis energética que vive el país, continúa la violación sistemática de los derechos de los trabajadores, pues adujeron que son víctimas de despidos masivos, persecuciones y la coartación de su libertad sindical.
Miembros de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) y del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) se reunieron este jueves frente al Ministerio de Trabajo para denunciar estos “atropellos” contra la clase trabajadora del país, según indicaron en un comunicado.
Edwin Bedoya, presidente de la Cedocut, confirmó que han recibido denuncias de despidos injustificados por parte de grandes empresas, los cuales continúan a pesar de la emisión de una ley económica urgente en materia de energía, así como de la condonación de deudas e intereses a empresarios por parte del Gobierno.
“El alivio económico que reciben las empresas versus los despidos que se están haciendo, eso es contradictorio”, denunció Bedoya, que reclamó seguridad jurídica para vigilar los derechos de los trabajadores.
Además, anotó que no se puede permitir que empresas grandes empiecen a despedir trabajadores, “pues se agravaría la crisis de desempleo, social y política que vive el país”.
Ecuador atraviesa una crisis energética debido a la dependencia de sus centrales hidroeléctricas, que constituyen el 72 % de la matriz nacional de generación eléctrica, y una sequía histórica que ha llevado al país a realizar apagones programados de hasta catorce horas al día para los hogares desde mediados de septiembre.
Estos cortes han sido todavía más severos para el sector industrial, donde algunas zonas de Quito han llegado a experimentar cinco días completos de suspensión del servicio eléctrico, lo que ha levantado la voz de protesta del sector empresarial.
Bedoya también declaró que han recogido ‘vistos buenos’, un trámite administrativo que permite al empleador dar por terminada la relación laboral de manera unilateral con el consentimiento del Ministerio de Trabajo si se cumple alguna causal establecida en la ley, contra trabajadores sindicalizados que consideró “mañosos”, pues con ellos “se está violentando el derecho a la libertad sindical”.
A su vez, mencionó la persecución política a líderes como David Almeida, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP).
“Si esta es la palabra de los empresarios y no tenemos ninguna forma de tutelar los derechos de los trabajadores, que es papel del Estado y papel del Ministerio de Trabajo (…) no tenemos ninguna garantía”, expresó Bedoya.
Ante la inacción de la que acusan al Ministerio de Trabajo, se añaden otras cuestiones como empresas que no respetan los procesos de negociación colectiva o el retraso de los pagos de sueldos y salarios de los gobiernos locales.
Estas organizaciones sindicales convocaron para este jueves una serie de marchas para expresar el descontento de la población ante la situación de crisis múltiple que vive el país y que golpea, sobre todo, a los sectores populares y a los trabajadores.
En relación, la ministra del Interior, Mónica Palencia, recordó este jueves que Quito, la capital de Ecuador, se encuentra en estado de excepción, lo que afecta a algunos derechos como el de asociación, y restringió el acceso al centro histórico de la ciudad.