El IPV descubrió que esas viviendas sociales eran alquiladas o no estaban siendo ocupadas por sus adjudicatarios. Todos los detalles
En el barrio Eusebio Blanco se detectaron casas que no estaban ocupadas o que eran alquiladas a través de plataformas on line.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) desadjudicó tres viviendas, cuyos titulares, que aún no habían cancelado las casas, no las ocupaban o bien las alquilaban, en algunos casos estaban publicadas en plataformas on line. Las mismas pertenecen al barrio Eusebio Blanco de Ciudad.
En seis meses que van de la gestión del gobernador Alfredo Cornejo ya se revocaron tres titularidades, cinco están en proceso de desadjudicación y hay más de 170 casos bajo la lupa, según informó el organismo.
Las casas que quedaron más cerca del desalojo de los adjudicatorios fueron parte de un proceso de controles que se intensificaron como parte de una acción del IPV de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial.
Su titular, Marité Badui, está al frente de estas auditorías, que tienen por objetivo redireccionar las unidades habitacionales ocupadas irregularmente.
La subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, a cargo de las auditorías y desadjudicación de las casas del IPV ocupadas irregularmente.
La funcionaria dijo a Diario UNO que “estos controles son importantes, básicamente porque hacen a la equidad y ser justos; pero esto adquiere un significado mayor cuando hablamos del acceso a la vivienda digna tan necesario para, junto con otros aspectos, tener una vida plena”.
Y argumentó: “Es tan alta la demanda de un techo digno, máxime en un país donde por muchísimos años no ha existido el crédito hipotecario, que nos cabe desde el Estado la responsabilidad moral de buscar casos como estos, que hacen que personas con necesidades genuinas de vivienda hayan sido desplazadas por gente que busca hacer un negocio o una diferencia”.
Además aclaró que a la desadjudicación se llega, luego de varias instancias en las que se hace una verificación de residencia de los titulares, durante diferentes días y horarios, hasta notificaciones y emplazamientos para que estos beneficiarios puedan ejercer su derecho de defensa.
En los tres casos que se dieron a conocer por el Gobierno de Mendoza, falta la ratificación del gobernador Cornejo. Ahí terminaría la instancia administrativa del gobierno de Mendoza y por medio de la justicia se podría efectivizar el desalojo.
Las casas recuperadas se destinarán a familias con alta vulnerabilidad social, según manifestó Marité Badui.
Gentileza Prensa Gobierno de Mendoza
“Durante muchos años, el foco estuvo puesto en que los titulares de las viviendas que entrega el IPV regularizaran sus deudas y ocuparan sus viviendas”, explicó Gustavo Cantero, presidente del organismo e hizo mención a las moratorias para aprovechar los descuentos y titularizar.
Cantero detalló que desde la pandemia se resolvieron cerca de 2000 casos críticos, relacionados con la morosidad y la ocupación, que no llegaron a la desadjudicación porque fueron regularizados.
Los casos en la mira del IPV
A través de las visitas, la denuncia de otros adjudicatarios y la investigación que lleva adelante el IPV para detectar viviendas que están siendo utilizadas con otros fines, que no es la vivienda social, se detectaron anomalías en viviendas del barrio Eusebio Blanco, en Ciudad, un predio de no más de 10 años.
El resultado fue la desadjudicación de tres unidades, en tanto que otras cinco continúan siendo investigadas.
Otros casos de viviendas en vías de desadjudicación se dan en los barrios Fuerza y Progreso y Capilla de Nieve, en Guaymallén; Parque Oeste, de Godoy Cruz y José Hernández, de San Martín.
Por otra parte, en lo que va del 2024, se cerraron cerca de 200 expedientes ya que los titulares de las viviendas regularizaron su situación.