Sebastián Sarmiento resolvió un habeas corpus presentado en Boulogne Sur Mer y San Felipe, debido a que no se garantizó el acceso a un teléfono cada 200 internos.
Una resolución judicial frenó este martes la aplicación de una medida que disponía el retiro de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos de las cárceles de Boulogne Sur Mer y San Felipe, en Capital.
El fallo, firmado por el juez Sebastián Sarmiento, se ventiló luego de un habeas corpus colectivo impulsado por un grupo de internos de dichos penales y remarcó que el Servicio Penitenciario (SP) no garantizó el acceso mínimo al derecho a la comunicación, tal como había ordenado en enero del año pasado.
El pronunciamiento declara el “incumplimiento material” de una orden previa, dictada el 13 de marzo, en la que el mismo magistrado había intimado al SP a garantizar el uso de dispositivos tecnológicos para las personas privadas de libertad.
Según esa resolución, debía cumplirse con una proporción mínima de un equipo o cabina especialmente dedicada por cada 200 internos, con condiciones técnicas adecuadas para “garantizar privacidad, accesibilidad y funcionalidad”.
A pesar del plazo de 15 días hábiles otorgado para hacer efectiva la disposición, el SP respondió el pasado 11 de abril con un informe que, a criterio del magistrado, no presentó avances significativos. “No surge acreditación alguna del cumplimiento” de lo ordenado, sostuvo Sarmiento en su nueva sentencia.
Incluso remarcó que el organismo reconoció que aún se encuentra en trámite la compra de nuevos equipos y la reglamentación de los procedimientos de videollamadas.
En ese contexto, el magistrado ordenó la suspensión transitoria del retiro de teléfonos celulares en las dos citadas cárceles de Ciudad, hasta tanto se garantice de forma efectiva el acceso a los aparatos para la comunicación.
Además, el fallo intimó al SP a presentar un nuevo informe en un plazo de 20 días hábiles con datos actualizados sobre la cantidad, ubicación y funcionamiento de los equipos habilitados para las comunicaciones. También convocó a una audiencia de seguimiento para el próximo 21 de mayo en el Polo Judicial, con presencia del director del SP, Eduardo Orellana, y representantes de derechos humanos y defensores oficiales.
La resolución fue remitida también al Ministerio de Seguridad, que apeló y el próximo lunes el juez definirá si le da curso a ese trámite, y a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, como parte del seguimiento del expediente relacionado con el control administrativo durante la pandemia por coronavirus.
Por lo que aseguraron fuentes judiciales, los internos de San Felipe y Boulogne Sur Mer seguirán accediendo a dispositivos digitales como único medio para mantener el contacto con sus familias y abogados.