El registro de contratos que formaliza la relación productor-industria data de 2018. Con ley Bases y desregulación económica ahora Cornejo quiere eliminarla.
Formalizar el mercado de compra-venta de uva es hace 5 años objeto de la ley de contratos. ¿Por qué el Gobierno de Cornejo busca ahora derogarla?
Luego de aprobarse la dilatada y polémica Ley Bases en el Senado nacional, clave para la desregulación de la economía que pretende Javier Milei, en Mendoza avanza una iniciativa en la misma sintonía. Es la derogación de la ley 9133, que obliga a registrar los contratos de compra y venta de productos vitivinícolas y agrícolas en general, impulsada por el gobierno de Alfredo Cornejo.
Si bien desde el Ejecutivo provincial argumentan que se trata de “un esfuerzo por reducir la burocracia y simplificar procesos para el sector agroindustrial”, el propósito ya empezó a cosechar apoyos y rechazos por igual.
Lo cierto es que tiene una particularidad: se trata de una ley que nació durante el primer gobierno del mismo Cornejo.
La 9133, sancionada el 11 de diciembre de 2018, empezó a regir desde enero de 2019. Primero aplicable a las transacciones de uva y vino, un alcance que en 2020 se amplió a productos agrícolas en general.
Ahora, nuevos vientos para el libre mercado y el “VLLC” la hacen tambalear. El ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu, al argumentar que es una “carga burocrática innecesaria” para la industria, presentó un proyecto para su derogación ante el Senado de la Legislatura provincial.
“De los 43.000 contratos registrados en cuatro años, solo 397 fueron infraccionados, todos por formalismos, sin denuncias por problemas de pago o entrega de mercadería. Esta ley significaba una tarea burocrática y una erogación de contratos y sellos, dinero que se le quita a la actividad privada”, afirmó Vargas Arizu en referencia a multas acumuladas por más de $450 millones desde 2019.
Este es el motivo por el que el Poder Ejecutivo impulsa este proyecto, comentó el titular de la cartera de Producción, para proteger a los pequeños productores mediante la estabilidad económica y la eliminación de barreras innecesarias.
Rodolfo Vargas Arizu, impulsor de la derogación de una ley sancionada en la primera gobernación de Alfredo Cornejo
Foto: Yemel Fil
Una derogación que avanza rápido
La iniciativa del Gobierno de Cornejo agiliza su camino hacia su tratamiento en el recinto. De hecho, a menos de una semana de presentarla Vargas Arizu se reunió el miércoles 12 con la Comisión de LAC (Legislación y Asuntos Constitucionales) y Economía, mientras el país seguía en vilo por el tratamiento de la ley Bases.
Pero ¿por qué derogar ahora una norma nacida en una gestión del mismo mandatario? ¿Cambiaron las condiciones del trato comercial entre productores e industrias como para que el Estado “se corra” y deje de lado una herramienta legal, sobre todo luego de haber intervenido más de una vez para sostener los precios?
Para Leandro Roldán, director de Fiscalización y Control, “no cumplió con los objetivos previstos en su momento. Generó una carga en costos administrativos y burocráticos para todo el sector que se evidencia en más de $1.000 millones cargados al sector productivo y no se volcaron a la producción sino a cumplir con los requerimientos de esta ley, que es anacrónica”.
Sin embargo, esta normativa ha sido objeto de críticas por parte de productores e industriales. Las características climáticas y usos y costumbres de la actividad agrícola en Mendoza dificultan la certeza sobre las cantidades y calidades producidas, lo que complica el cumplimiento de los contratos. Esto, más allá de la carga impositiva como extracosto que el Gobierno ve como un factor que justifica la derogación.
La industria, a favor de la derogación
“Al productor se lo defiende de otra forma, no haciendo un contrato con la inestabilidad cambiaria de los últimos cuatro años. Defenderlo es tener un tipo de cambio coherente, no tener déficit fiscal ni retenciones y que los precios se acomoden”, acota Vargas Arizu.
Desde el Gobierno aclaran que, al margen de ser eliminada, todas las sanciones (administrativas o judiciales) sean canceladas. Tampoco habrá devolución de montos ya abonados ni se cuestionarán las obligaciones ya cumplidas bajo la ley derogada.
Con todo, el sector bodeguero recibió con beneplácito la decisión.
Además de señalar que “no se adaptó a usos y costumbres”, Milton Kuret, director ejecutivo de Bodegas de Argentina consideró que “todas las penalidades por incumplimiento recaían sobre el comprador. Y su implementación fue de un alto costo administrativo para los compradores: presentaciones fuera de plazo generaban multas del 5% del valor del contrato, aún cuando las partes hubieran alcanzado un acuerdo fuera del plazo previsto”.
El ejecutivo de BA tampoco evadió la dinámica del mercado. “La dinámica de la cosecha, hacía que lo pactado al inicio, fuera totalmente diferente al final de cosecha. Esto obligaba a los compradores a ajustar contratos a lo efectivamente sucedido. A ello debemos sumar el precio convenido”, acotó Kuret.
Productores, en defensa de la ley
Más allá de algunas consideraciones y de coincidir en que no cumplió del todo con su cometido, Sebastián Lafalla, de la Cámara de Agricultura de Tupungato señaló que “hay desconocimiento, o lo que es peor, mala fe” detrás de la iniciativa oficial.
Para Lafalla “no está bueno que se derogue. La ley es una herramienta que se debe perfeccionar. El ministro se equivoca al hablar de desregular, porque la norma da un marco jurídico o legal para la acción: el productor no pretende fijar un precio, sino que el Gobierno lo haga, sino contar con reglas claras”.
En tal sentido, la problemática expuesta es que la materia prima se entrega en marzo pero empieza a cobrarse en junio. De acuerdo a la temporada, las operaciones terminan de liquidarse a los viñateros hasta en 10 cuotas.
“Frente a eso, la pretensión es que se puedan actualizar los precios, y para eso es importante una ley que contextualice, por ejemplo, con la tasa nominal anual del Banco Nación. Entre marzo y junio, a razón del 5% mensual promedio de inflación ya perdimos un 20%, y si se cuenta el pago en cuotas la pérdida llega al 50%”, detalló el productor y dirigente, no sin criticar a Vargas Arizu, por su condición de bodeguero e industrial olivícola identificado con los intereses de ese rubro.
El contexto preocupa todavía más por tratarse de un mercado con “cartelización” de los precios. Esto es, un acuerdo tácito para no superar cierto umbral de valores ni de plazos a la hora de cerrar las operaciones de compra, frente a lo cual en el sector primario defienden la necesidad de un marco legal para “en caso de ser necesario, dirimir diferencias en la Justicia“.
El futuro de los contratos
¿Tiene una alternativa el Gobierno para reemplazar la ley?
El ministro de Producción anticipa que cuenta con “otro mecanismo. Toda la información de la industria se pondrá a disposición a través de una app, para que todo el mundo pueda ver la modificación semanal de los precios en épocas de compra”.
Con la mirada puesta en el escenario post-ley, desde la industria marcan diferencias entre las relaciones comerciales.
“En el mercado de uvas hay dos grupos de operadores. Aquellos que se fundan en la confianza entre las partes y cada año mantienen sus operaciones y otro que trabaja en una relación de oferta demanda, porque además los vinos a los que van esas uvas son de escasa diferenciación o segmento más masivos que siguen esa lógica”, aportó al respecto Kuret.