Son decenas los casos sospechosos en San Rafael. La líder de la supuesta organización que tramitaba beneficios está con domiciliaria
Los casos bajo la lupa son 26, pero podría haber más.
En 2023 se destapó una presunta trama de acomodos y mañas con la que se obtenían Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez utilizando certificados truchos en San Rafael. Ahora, fuentes de la Justicia Federal confirmaron que los beneficiarios bajo sospecha llegan a 26 y que hubo desprendimientos de la causa principal: podrían ser más.
La causa -a cargo del juez federal Eduardo Puigdéngolas– posee los ribetes de un thriller de provincias. Una mujer carismática, médicos, abogados; amistades de vieja data. Y muchos interesados en conseguir “de arriba” una pensión estatal.
La pesquisa apuntó a una asociación ilícita que habría operado bajo la guía de Norma Bravo (59), o “Mamá Norma”, como la conocían algunos, y que extendía sus tentáculos hasta algunos efectores de salud del sur provincial, como el Hospital Schestakow.
Norma Bravo está en prisión domiciliaria, según informaron fuentes de la Justicia Federal.
De aquella primera época quedaron procesados, además de Bravo, Sonia del Carmen Rodríguez, Ernesto Dionisio Ochoa, Francisco Navarro, Carla Micaela Ochoa, Eva Antonia Bravo, Damián Fernández Bianchi, Sergio Luis Pascuttini y Claudia Silvina Bustos.
Los imputados apelaron, pero sus recursos fueron rechazados. De todos modos, al día de hoy la única que está detenida -con domiciliaria- es Bravo.
El Hospital Schestakow, por su parte, inició sumarios administrativos para deslindar responsabilidades y desafectar a quienes se desempeñaban en la institución y cometieron delitos.
Algunos de los involucrados trabajaban en el Hospital Schestakow, donde las autoridades iniciaron sumarios administrativos. Imagen ilustrativa.
Pero lo más preocupante es que, más allá de quienes habrían formado parte de la organización, parece haber existido una red extendida de beneficiarios que recibían dinero del Estado sin ser discapacitados y sin necesitarlo. La incógnita es cuántos eran
Los últimos avances de la causa
En julio de 2023 el fiscal federal Ignacio Sabás solicitó allanamientos y detenciones por el delito de asociación ilícita. Los imputados comenzaron a ser indagados y se dictó su procesamiento.
Ya en 2024, y a partir de documentación que se secuestró en esos operativos, la fiscalía destapó 26 presuntos titulares de pensiones truchas, lo que sumó nuevos procesamientos para las personas ya sospechadas y para quienes supuestamente percibían los beneficios.
¿Cómo hacían? Depende de la etapa del proceso. El eslabón clave era el de los médicos que habrían confeccionado certificados donde se afirmaba que los pacientes tenían una discapacidad que no era real. Eso allanaba el camino para recibir la plata, sin que aparentemente nadie hiciera mucho por controlar las solicitudes.
Esta segunda tanda de procesamientos también fue apelada y habrá que aguardar la respuesta de la Justicia para ver cómo se resuelven.
La fotografía de uno de los allanamientos que se concretaron en San Rafael. Foto: Justicia Federal.
De todas maneras, el fiscal ha pedido citar a declaración indagatoria a los involucrados y avanza en la identificación de otros beneficiarios irregulares, según contaron fuentes judiciales a Diario UNO.
“Podría haber más casos -anticipó uno de los consultados-. Esperamos que nos siga llegando información desde ANSES y otros organismos nacionales”.
El panorama nacional
En mayo de este año, el fiscal federal Guillermo Marijuan -que desde hace tiempo investiga un perjuicio de $5.842.000.000 anuales por el cobro de 2.954 pensiones universales para adultos mayores que se percibían de manera irregular- se refirió al caso sanrafaelino en el programa “Séptimo Día” (Canal 7) y resaltó que entre los acusados hay varios médicos.
El fiscal Guillermo Marijuan.
Marijuán habló de 30 casos de pensiones truchas en San Rafael, lo que no coincide exactamente con lo informado a este medio por las fuentes judiciales. De todas maneras, la cifra sigue dentro de lo que parece haber sido una práctica relativamente común en algunas dependencias del Estado.
Es más: para graficar cómo se dispararon esas pensiones por invalidez en el país, Marijuán recordó en Canal 7 que en el 2020 había 80.000 beneficiarios de esas pensiones “y hoy tenemos más de 1.200.000”.