Avanzará la concesión del proyecto que pasó de mano en mano durante las últimas administraciones. Restan días para saber qué grupo se hará cargo y las primeras acciones concretas podrían comenzar antes de que termine el año. ¿La quinta es la vencida?
Finalmente, el Gobierno de Mendoza adjudicará esta semana la obra del Hospital de Luján de Cuyo, un proyecto postergado durante 14 años y que tuvo anuncios inconclusos de por medio. Esta vez, la iniciativa avanzará, pero bajo un esquema de gestión privada. Son tres los oferentes en la disputa por la concesión -que durará 15 años- y en los próximos días el Ejecutivo comunicará oficialmente quién se hará cargo.
El Hospital de Luján pasó de largó por varias administraciones provinciales de todos los colores. “Antes de finalizar la gestión se abrirá la licitación para iniciar la primera etapa de la construcción del Hospital de Luján”, dijo en el entonces gobernador Celso Jaque en mayo de 2011. Después pasaron Francisco Pérez y Alfredo Cornejo en el medio. En 2014 se rescindió el contrato -con pequeños avances- por incumplimientos y recién en 2019 se inauguraron los Consultorios Externos en la Lateral Oeste del Acceso Sur y calle Quintana con la promesa de seguir con el resto del proyecto.
Rodolfo Suarez, en modo electoral durante 2023, anunció la licitación, que también se cayó porque la oferta de la empresa Corporación del Sur superaba ampliamente el presupuesto. Recién en diciembre de 2024 los planes cambiaron cuando se dio a conocer que se incorporaría un esquema de gestión público-privada con una inversión total estimada en $6.438.206.000.
En diálogo con El Sol, el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero reveló que restan pocos días para comunicar quién se hará cargo de la concesión. “Yo calculo que será, si no es esta semana que viene, la próxima. Ya vamos a tener el grupo que esté adjudicado para poder gestionar ese hospital”, comentó.
Los oferentes son Clínica Aconcagua S.A., empresa con presencia en San Luis y Buenos Aires; Hogar Salud S.A., firma que representa al Grupo Olmos -del diario Crónica y con inversiones en salud-; y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Alta Salud – Pabra S.A., gestora del Hospital Santa Isabel de Hungría en Mendoza y otras instituciones de salud en Córdoba.
Montero aclaró que “sigue siendo un hospital público de ingreso para personas que no tienen obra social, pero gestionado de manera privada”.
Puntualmente, se establece que entre 40% y 60% de su capacidad deberá destinarse a quienes tengan cobertura pública exclusiva. En estos casos, la Provincia financiará las prestaciones mediante el sistema de pago por servicio, utilizando como referencia el nomenclador del Ente de Recuperación de Fondos (REFORSAL).
La concesionaria también deberá abonar un canon por el uso del inmueble. El seguimiento de todos los aspectos del contrato estará a cargo de una Unidad Técnica de Control
El ministro explicó que el nuevo centro de salud será “el primer hospital del país en esas condiciones” y contó que el pliego fue redactado el año pasado y luego publicado para que toda la sociedad pudiera revisarlo. “Lo dejamos tres meses, recibimos muchas sugerencias -varias de ellas muy valiosas- y las incorporamos”, señaló. Además, detalló que el llamado a licitación se realizó en marzo, con una publicación de 45 días y acciones de difusión en Buenos Aires “para que pudieran presentarse grupos de otras provincias”.
“A fines de julio terminó el plazo para presentar ofertas”, dijo luego de que a comienzos de ese mes el Gobierno, a través de un Decreto publicado en el Boletín Oficial, dilatara el proceso con una prórroga. “Recibimos tres ofertas concretas de tres. Fueron analizadas y surgieron algunas preguntas nuestras de interpretación. Es un pliego complejo por el modelo y porque no hay mucha experiencia. Incluso no hay mucha experiencia internacional de eso, entonces pedimos aclaraciones y le dimos plazo para responder respondieron las empresas esas aclaraciones y ahora estamos en fase de adjudicación”, sumó.
Plazos
En una primera etapa, la empresa privada a cargo deberá habilitar consultorios médicos y ofrecer atención ambulatoria para demanda espontánea, con un horario reducido y centrado en casos de baja complejidad. Esta fase inicial no contemplará la atención de emergencias graves ni de cuadros pediátricos críticos, aunque permitirá resolver cerca del 90% de las consultas habituales del sistema público de salud.
En la segunda etapa, el concesionario deberá realizar las inversiones necesarias para ampliar la capacidad del establecimiento, incorporando servicios de internación, quirófanos y otras prestaciones, de modo que el hospital pase a operar como un centro de baja complejidad (nivel 1).
Montero aseguró que, con la inminente adjudicación, “la primera etapa empezaría muy rápido porque consiste en hacer todo lo que es consultorio externo, que eso ya está construido, con lo cual solamente tienen que cambiar el cartel de entrada, meter los profesionales en el hospital y empezar a atender”.
“Va también con consultorio externo de demanda espontánea, es decir, va a poder ir una persona a llevar a su hijo que le haya pasado algo para atenderse en el hospital de Luján. Eso probablemente sea para finales del 2025. También ahí dependemos un poco de la agilidad del grupo que gane”, señaló.
El ministro explicó que, una vez completadas las etapas iniciales, el proyecto avanzará hacia una fase que contempla la ampliación del hospital con el área quirúrgica. Señaló que esa instancia requerirá obras a cargo de la empresa adjudicataria y que el plazo estimado para su ejecución es de 18 meses. “Con lo cual los quirófanos y las cirugías probablemente nos demoren hasta 2027 para poder comenzar con la cirugía ambulatoria”, anticipó.
Criterios de selección
En una licitación “normal”, el Gobierno evalúa oferentes en base a lo que es, principalmente, el presupuesto que el Ejecutivo tiene. En este caso que involucra a un privado que tomará posesión del establecimiento, se utiliza un sistema de puntaje particular, según explicó el funcionario.
Sobre los criterios de selección manifestó: “Ya hemos evaluado y armado la grilla, según lo que estaba publicado en el pliego. Puntuamos y pusimos orden de prioridad en esos puntajes. Es decir, hay uno arriba, uno en el medio y uno abajo”. En cuanto a los pasos administrativos, amplió que se hizo un dictamen legal para esa adjudicación que ahora está en Asesoría de Gobierno y que, de allí, va a Fiscalía de Estado. Ambos hacen sus dictámenes, vuelven al Ministerio de Salud y se hace la adjudicación.
El “score” está dividido en varios grupos, remarcó. “Hay una parte que tiene que ver con la obra. Nosotros dimos condiciones generales y planos generales, pero también había libertad para presentar mejoras. Todos tenían el puntaje básico en la medida que cumplan el pliego -que era lo que nosotros pedíamos- pero podían presentar mejoras: tiempo para construir más rápido de lo que nosotros proponíamos, plata, diseño del lugar o en servicios de infraestructura como áreas nuevas”, dijo.
Rodolfo Montero relató que la propuesta incluye no solo el desarrollo edilicio, sino también la incorporación de equipamiento médico básico. En ese sentido, señaló que los oferentes tenían la posibilidad de sumar equipos de mayor complejidad, como un tomógrafo, un resonador o ecógrafos, y agregó: “Si ellos mejoraban esa inversión, que es dinero que sale de su bolsillo, sumaban además de los puntos básicos un extra”.
Además, destacó que el proyecto pone un fuerte énfasis en el modelo de atención y en la calidad del servicio, aspectos que -según resaltó-son prioritarios. “Queremos mostrar que puede funcionar un modelo de gestión privada en un hospital público y que el servicio va a ser de calidad”, afirmó.
En lo que refiere al retorno de inversión para el privado, aclaró que desde el Gobierno “no se meten porque lo tiene que definir el propio privado”. Si se amplía la inversión, se le extiende el periodo.