Un informe destacó que las boletas del servicio eléctrico en la provincia son las más altas del país. Ajustes periódicos y subsidios enfocados a sectores vulnerables, las claves.
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El informe que reveló que Mendoza tiene la boleta de luz más cara del país provocó la inmediata reacción de la administración de Alfredo Cornejo, que defendió la política tarifaria aplicada en la provincia y destacó la robustez del sistema eléctrico local en comparación con otras jurisdicciones.
Ese trabajo del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Conicet ubicó a Mendoza como la provincia con la tarifa eléctrica más alta en los segmentos de recursos bajos (N2) y medios (N3), que sólo pagan aproximadamente entre 5% y 6% del costo de abastecimiento de la energía. En el caso del grupo de usuarios con ingresos altos (N1), que no reciben subsidios, ocupa el tercer lugar.
“No corresponde que Mendoza sea comparada con otras jurisdicciones sin tener en cuenta profundas e importantes diferencias”, explicaron desde el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).
Tarifa actualizada
Uno de los principales contrastes que destacan las autoridades locales es que mientras la tarifa de luz en Mendoza está actualizada, en otras provincias existe un importante atraso que los usuarios terminarán sufriendo cuando se corrija esa distorsión.
El ejemplo que ponen sobre la mesa los funcionarios locales es el Área Metropolitana de Buenas Aires (AMBA), donde el histórico atraso tarifario derivó en falta de inversiones que impactan directamente en la calidad de servicio. Esa zona, servida por Edenor y Edesur, tiene una de las boletas más bajas del país, sólo por arriba de La Rioja, donde los subsidios tienen una extraordinaria incidencia.
Ajuste trimestral
Por otra parte, hay que recordar que un decreto del finales del año pasado estableció que el Valor Agregado de Distribución (VAD), el único ítem de la tarifa que determina el gobierno provincial, se debe ajustar trimestralmente en Mendoza, siguiendo la evolución de la inflación.
Esa medida debutó en febrero, con un incremento promedio de 159% para los usuarios residenciales. El segundo paso, que debía darse en mayo, fue postergado tras una negociación con las empresas, en consonancia con una decisión de la Casa Rosada para apuntalar la desaceleración de la inflación y evitar otro fuerte impacto en los bolsillos de los usuarios.
Sin subsidios y con tarifa homogénea
“Otras jurisdicciones aportan subsidios a las empresas prestadoras a fin de intentar mantener un servicio de calidad, situación que no ocurre en nuestra provincia”, afirmaron desde el ente de control encabezado por Andrea Molina.
Además resaltaron que Mendoza cuenta con una tarifa homogénea, por lo que clientes de lugares más alejados de los centros urbanos o de zonas rurales pagan lo mismo que los usuarios del Gran Mendoza, con el mismo consumo y categoría tarifaria.
“Es obvio que no tiene el mismo costo llevar la energía a zonas de gran concentración urbana que a los lugares más alejados”, explicaron.
Tarifa social
“En la comparativa no está contemplada la tarifa social”, manifestó Molina, en referencia a los 180.000 de bajos recursos que perciben ese beneficio.
El trabajo de la UBA y el Conicet tampoco tuvo en cuenta a los 11.000 jubilados y pensionados que consumen menos de 300 kwh/bimestre y perciben un subsidio del 50% de sus facturas eléctricas debido a su situación de vulnerabilidad socioeconómica, ni a aquellas personas electrodependientes por cuestiones de salud.
“Si se suman esos sectores, se reduce el precio promedio que figura en el informe”, agregó la titular del EPRE.