“Hoy el productor está completamente desprotegido”,señaló CAPIA. Alertó por el impacto de los brotes y pidió aplicar un plan inmunológico inmediato.
La reaparición de focos de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) volvió a encender las alarmas dentro de la cadena productiva del huevo en la Argentina.
Desde la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) advirtieron que el actual esquema sanitario coloca en una situación crítica a miles de establecimientos y trabajadores vinculados con la actividad, al tiempo que reclamaron al Estado nacional la implementación urgente de un programa de vacunación.
Según el comunicado difundido por la entidad, la discusión sobre la vacunación contra la enfermedad ya no puede postergarse.
La organización sostiene que la política de no aplicar inmunización quedó desactualizada frente a la expansión global del virus y frente a las estrategias adoptadas por otras regiones del mundo.
El planteo surgió luego de que Argentina perdiera nuevamente su estatus sanitario internacional tras la aparición de casos en establecimientos comerciales de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, una situación que reavivó el debate dentro del sector.
Riesgo productivo
Desde CAPIA señalaron que existe una fuerte desproporción entre lo que se busca proteger y lo que realmente se pone en juego con la política sanitaria actual.
De acuerdo con los datos que maneja la entidad, apenas el 5,25% de la producción nacional se orienta a mercados externos, mientras que el 94,75% restante abastece al consumo interno.
Esa diferencia, remarcaron, implica que el sistema está priorizando el mantenimiento de determinados canales comerciales en el exterior mientras la mayor parte de la actividad queda expuesta al impacto de la enfermedad.
En ese sentido, el presidente ejecutivo de la cámara, Javier Prida, expresó su preocupación por la situación que atraviesan los productores y trabajadores del sector.
“Hoy el productor está completamente desprotegido. Si aparece un caso, se sacrifican todos los animales del establecimiento y no existe ningún mecanismo de compensación económica. Eso significa la pérdida total del capital productivo”, sostuvo.
La normativa sanitaria vigente establece que, ante la detección de un foco, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) debe ordenar el sacrificio total de las aves presentes en el establecimiento afectado. La medida busca evitar la propagación del virus, pero genera un impacto económico inmediato para el productor.
Además, la decisión se aplica siguiendo los lineamientos internacionales establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), organismo que fija las pautas para el manejo de enfermedades animales a nivel global.
Para CAPIA, el problema radica en que, bajo este esquema, cada brote implica el cierre de granjas, la pérdida de miles de aves y la interrupción de la actividad productiva sin herramientas de contención financiera.
Un sector especialmente vulnerable
La situación es particularmente delicada en el caso de las granjas dedicadas a la producción de huevos. A diferencia de los establecimientos de pollos parrilleros, donde el ciclo productivo es relativamente corto, las gallinas ponedoras permanecen largos períodos dentro del sistema.
Esto hace que cualquier interrupción genere consecuencias mucho más profundas en términos económicos y operativos.
“Cuando aparece un foco en una granja de postura se pierde todo el plantel de aves, se destruye el capital de trabajo y se paraliza la producción. Esa realidad también afecta a los empleados y a toda la cadena de proveedores”, remarcaron desde la entidad.
El impacto no solo se limita al establecimiento afectado. La caída de la oferta puede repercutir rápidamente en el mercado interno, especialmente si se multiplican los brotes o si el virus logra extenderse a diferentes regiones productivas.
