Juan Manuel Pina avanzó con el trámite del expediente luego de que su par Sebastián Sarmiento se apartara de la causa.
El juez Juan Manuel Pina aceptó este lunes la apelación de la Provincia y resolvió avalar la quita de los teléfonos a los presos en las cárceles de Boulogne Sur Mer y San Felipe, luego de que su par Sebastián Sarmiento decidiera la semana pasada poner en suspenso la medida luego de un hábeas corpus colectivo.
El fallo del magistrado a cargo de la Unidad de Control de Privación de Libertad del Juzgado Penal Colegiado N°1 también se conoció luego de la inhibición de Sarmiento, tras la polémica que generó su dictamen para que los internos pudieran volver a contar con teléfonos en los pabellones, hasta que el Servicio Penitenciario cumpliera con las medidas para que no queden incomunicados.
Pina concedió el recurso de apelación presentado por el director del Servicio Penitenciario (SP), Eduardo Orellana, y suspendió lo ordenado por Sarmiento, quien esgrimió se vio afectada “la percepción de su imparcialidad”, luego de la trascendencia mediática que tuvo el caso la semana.
“(…) en mi carácter de Juez de turno de la Unidad de Control de Privación de Libertad del JPC nro. 1, y atento a la inhibición del Dr. Sebastián -Sarmiento agregada en orden 63 de autos, CONCÉDASE el recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma por el Director del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza, contra el auto dictado en fecha 15/04/2025. (art. 466 Ley 6730, t.o. 7007 y cctes. del C.P.P.) y SUSPENDASE lo ordenado mediante resolución de fecha 15 de abril de 2.025 en lo que resulta objeto del presente recurso, y hasta tanto quede firme la misma“, establece la resolución de Pina.
La polémica explotó el martes de la semana pasada, cuando Sarmiento aceptó un hábeas corpus presentado por presos de las cárceles de Boulogne Sur Mer y San Felipe de Ciudad, que requerían tener garantizada la comunicación.
El juez de primera instancia determinó la suspensión de la medida que retiraba estos elementos a los internos, fundamentando que el Servicio Penitenciario Provincial no había garantizado un acceso mínimo a la comunicación, tal como se ordenó en 2024.
Entre otros puntos, el SP tenía que disponerse de una cabina cada 200 internos, pero el magistrado consideró que la Provincia no cumplió con la medida, basándose en un informe que reconocía el atraso de la ejecución de las medidas.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Por un lado, aseguraron que apelarían la decisión judicial. Pero también avanzaron con la posibilidad de pedir un Jury de Enjuiciamiento al magistrado.
La vocera en primer lugar fue la vicegobernadora Hebe Casado.
“La Corte ya se expidió sobre este tema y nosotros también fuimos bastante contundentes. Desde que iniciamos nuestra gestión dijimos que no queríamos celulares en las cárceles. Fuimos a la Justicia y el Máximo Tribunal indicó que ya no estaban las condiciones de pandemia como para que haya un uso indiscriminado de celulares intramuros“, resaltó en su momento la presidente del Senado.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, también consideró que Sarmiento “se extralimita en sus facultades y competencias“, a la vez que reafirmó la política del Gobierno de que los internos no tengan celulares porque, estiman, favorece actos delictivos.