Hubo un acuerdo entre el Gobierno y el abogado de Derechos Humanos que había presentado la demanda, Carlos Varela, que fue ratificado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Luego de 10 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos levantó las medidas cautelares que había aplicado sobre Mendoza por el estado de las cárceles Almafuerte y San Felipe y posibles violaciones a los derechos humanos, lo que supone una buena noticia a nivel nacional y por supuesto para el Gobierno local, que debió trabajar y realizar reformas estructurales en el sistema carcelario mendocino.
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, y el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, participaron en una audiencia de trabajo convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se puso este tema sobre relieve, teniendo en cuenta que la audiencia fue programada de oficio por el organismo internacional para tratar los avances sobre las medidas cautelares aplicadas a Almafuerte y San Felipe en 2014, por violaciones a los derechos humanos de los internos en diversas presentaciones de abogados ante la CIDH.
Durante esta reunión, en la que también estuvieron presentes Alberto Julio Baños, secretario de Derechos Humanos de la Nación, y Javier Salgado, representante de Cancillería, las autoridades mendocinas presentaron el acuerdo alcanzado con el abogado Carlos Varela Álvarez (quien en 2014 impulsó las medidas cautelares), en el que ambas partes solicitaron el levantamiento de las medidas cautelares impuestas en 2014.
Conformidad del Gobierno
En diálogo con Los Andes, Rus señaló que se trata de un “gran logro haber podido presentar al comisionado de la CIDH este acuerdo y una exposicion integral sobre la situacion de Mendoza en materia penitenciaria” y defendió la gestión, al sostener que el servicio penitenciario mendocino “es el mas grande de todo el oeste argentino y referente nacional”.
“Esto es sumamente importante si queremos ser efectivos en materia de seguridad, no puede haber produccion de seguridad sin un sistema penitenciario legitimo que contenga detenciones”, dijo, y remarcó que en promedio por día la policía aprehende 15 personas por hora. “No todo se judicializa, pero debe haber un sistema en regla que acompañe ese nivel”, sostuvo.
En tanto, D’Agostino señaló que el Acta Acuerdo que se presentó ante la CIDH “demuestra que la situación fáctica por la cual dictaron las medidas cautelares en el año 2014 ha cambiado y se han cumplido las recomendaciones por parte del Gobierno provincial en estos últimos 8 años de gestión”.
“La situación en la que se recibieron los penales provinciales es hoy es infinitamente superior. Esto demuestra una verdadera política pública en materia de Servicio Penitenciario que ha sido reconocida y reflejada por nuestra parte ante la CIDH en esta Reunión de Trabajo y en la firma de este acuerdo que pide el levantamiento de las mismas”, sostuvo.
Gracias a estas transformaciones, esenciales para un sistema de seguridad eficiente, que incluyen la construcción de más de 60.000 metros cuadrados de nuevas instalaciones penitenciarias y la adopción de un marco normativo con más de 60 resoluciones, Mendoza ha podido reducir el hacinamiento y fortalecer los servicios de salud y seguridad en los establecimientos penitenciarios.
En esta instancia, el abogado Carlos Varela Álvarez, suscribió al pedido de levantamiento reconociendo las mejoras realizadas por la Provincia en los complejos de Almafuerte y San Felipe. Esto demuestra que los avances alcanzados por Mendoza están al nivel de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
“El acuerdo cierra un círculo, de recibir un Servicio Penitenciario sancionado internacionalmente a uno referente nacional como en el que se ha transformado”, agregaron la ministra y el subsecretario. “Para ser eficiente en materia de seguridad es necesario un sistema penitenciario a la altura de una contención en el marco del Estado de derecho y de la producción de seguridad traducida en aprehensiones y detenciones”, concluyeron los funcionarios.
La solicitud de Mendoza para el levantamiento de la medida está convalidada por el Estado argentino a través de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y de la Dirección de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos, del Ministerio de Relaciones Exteriores.