Decreto de Nilda Garré reservaba a esos agentes para el caso exclusivo de agresiones externas.
El Poder Ejecutivo conformó un Comité de Crisis y ordenó que las Fuerzas Armadas participen en cuestiones logísticas del operativo, sin embargo, un mayor involucramiento contra bandas de narcoterrorismo en Rosario requiere de una modificación legislativa.
El presidente Javier Milei dijo en declaraciones televisivas que el gabinete prepara un proyecto en materia de seguridad para enviar al Congreso. Luis Petri, ministro de Defensa, viene anunciando desde su asunción en Defensa un proyecto de ley que al parecer ya estaría listo para su envío al Parlamento, aunque el texto no tendrá una resolución inmediata.
Lograr consenso en un tema que aún divide las aguas por interpretaciones setentistas será tan duro como lo fue la ley ómnibus. En paralelo Defensa explora un atajo más expeditivo; volver atrás con otro decreto que derogue las directivas del DNU 727/06, que alumbró Nilda Garré cuando ocupaba el ministerio de Defensa. Establecía que las Fuerzas Armadas son un instrumento militar de defensa nacional que debe ser empleado sólo ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro Estado.
Esa norma puso un cepo al empleo del instrumento militar. Petri desde su asunción militó la derogación y el diseño de una nueva ley de Seguridad Nacional alineado con el pensamiento de su excompañera en la fórmula presidencial, Patricia Bullrich. En declaraciones recientes ante el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) el ministro reiteró que se estaba trabajando para “evitar que el territorio se vea comprometido por una agresión, ya sea externa estatal o de un agente externo no estatal, como lo son las amenazas terroristas que requieren del accionar complementario de las Fuerzas Armadas”.
La crisis rosarina con incitación al terror vía mensajes de atentados de muerte contra inocentes apuró decisiones. Hasta ahora sólo hay preparativos de apoyo logístico de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la ley de Seguridad. El esquema de personal y medios a desplegar será en etapas a requerimiento del Comité de Crisis. La cadena de autoridades militares tiene en la cúspide al jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Xavier Isaac, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la Nación y su representante ante las fuerzas es el ministro de Defensa.
De ese tridente surgirá cómo y con qué apoyar las acciones de las fuerzas de seguridad según la apreciación del escenario que brinde la titular de Seguridad, Patricia Bullrich. El artículo 27 faculta al Ministerio de Defensa a disponer “en caso de requerimiento del Comité de Crisis, que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”.
Hay un interrogante que atormenta a funcionarios de Defensa: ¿deben ir con o sin armas los soldados a desplegar? Reflexiones aristotélicas que desembocaron en la lógica castrense: “El armamento es parte esencial del soldado, aún en misiones de mantenimiento de la paz en el extranjero los uniformados portan sus armas reglamentarias”. Hay experiencia en contrario. En marzo de 2023 la gestión de Alberto Fernández vivió una escalada de violencia en Rosario, la balacera contra un supermercado propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo y un mensaje mafioso que dejaron a Lionel Messi. Puso en marcha un operativo para combatir la violencia narco. Se trató de un refuerzo de 300 efectivos de la Gendarmería Nacional y otros 100 de la Policía Federal a los que se agregó una compañía de ingenieros del Ejército Argentinocon la tarea de ayudar en la urbanización de barrios populares del gran Rosario. Fueron desarmados y se confió la protección a las fuerzas de seguridad.
Ahora la situación escaló con amenazas directas de atentar contra la vida de inocentes que dejaron bandas vinculadas con el crimen organizado, accionar que tipifica el terrorismo; la dominación por el terror. Hay otra provincia en situación parecida; Mendoza. Godoy Cruz Oeste es la “Rosario mendocina” dijo a Ámbito, Francisco “Pancho” García Gabrielli, referente del PD (Partido Demócrata, conocido como los gansos) nieto del ex gobernador mendocino Francisco Gabrielli. Acá la situación es tan grave como la que padece la ciudad de Rosario. Las guerras entre bandas de jóvenes narcos tienen atemorizados a los vecinos de la zona Oeste del departamento de Godoy Cruz”.
“Hay muertos todos los días resultado de balaceras, inclusive inocentes que son víctimas de los enfrentamientos entre narcos y otros a causa de robo para conseguir dinero para drogarse”, dijo. “Estamos con el mismo nivel de inseguridad que Rosario, pero no llega a ser visible a la dirigencia nacional”, agregó García Gabrielli. Desplegar militares en zonas urbanas calientes sin posibilidad de autodefensa representa un altísimo riesgo de vida y, obvio de costo político en caso de bajas, las temidas body bags. La planificación preliminar del Estado Mayor Conjunto supone un mínimo de personal militar; sólo para tareas de comunicaciones; provisión de material rodante (camiones, vehículos 4×4, ambulancias y combis) y helicópteros Bell 412, estos últimos asignados a misiones de traslado de efectivos.